Para frenar migrantes, militarizan frontera entre Panamá y Colombia
1,200 agentes de inmigración, policía fronteriza y miembros del servicio aeronaval patrullarán la región con helicópteros de origen estadounidense
El camino de la inmigración a los Estados Unidos tiene muchas direcciones. Pero uno de los más transitados es el que pasa por la Tapón del Darién. Una zona de pantanos, ríos y jungla inhóspita que se encuentra entre Panamá y Colombia.
Aunque el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, repite hasta el cansancio que las puertas de Estados Unidos no están abiertas, la miseria económica, la inseguridad y los desastres naturales siguen motivando a miles a intentar la travesía hacia un Sueño Americano que para muchos pasa por el peligrosísimo Tapón del Darién. El año pasado, alrededor de 250,000 migrantes.
Militarización de la frontera
Pero ahora el gobierno panameño, con el respaldo de Estados Unidos y Colombia, ha decidido actuar. Más específicamente, el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino, está organizando la “Campaña Escudo” que, como el mismo nombre lo sugiere, es la militarización de la frontera oriental del país centroamericano.
No se trata de trabajadores sociales, personal médico o consejeros de ONGs, sino que de unos 1,200 agentes de inmigración, policía fronteriza y miembros del servicio aeronaval que al menos durante dos meses patrullarán la región con helicópteros de origen estadounidense.
El objetivo es interrumpir el flujo migratorio confrontando a las organizaciones criminales transnacionales que operan en la región. Una de estas organizaciones es un grupo armado colombiano, el Clan del Golfo, que de acuerdo al jefe de la Policía Fronteriza panameña no solo estaría involucrado en el tráfico humano, sino que también en el negocio de las drogas y las armas.
El ministro Pino afirmó que, en base a trabajo de inteligencia, ya se han identificado tres rutas marítimas y dos rutas terrestres en donde se concentra gran parte del contrabando entre Panamá y Colombia y que con los recursos ahora disponibles se piensa concentrar las operaciones en esas áreas.
Números insostenibles
La situación es cada vez más crítica. En 2021, fueron aproximadamente 133,000 migrantes que pasaron por el Tapón del Darién. Al año siguiente se llegó a un récord: un cuarto de millón. Vienen de Haití, China, Ecuador y muchos otros países, pero la mayoría son venezolanos.
La Organización de las Naciones Unidas advirtió que, considerando que en el primer trimestre de 2023 ya habían cruzado 170,000 migrantes, las proyecciones sugerían que este año alrededor de 400,000 pasarían por Darién.
Por eso es que en abril el secretario Mayorkas visitó Panamá para negociar un acuerdo que involucre a los dos países latinoamericanos en la cuestión migratoria que tanto afecta a Estados Unidos. En la reunión se emitió un comunicado que dice: “Reconociendo nuestro interés y responsabilidad compartidos para prevenir el riesgo para la vida humana, desbaratar las organizaciones criminales transnacionales y preservar la selva tropical vital, los gobiernos de Panamá, Colombia y los Estados Unidos tienen la intención de llevar a cabo una campaña coordinada de dos meses para abordar la grave situación humanitaria en el Darién”.
Una estrategia miope
Las autoridades aseguran que a los migrantes simplemente se les informará sobre la realidad del proceso migratorio estadounidense para que eviten un viaje que, para la mayoría, no concluirá con su ingreso en los Estados Unidos como falsamente les prometen los traficantes.
Pero a pesar de todas las buenas intenciones que pueda haber por parte de las autoridades, genera más que dudas esta estrategia que parece querer resolver el muy complejo problema de la migración a través de la militarización de la frontera. En este caso, la frontera panameña.
Involucrar a soldados armados, que están entrenados para la guerra, en la cuestión migratoria y ponerlos en un contexto en el que deben interactuar con hombres y mujeres cuyo único ´crimen´ es querer escapar de la pobreza y la inseguridad para darles una vida mejor a sus hijos, es una estrategia miope y potencialmente peligrosa. Solo se presta para el abuso de derechos civiles.
Además, usar la excusa de las organizaciones criminales para justificar operaciones militares que, en última instancia, terminarán siendo medidas de contención y represión contra los migrantes, suena a desinformación orwelliana. No se puede resolver con la fuerza, lo que en esencia son problemas económicos, sociales y políticos.
Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca del Estado de California y el Latino Media Collaborative.
