Casi de inmediato, la tragedia ha saltado a los titulares de la gran prensa internacional. Otro hecho dantesco tuvo lugar en la fronteriza Ciudad Juárez, en México. Los hechos ocurrieron en un centro de detención a migrantes procedentes de Centroamérica, Sudamérica y México.
Culpar a las víctimas
Según se señala, el gobierno mexicano responsabilizó del incendio del lugar a protestas de las personas allí alojadas. El caso es que al menos 40 migrantes murieron carbonizados, entre ellos se reporta a 28 guatemaltecos; otros tantos se encuentran heridos, varios de ellos de gravedad.
Como siempre, las causas son complejas, las soluciones no son simples, aunque pueden ser presentadas simplistamente. En lo esencial las personas migrantes toman decisiones económicas. Desean buscar oportunidades de vida, de empleo, de mejorar las condiciones de vida de sus familias. Mucha de la demanda de los mercados internos en Centroamérica se puede explicar por el dinero de remesas que envían los migrantes.
Trabajos marginales y discriminación
Por otra parte, también hay demanda de esa mano de obra en Estados Unidos, pero también existen duras condiciones de discriminación. En esto, es de considerar que los latinos en general, llegan a desempeñar las funciones y labores que no desean los estadounidenses, que no tienen cobertura por la oferta laboral de la potencia del norte.
Se trata de oficios que no requieren mayor preparación, pero que su desempeño y remuneración permiten incorporar a los migrantes a la nueva sociedad. El desprecio muchas veces, y esto es trágico, viene también de los migrantes que ya se integraron al nuevo país. Muchos latinos vociferan y manifiestan sus actitudes contra los migrantes olvidándose en ocasiones que ellos también un día tuvieron que padecer esa condición.
Y es que la tendencia es que la migración tiende a agravarse: tal y como lo reporta en una investigación la cadena de noticias France24, desde París, durante 2022 fueron detenidos nada más que 2,7 millones de indocumentados. La cifra parece confirmarse con datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), quién publicó que “el flujo migratorio tuvo un aumento de 8% durante 2022 en territorio mexicano”.
En lo que va transcurrido durante el mes de marzo de 2023, hasta el día 25, se ha acumulado una cantidad significativamente grande de migrantes en la frontera norte de México. Se reporta que la tensión ha aumentado debido a falsos rumores según los cuales “Estados Unidos dará libre paso a los migrantes”.
La verdad es totalmente lo contrario. De conformidad con cifras oficiales y aquellas que han sido reportadas por medios como The New York Times y The Washington Post, es cierto que la dureza de las medidas no son exactamente las de Trump, mientras estuvo en la Casa Blanca (2017-2021), pero la esencia de las disposiciones se mantiene. “Estados Unidos ha continuado aprovechando leyes como el Título 42, que permite expulsar a migrantes que pretendan entrar al territorio con la excusa de la crisis sanitaria que supuso la pandemia del Covid-19”.
Los circuitos de la economía subterránea
Otro factor que afecta, desde luego en toda la compleja trama del fenómeno de migración, es la disfuncionalidad social de países centroamericanos que en muchas ocasiones tienen sus dinámicas sociales influidas por los mercados siniestros y sinuosos de la droga, del subempleo y del desempleo abierto.
De hecho, esos mercados clandestinos relacionados con la droga, las pandillas y las extorsiones, distorsionan y son contrarios a los circuitos de productividad, competitividad y de desarrollos sostenibles que todos desearíamos. Auténticas mafias van tomando posesión de amplios ámbitos en medios rurales y marginales-urbanos en Centroamérica.
Un control efectivo y eficaz de los grupos actuando al margen de la ley es algo demandado recientemente por las sociedades. De allí la popularidad, entre otros factores, que tiene el Presidente Nayib Bukele en El Salvador. En otros países las oportunidades tampoco abundan y muchas de las funciones de entidades públicas están ligadas a sonados casos de escándalos en la utilización de recursos públicos.
Tan sólo hace unos días, a mediados de marzo de 2023, se informó por la prensa local de la malversación de unos 67 millones de quetzales -unos 8.7 millones de dólares. Se señala que tal situación ocurrió con motivo del funcionamiento de un hospital en la localidad central guatemalteca de Chimaltenango. Es un nuevo escándalo que no ha provocado reacciones mayores en los ámbitos del poder público guatemalteco. Muchas veces se tiene que enfrentar la “normalidad” de un escándalo, que de manera fresca va cubriendo la sorpresa de otros desmanes, una secuencia que van siendo parte de lo cotidiano.
Y nótese que, en el caso de Guatemala, donde habrían nacido no menos de las 28 víctimas que murieron carbonizadas, el país depende casi en un 16% del producto interno bruto del envío de remesas, eso tiende a ser un componente vital de la economía. Por otro lado, es una nación que presentaría un 64% de pobreza total y 23% de pobreza extrema.
Nuevas víctimas que mueren en su intento por buscar las alternativas de superación que no tienen en su propio país. De nuevo, el requerimiento de fondo es ampliar las capacidades de la personas -vía educación, esencialmente- e incrementar la oportunidades -vía creación de empleo productivo y apoyo a emprendimientos y empresas.
