Millones de familias afectadas por la pandemia se han atrasado en el pago de la renta y viven con la incertidumbre de que pueden llegar a ser desalojadas. La moratoria federal que los protegía, se venció el 31 de julio. Pero el Centro de Control de Enfermedades (CDC) intervino y se extendió la moratoria, al menos para algunos, hasta el 3 de octubre.
¿Qué pasará después de esa fecha? ¿Habrá desalojos masivos, como algunos sugieren, o el gobierno nuevamente intervendrá a fin de evitar una crisis? Ethnic Media Services organizó una conferencia de prensa, el 13 de agosto de 2021, para intentar contestar algunas de estas preguntas.
La moratoria
Entre los participantes se encontraba Juan Pablo Garnham, del Eviction Lab de Princeton University, quien explicó las características de la nueva moratoria.
“La nueva moratoria se aplica a áreas que están experimentando altos niveles de transmisión comunitaria del COVID-19. De acuerdo al Urban Institute, actualmente incluiría a alrededor de 99% de los hogares que rentan”, aclaró Garnham. “Pero hay más de 300,000 hogares que no estarían cubiertos”.
Para estar protegido por la moratoria se deben cumplir ciertos requisitos, como que no se puede pagar la renta por pérdida de ingresos, que se ha tratado de obtener asistencia, que se podría terminar en la calle si lo desalojan y, por supuesto, que se vive en un área en la que la moratoria tiene vigencia.
Después hay que firmar una declaración que es similar a la que anteriormente existía y que está disponible en el sitio del CDC o en evictionlab.org.
Es importante tener en cuenta que hay estados como California y Nueva York que tienen regulaciones estatales con moratorias que incluso proveen mayores protecciones que la federal.
Para información más específica de lo que Eviction Lab ofrece en materia de asistencia, se recomienda ir a evictionlab.org. El sitio es tanto en inglés como en español.
El cuadro sociológico
La Dra. Shawnita Sealy-Jefferson, del Laboratorio de Epidemiología Social para Eliminar Disparidades (SEED) de Ohio State University, habló de un cuadro socioeconómico en el que los desalojos son parte de una crisis habitacional que comenzó mucho antes, se ha agudizado con la pandemia y afecta especialmente a minorías raciales y étnicas.
“El costo de la vivienda está aumentando mientras el ingreso de las comunidades afroamericanas y latinas disminuye, queda estancado o eliminado… Las familias pobres pagan por lo menos la mitad de su ingreso en costos de vivienda y una de cada cuatro gasta más del 70% en renta y servicios públicos”, explicó la Dra. Sealy-Jefferson.
Por eso, continuó, se necesitan soluciones urgentes. Hay que cambiar las leyes de desalojo. Y, fundamentalmente, hay que cambiar radicalmente la forma de pensar para entender el papel que juega el racismo en este problema.
“Entender como estos múltiples sistemas de opresión se mantienen y refuerzan mutuamente…”, dijo la doctora. “El racismo es la causa, así que políticas anti racistas … son la única solución que funcionarán a largo plazo”..
Subsidios y la AB 1487
Francisco Duenas, director ejecutivo de Housing Now! California, habló sobre las demoras en los pagos de subsidios gubernamentales a personas que rentan y no pueden pagar, los obstáculos en poder acceder a esa asistencia que en Los Ángeles es de $500 millones y sobre la legislación que su organización ha propuesto.
En la ciudad de Los Ángeles el sistema de subsidios se abrió solamente un mes: abril. Los que no pudieron registrarse a tiempo han quedado afuera del sistema de asistencia. Duenas y su organización están trabajando para tratar de reabrir el registro.
Housing Now! también ha propuesto un proyecto de ley, AB 1487, que involucra la creación de un fondo estatal para expandir servicios legales y programas de educación como los que hay en San Francisco y el estado de Washington que, entre otras cosas, garantizan un abogado para aquellos que confrontan un desalojo.
No hay que olvidar, recordó Duenas, que en todo esto hay intereses poderosos que tienen una gran influencia en el sistema político.
“Cuando estamos luchando por los derechos de quienes rentan hay intereses corporativos muy fuertes y lobbies a nivel estatal y federal que trabajan contra nosotros”, dijo Duenas. “Hay corporaciones que ganan dinero con el status quo”.
