A medida que se acercan las elecciones presidenciales de noviembre – en las que, nada menos, se decidirá el rumbo de la democracia estadounidense – aumentan los intentos de sembrar el caos mediante la diseminación de desinformación, mentiras e incitación, que pueden privar al público votante de su libre albedrío.
Es por eso que cobra más y más importancia el esfuerzo que el gobierno en sus tres ramas podría hacer para proteger al votante.
Sin embargo, también se incrementan los intentos de proteger la desinformación por parte de aquellos a quienes sirve sus propósitos.
Nos referimos específicamente al intento de los gobiernos de Luisiana y Missouri de establecer que el gobierno federal no tiene derecho de luchar contra la desinformación y la incitación porque, supuestamente, infringe en la Primera Enmienda de la Constitución, es decir, la libertad de expresión.
La desinformación es especialmente dañina porque está dirigida a los más desprotegidos, a quienes a menudo están menos preparados en temas políticos o de salud pública, y más que nada a los nuevos inmigrantes. Así abundó durante la pandemia información falsa sobre las vacunas contra el COVID.
Además, recordemos que las plataformas sociales no están sujetas a la Primera Enmienda. La Constitución los protege y les permite moderar el contenido de sus usuarios, incluyendo borrarlo. Son entidades privadas y toman decisiones independientes.
En octubre pasado, un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones había aceptado la demanda de estos dos estados, determinando que funcionarios de la Casa Blanca, la oficina del Cirujano General, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Buró Federal de Investigaciones (FB). no pueden siquiera tratar de convencer a los medios sociales a que prevengan publicaciones peligrosas.
La Corte Suprema acordó entonces postergar la aplicación de la decisión hasta que ella misma tome la decisión final. Esta semana tuvieron lugar los argumentos de ambas partes ante la Suprema Corte.
Los demandantes, apoyados por la maquinaria republicana en plena campaña electoral, rechazan que el gobierno tenga el derecho a persuadir a los medios sociales de abstenerse de publicar falsa información.
Esperan que la Corte, con su súper mayoría conservadora de 6 contra 3 liberales, les dé la razón. Pero si así sucede, se desatará indudablemente y de inmediato una ola de desinformación sin precedentes y sin nada que la pare, con consecuencias negativas para las elecciones.
Si el tribunal máximo decide dejar en pie la decisión del tribunal inferior de aceptar la demanda, se debilitará la protección a la población; las autoridades de salud pública verán cercenada su capacidad de transmitir información y la FBI de abordar las amenazas a la seguridad nacional. Y los propietarios de las plataformas sociales y sus aliados tendrán asegurado el poder de permitir e incentivar a través de sus algoritmos la diseminación de información nociva y falsa.
