Miles de millones de usuarios en todo el mundo obtienen gran parte de su información de los distintos medios sociales, que son empresas privadas. En nuestro país, cerca de la mitad de los adolescentes están en línea casi constantemente, el doble que hace ocho años.
Luego de su adquisición de Twitter (hoy “X”), Elon Musk, el hombre más rico del mundo con una fortuna de 229,000 millones de dólares, ha rechazado todo intento de control de contenidos. Posiciones similares esgrimen los dueños de las otras plataformas.
La consecuencia de los cambios operados por Musk han llevado a una proliferación de mensajes de odio en X. Con la cercanía de las elecciones presidenciales de noviembre crece el temor de un aumento sin precedentes de noticias falsas, incitación y amenazas.
Sin embargo, las gigantescas empresas que poseen estos medios esgrimen como motivo de su reticencia a controlar estos mensajes su apego a una libertad de expresión a la que describen como sacrosanta y absoluta.
Pero el verdadero motivo de su supuesta defensa del individuo son las ganancias que las han convertido en las empresas más poderosas de la tierra. La mayor de ellas, Meta, ha declarado un ingreso anual de 114,450 millones de dólares tan solo en 2022.
Si bien nuestro sistema protege el derecho al lucro, preocupa el daño que la carencia de control del contenido causa a nuestra juventud.
Un reciente estudio de la universidad de Harvard revela que en su conjunto, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X y YouTube obtuvieron el año pasado casi 11,000 millones de dólares en ingresos publicitarios de usuarios menores de 18 años que viven en Estados Unidos. El 80% de estos ingresos vienen de usuarios entre 13 y 18 años, es decir, en la edad crucial de la formación personal y social.
El contenido que alimenta estos ingresos, según los autores, impulsa, más allá de la hostilidad política, “la depresión, la ansiedad y los trastornos alimentarios en los jóvenes”,
Se trata de un problema de salud pública de primera magnitud.
Los dueños de los medios sociales podrían, fácilmente, reducir estas consecuencias nefastas. Sin embargo, repetidamente, por sus “incentivos financieros abrumadores,” dicen los investigadores, siguen retrasando “la adopción de medidas significativas para proteger a los niños”.
YouTube tiene en el país unos 50 millones de usuarios menores de edad; TikTok, 19 millones; Snapchat, 18, Instagram 17, Facebook 10 y X, siete millones de usuarios menores.
Hoy, ni siquiera existe una disposición que obligue a estas plataformas a poner estos datos a disposición del público. En consecuencia, la capacidad de los investigadores y los gobiernos para, primero, investigar y luego, regular sus prácticas es casi nula.
Es hora que nuestros representantes en el Congreso federal y las legislaturas estatales abran el debate para promover una mayor transparencia de las plataformas y a la regulación de prácticas que explotan a niños y adolescentes vulnerables en las redes sociales.
