Se amplían las posibilidades de ser deportado

El presidente Donald Trump hizo campaña prometiendo deportaciones masivas y hacer de Estados Unidos un país más seguro expulsando a inmigrantes delincuentes. Sin embargo, la aplicación de la ley ha ido mucho más allá de quienes cruzan la frontera ilegalmente o son delincuentes. Entre las víctimas de esta política hay residentes legales, titulares de visas, turistas e incluso solicitantes de visas.

Se han revocado protecciones humanitarias como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y la libertad condicional (´parole´), lo que pone a cientos de miles de personas en riesgo de ser deportadas a sus países de origen, de los que huyeron por persecuciones políticas o para salvar sus vidas. Cientos de personas han sido transferidas en secreto a terceros países como El Salvador y Panamá.

Este fue el tema de la conferencia de prensa de American Community Media (ACM), cuya anfitriona y moderadora, Pilar Marrero, dijo: “Mientras tanto, se está obligando a los inmigrantes a registrarse, se está presionando al Servicio de Impuestos Internos (IRS) para que exponga a los indocumentados y se están revocando las tarjetas de residencia por opiniones políticas. Incluso las redes sociales de las personas son ahora objeto de escrutinio por parte de las autoridades en los casos de naturalización”.

Están violando un precedente legal de 127 años

La primera oradora de la conferencia de prensa fue Zenobia Lai, directora ejecutiva del Houston Immigration Legal Services Collaborative, quien describió los cambios en la política migratoria desde la toma de posesión de la nueva administración el 20 de enero. Según ella: “Se agrupan en tres ejes principales: no dejar entrar a nadie, expulsar a todos, y cerrar la puerta trasera”.

En relación a no dejar entrar a nadie, dijo: “Se implementaron varias órdenes ejecutivas que restringen la inmigración, como la suspensión del reasentamiento de refugiados, la prohibición del asilo y el cierre de la aplicación CBP One (una aplicación gratuita para los migrantes), utilizada para solicitar citas de asilo. También se reanudó la construcción del muro fronterizo y se reinstauró el Protocolo de Protección al Migrante”.

En cuanto a la segunda táctica de expulsar a todos, remarcó: “Se han intensificado las deportaciones mediante el uso de leyes antiguas como la Ley de Enemigos Extranjeros, enviando migrantes a terceros países. También se han reducido protecciones como el TPS y la libertad condicional humanitaria. Se ha criminalizado la presencia ilegal y eliminado la política de ubicaciones sensibles, lo que permite operativos migratorios en escuelas, hospitales y otros lugares antes protegidos”.

Por último, cerrar la puerta trasera, para Zenobia Lai significa: “Se han dificultado las vías legales para la regularización, incluyendo la negación de la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes sin estatus permanente. También se ha limitado la asistencia legal a migrantes y se han bloqueado fondos a servicios y jurisdicciones que los apoyan. Se ha aumentado la vigilancia y el intercambio de datos entre agencias gubernamentales para facilitar la deportación”.

Y como para dimensionar la gravedad del tema, le dio un contexto histórico: “La negación de la ciudadanía por nacimiento, una de las primeras órdenes ejecutivas de esta administración, negaba a los niños nacidos de padres sin estatus migratorio permanente la obligación de obtener la ciudadanía al nacer. Esto viola un precedente legal bien establecido de 127 años. La Corte Suprema declaró en 1898 que los niños nacidos en Estados Unidos son ciudadanos por nacimiento, independientemente del estatus migratorio de sus padres”.

“En general, la administración ha endurecido significativamente la política migratoria, restringiendo el acceso, aumentando las deportaciones y dificultando cualquier posibilidad de regularización para los migrantes en Estados Unido”, culminó Lai.

Ponen en riesgo a cientos de miles de personas

Todd Schulte, presidente del FWD.US Education Fund, analizó la importancia de preservar el estatus legal de las personas migrantes en Estados Unidos y cómo las recientes políticas han afectado a quienes tienen protección temporal o vías de ingreso legales.

“La libertad condicional humanitaria ha sido utilizada por décadas para permitir que personas ingresen legalmente y trabajen mientras permanecen en Estados Unidos”, explicó Schulte. “Programas como Unidos por Ucrania y la vía CHNV para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos han permitido la llegada segura de 900,000 personas”, remarcó Shulte.

“Estos programas han reducido cruces fronterizos no autorizados, pero han sido eliminados recientemente, lo que pone en riesgo a cientos de miles de personas”, recordó, y enumeró a continuación: “Más de un millón de personas tienen TPS, muchas de ellas viviendo en Estados Unidos durante décadas. La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) es también muy importante. DACA y TPS han permitido estabilidad y empleo, pero la falta de regularización crea ahora incertidumbre y caos”.

Por otro lado, Shulte dijo que “hay ataques a la ciudadanía y procesos migratorios, se han visto intentos de modificar la ciudadanía por nacimiento a nivel ejecutivo, se han ralentizado trámites para visas de trabajo y residencia permanente y hay esfuerzos por desnaturalizar ciudadanos y restringir derechos”.

