Por la educación pública
Una de las metas de la segunda administración de Donald Trump es la destrucción de la educación pública. Basándose en una ideología supremacista busca eliminar los canales de verticalidad social que han beneficiado por 200 años a la población de menos recursos, con énfasis en la minoría afroamericana primero y la latina posteriormente.
En eso radica la idea de eliminar la Secretaría de Educación, dispuesta por Trump en órden ejecutiva del 20 de marzo y con el entusiasta apoyo de la secretaria Linda McMahon, a quien le encargó “en la máxima medida apropiada y permitida por la ley, tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento de Educación y devolver la autoridad sobre la educación a los estados y las comunidades locales”.
Además, los estados están confrontando la eliminación de la ayuda federal de emergencia para la educación por la pandemia por valor de 130,000 millones de dólares, ayuda que el expresidente Biden había extendido y que el nuevo gobierno suspendió.
McMahon ya redujo el plantel de su ministerio de 4,133 a 2,183 empleados. Incluso antes de ello era la más pequeña secretaría de gobierno. Su presupuesto es de 288,000 millones de dólares, sólo el 4% del presupuesto federal. De manera directa beneficia a más de 50 millones de estudiantes de jardín de infantes a último año de la secundaria y a unos 12 millones de estudiantes de post secundaria.
A pesar de tan reducido equipo, el Departamento federal de Educación cumple importantes funciones sociales: administra más de 1.6 billones de dólares en préstamos para estudiantes, así como las becas Pell para universitarios de bajos ingresos. Financia parcialmente la educación primaria y secundaria en todos los estados mediante asistencia complementaria directa a escuelas con alumnos de familias de bajos ingresos.
El Departamento es también responsable de asegurar que no haya discriminación en las escuelas que reciben fondos federales, de acuerdo con la ley de Derechos Civiles de 1964.
Fue creado en 1867 para garantizar la escolarización de los afroamericanos que anteriormente habían sido esclavizados.
Como se sabe, cada estado es responsable directo de la educación, incluyendo sus programas, y el gobierno federal cumple tareas complementarias y administrativas.
Los inmigrantes se benefician de su supervisión de clases de inglés y las familias con niños con cualidades especiales de sus programas adecuados.
En su amok por reducir gastos sociales con los que pagaría una pequeña parte de los recortes impositivos que actualmente debte el Senado, la educación es un blanco fácil para este gobierno.
Al mismo tiempo, ha estado desmantelando los fundamentos científicos de la nación en todos los ámbitos, porque la ciencia no es partidaria. Bloquear la ciencia le permitirá a esta administración establecer una narrativa de falsedades y mentiras, privándonos de la capacidad de luchar por la verdad.
Esta misma semana iniciaron los despidos de 10,000 empleados federales en las agencias federales de salud. Ya habían sido despedidos los climatólogos y meteorólogos, así como los encargados de supervisar el arsenal nuclear del país.
También asimismo tomamos nota de los ataques contra las mejores universidades del país como Columbia y Harvard mediante la eliminación de la ayuda federal por centenares de millones de dólares.
Es menester desenmascarar esta actitud contra la educación por lo que es: un intento de detener el reloj demográfico que muestra el retroceso de la población blanca y asegurar su poder y dominio de los recursos nacionales. Un intento justificado por una ideología racista que niega los avances que han logrado estas comunidades tras décadas de luchas por sus derechos civiles.
Si lograran Trump y los grupos que representa su cometido sufrirán no solo las minorías sino toda la población y bajará aún más el nivel educativo de nuestra juventud.
