Un panorama sombrío: deportaciones y ciudades santuario
La administración de Donald Trump, que retorna a la Casa Blanca en tres semanas, ha anunciado toda una serie de medidas drásticas para controlar la inmigración de indocumentados en Estados Unidos. La voz más extremista proviene del designado “Zar de la Frontera”, Tom Homan, quien dio a conocer algunos de sus planes, incluyendo la afirmación que las llamadas «ciudades santuario» no serán un obstáculo para sus estrategias de deportación masiva y aplicación estricta de las leyes migratorias.
Ciudades santuario en la mira
Homan señaló que las “ciudades santuario”, en donde las autoridades locales no cooperan con los oficiales federales de inmigración, enfrentan posibles repercusiones legales si intentan obstruir sus operativos.
Según Homan, los oficiales de inmigración priorizarán la captura de inmigrantes con antecedentes penales, aunque aquellos sin delitos previos podrían igualmente ser detenidos si se encuentran en el lugar.
“No podemos cerrar los ojos y alejarnos”, advirtió Homan.
Esto genera preocupación sobre la inevitabilidad de un incremento considerable de arrestos colaterales.
Además, se está revisando la política que limita las operaciones de las autoridades migratorias en lugares sensibles como iglesias y hospitales, con posibles excepciones para amenazas significativas a la seguridad pública o nacional.
Costos de las deportaciones
Los costos de las deportaciones masivas, que se calculan sobrepasarían los 86 mil millones de dólares, no son ningún problema para el funcionario. Por el contrario, para Homan no hay “etiqueta de precio” cuando se trata de la seguridad nacional y la vida de los estadounidenses.
El Zar de la Frontera trató de justificar el elevado costo señalando que, a largo plazo, se reducirían los costos relacionados con servicios públicos como educación, atención médica y vivienda que son utilizados por inmigrantes indocumentados.
No obstante, la implementación de estas políticas enfrentará desafíos logísticos y financieros. Homan indicó que será necesario adquirir más camas en centros de detención, coordinar documentos de viaje y asegurar fondos adicionales del Congreso para llevar a cabo las deportaciones.
La ciudadanía por nacimiento
Un aspecto controversial del plan es el controvertido tema de los niños nacidos en Estados Unidos. Ellos, de acuerdo a la Constitución Nacional, son ciudadanos por derecho de nacimiento. Según Homan, estos niños podrían ser transferidos a centros mientras se organizan las deportaciones de sus familias. El funcionario enfatizó que tener un hijo con ciudadanía estadounidense no protegería a los inmigrantes indocumentados de ser deportados.
Homan también instó a las familias a “autodeportarse” como una alternativa menos traumática, argumentando que esto evitaría procedimientos más complicados.
Al criticar el concepto de ciudadanía por nacimiento como un incentivo para la inmigración de indocumentados, expresó que Estados Unidos necesita enviar un mensaje claro para evitar agravar la crisis fronteriza.
Críticas y preocupaciones
El enfoque de la administración Trump ha generado reacciones divididas. Por un lado, estrategas republicanos como Katie Frost defienden las medidas estrictas, argumentando que son necesarias para abordar los crímenes atribuidos a inmigrantes indocumentados y restaurar el control en la frontera. Frost destacó casos de alto perfil, como el de una mujer atacada en el metro de Nueva York, como ejemplos de la urgencia de actuar.
Por otro lado, críticos como el estratega demócrata David Carlucci cuestionaron la falta de un plan concreto para las deportaciones masivas. Según Carlucci, la implementación apresurada de estas políticas podría tener “ramificaciones peligrosas”, incluyendo la erosión de derechos civiles y un aumento en la tensión entre comunidades y el gobierno federal. También argumentó que la administración debería colaborar con las autoridades locales en lugar de tratarlas como opositoras.
Hacia un futuro incierto
La postura de la administración Trump marca un punto de inflexión en el debate migratorio en Estados Unidos. Con un enfoque implacable en la aplicación de la ley y sin compromisos aparentes hacia las comunidades inmigrantes, los próximos meses serán cruciales para evaluar cómo estas políticas afectarán tanto a las familias indocumentadas como a las comunidades donde residen.
A medida que el gobierno entrante se prepara para implementar estas estrategias, las tensiones entre los niveles local, estatal y federal podrían intensificarse, dibujando un panorama complejo y polarizado en torno a la inmigración en el país.