Por último, consideró que el impacto de la retórica antiinmigrante redunda en la criminalización de inmigrantes sin estatus, y esto puede expandirse a otras poblaciones con estatus legal. “Se ha utilizado la Ley de Enemigos Extranjeros, con precedentes históricos preocupantes como durante la Segunda Guerra Mundial, y el endurecimiento de las políticas migratorias no solo afecta a indocumentados, sino también a quienes tienen protección legal, generando caos e incertidumbre en comunidades enteras, incluidas aquellas con lazos familiares en Estados Unidos”, concluyó.

La afectación de estos derechos afecta a todos

En tercer invitado en presentar fue el abogado David Leopold, expresidente de la American Immigration Lawyers Association, quien dijo que “la erosión del debido proceso en las políticas migratorias actuales se centra en la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros y otras medidas administrativas”.

“La ley –explicó-, utilizada por última vez en la Segunda Guerra Mundial, permitió el internamiento de ciudadanos japoneses. Ahora, se invoca para expulsar a venezolanos, bajo la justificación de que eran pandilleros. Su aplicación elude el sistema de deportación y elimina el derecho a impugnar, otorgando al presidente un poder unilateral”.

Según Leopold, “está cuestionada la legalidad de la aplicación de la ley, ya que requiere una guerra declarada o una invasión, condiciones que no existen con Venezuela, por ejemplo”. Y agregó al respecto: “Advierto sobre el peligro de convertir términos de campaña en política, privando de derechos a quienes han solicitado asilo o nunca han cometido delitos”.

En cuanto al impacto del enfoque migratorio de la actual administración, dijo: “La política de registro se ha usado para criminalizar a quienes olvidan registrar su residencia, lo que es un enfoque muy cínico, también es grave que el gobierno use registros del IRS para verificar el estatus migratorio, lo que contradice la narrativa de que los inmigrantes no pagan impuestos. Está en peligro la privacidad de todos los ciudadanos, ya que este mecanismo generará errores y expulsiones indebidas”.

“Las personas tienen derecho a un debido proceso, y su eliminación fortalece el poder ejecutivo a expensas de todos, no solo de los inmigrantes. La erosión de estos derechos afecta a todos, incluidos residentes permanentes y ciudadanos”, concluyó.

El objetivo es sembrar miedo y confusión

Por último, se presentó a Martin Kim, director de defensa de la inmigración en Asian Americans Advancing Justice Southern California, a quien se le preguntó sobre los arrestos de personas que acuden a citas de inmigración o las personas que son detenidas cuando las autoridades migratorias están buscando a otro.

“Es difícil para nuestra comunidad adaptarse a estos cambios, y eso es deliberado. Su objetivo es sembrar miedo y confusión en las comunidades inmigrantes de todo Estados Unidos”, dijo Kim. “Y, para ser claros, algunas de las tácticas como arrestos colaterales o arrestos de personas que acuden a sus citas de inmigración, se han aplicado en el pasado, porque el ICE siempre ha sido una agencia corrupta. Por eso, defensores y abogados han buscado restringir cómo y cuándo el ICE podía usar ciertas tácticas. Pero ahora, bajo el segundo mandato del presidente Trump, lo que hemos visto es que están eliminando algunas de las restricciones a esta agencia deshonesta en la aplicación de la ley migratoria. Y lo que hemos visto es una aplicación de la ley migratoria que no se preocupa por el debido proceso, no se preocupa por los derechos de los inmigrantes, ni por los derechos de los ciudadanos, ni por el bienestar de nuestras comunidades en general”.

“Podemos tomar otro ejemplo de la primera presentación sobre esta rescisión de la política de lugares sensibles –continuó Kim-. Esta es una política de sentido común de larga data que prohíbe a las autoridades migratorias entrar en escuelas, hospitales y lugares de culto. Tiene sentido. Queremos asegurarnos de que las personas se sientan seguras al acceder a la educación, la atención médica y el culto. Pero esto fue eliminado por la administración Trump. Y no solo eso, sino que fue reemplazado por retórica sobre la necesidad de entrar en esos espacios, de perseguir a los inmigrantes en esos espacios. Todo esto, creo, es un recordatorio de que, incluso cuando en el futuro Trump ya no esté en el cargo, necesitaremos reformas reales para asegurarnos de que este tipo de cosas no vuelvan a suceder”. Y continuó: “De hecho, bajo esta administración, podemos ver día a día cómo el debilitamiento de los derechos de las comunidades inmigrantes, de las comunidades desfavorecidas, ha llevado al debilitamiento de los derechos de todos”.

Además, Kim remarcó: “Los agentes de ICE ya han detenido erróneamente a algunos ciudadanos estadounidenses. Con Trump esto ha estado sucediendo sin ningún pudor, también hemos visto ataques contra personas con tarjetas de residencia permanente, personas que están aquí con visas de estudiante válidas”.

Por último, Kim repasó: “Las organizaciones comunitarias tienen dificultades para seguir brindando servicios vitales como educación en inglés, talleres de ciudadanía y asistencia legal debido a la congelación y cancelación de subvenciones. En resumen, estos ataques y estas tácticas existían antes de la administración Trump, pero hemos visto una escalada bajo su gobierno que ha generado miedo y confusión en nuestras comunidades”.