La sangre escurre por fusiles, uniformes y botas de los militares en Colombia. El liquido rojo se cambia por plata y premios a los que lleven litros y litros frente a los superiores que esperan en sus oficinas los resultados de las operaciones acordadas en concejos de seguridad, bajo orientación presidencial.
Mientras tanto, en barrios y veredas la sangre se cambia por lagrimas y preguntas de madres y familiares de las victimas de las ejecuciones extrajudiciales.
También conocidos como “falsos positivos”, son las personas que con engaños o en medio de operativos militares fueron asesinadas por miembros del Ejército Nacional de Colombia para luego vestirlos con camuflados, botas de caucho y fusiles en una mano; pasarlos como guerrilleros muertos en combate y esperar los premios.
Esta macabra política ha llegado a un nivel descarnado de legitimidad con el ascenso del jefe del Ejército Nicacio de Jesús Martínez Espinel a General de cuatro soles, el pasado miércoles 05 de junio en el Senado de la República con 64 votos a favor y uno en contra, de 108 senadores y cuyo resto de miembros se ausentó en señal de protesta. El diario español El Pais, expone al respecto:
“Uno de los primeros lugares en el ranking de presuntas ejecuciones extrajudiciales”. Los casos reportados en 2005 —durante la presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010)— involucran al menos a dos batallones en asesinatos al margen de la ley, la acusación de una masacre de indígenas y un episodio de violencia sexual.
El primero se dio el 21 de febrero de ese año. Los soldados del batallón La Popa, según una sentencia condenatoria, colaboraron con paramilitares de las desaparecidas Autodefensas Unidas de Colombia en dos homicidios.
‘Muerto en combate’
El 12 de mayo de 2005 dos soldados del mismo batallón asesinaron en el Cesar a una persona protegida, Dagoberto Cruz Cuadrados, que “luego fue presentado como muerto en combate”. Doce años después, en 2017, un fiscal de la Dirección Nacional de Derechos Humanos reabrió el caso y ordenó la detención de los responsables, que entonces ya habían dejado el Ejército.
El 14 de mayo, en el mismo departamento, una treintena de militares de La Popa, según la acusación, participaron en el asesinato de Claudino Manuel Olmedo Arlante y Frank Enrique Martínez Caviedes, un menor con discapacidad mental.
El modus operandi no cambió. También en este caso, los fallecidos fueron reportados como muertos en enfrentamientos con la antigua guerrilla de las FARC. Siete soldados fueron condenados a 40 años. Unas semanas antes se había producido otro asesinato de características similares en el mismo municipio de La Paz.
“La mañana del 20 de noviembre de 2005 en el sitio Parcelas del Tocaimo, área rural de San Diego (Cesar)”, se lee en otra resolución judicial, “fueron abatidos por miembros del pelotón Bombarda 3 del Batallón de Artillería Número 2 La Popa de Valledupar, y reportados como muertos en combate (…) los señores Iván de Jesús Sierra de la Rosa, John Jairo Parejo Pérez, Alfredo Manuel Retamozzo y Waiberto Cohen Padilla”.
Todos eran del departamento del Atlántico, “de donde habían salido la noche anterior con dos hombres que les ofrecieron trabajo en Valledupar”.
Tras su muerte, la Fiscalía concluyó que “la presencia de la tropa militar en el lugar de los acontecimientos no tenía ninguna justificación real, es decir, no había sustento ilícito”.
La lista de la impunidad
Aunque este no es el único caso entre generales implicados en asesinatos extrajudiciales, premiados por su labor dentro de las Fuerzas militares este año, estos son otros en la lista de la impunidad:
Jorge Enrique Navarrete Jadeth, jefe de la Jefatura de Estado Mayor Generador de Fuerza; Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, jefe de la Jefatura de Estado Mayor de Planeación y Políticas; Adolfo León Hernández Martínez, comandante del Comando de Transformación del Ejército del Futuro.
Diego Luis Villegas Muñoz, comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano; Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, comandante de la Fuerza de Tarea Aquiles; Raúl Hernando Flórez Cuervo, comandante del Centro Nacional de Entrenamiento
Miguel Eduardo David Bastidas, comandante de la Décima Brigada Blindada; y Marcos Evangelista Pinto Lizarazo, comandante Décima Tercera Brigada.
Con estas hojas de vida de los uniformados ¿hay alguna confianza frente a los cuerpos armados legales que dicen proteger el pueblo?
¿A qué costo estos funcionarios públicos buscan ascender en la estructura militar?
¿Cómo logran dormir tranquilos en la noche?
El partido de gobierno, Centro Democrático, una vez más demuestra ante el pueblo colombiano y el mundo sus intereses políticos al premiar un militar que tiene graves indicios en asesinatos a personas inocentes. Habla por si solo las actuaciones de este cuerpo político que a toda costa quiere tapar la responsabilidad de sus miembros en graves violaciones de Derechos Humanos. Estas mentes maestras del delito y la corrupción legitiman que sus cuentas bancarias se sostengan con sangre y dolor.
Para terminar: Miembros de la Fuerza de Tarea Vulcano, torturaron y asesinaron al excombatiente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) Dimas Torres, en el municipio de Convención, departamento de Norte de Santander (nor-oriente colombiano).
La rápida reacción de la comunidad evitó que los uniformados enterraran el cuerpo en una fosa que estaban preparando para no dejar huellas del asesinato. Esto ocurrió el pasado 23 de abril.
