HispanicLA le dice no a la Proposición 21
La Proposición 21 que los californianos decidirán el 3 de noviembre, permite la expansión municipal del control de renta como método para detener los aumentos de alquileres y prevenir el desalojo de inquilinos.
A primera vista, un objetivo noble y que compartimos, encaminado a detener las subas de alquileres y hacer más asequible, a largo plazo, la vivienda en nuestro estado. Y así, razona, reducir la cantidad de personas que no pueden pagar y serían desalojadas.
Lamentablemente y a pesar de las buenas intenciones, la lógica está fallada y las intenciones no alcanzan para llamar a apoyar la medida.
Entre quienes se oponen a la Proposición 21 está el gobernador de California Gavin Newsom, quien recalcó que en 2019, California aprobó una «versión histórica del control de renta». Que incluye topes de renta con prohibición de aumentos extremos y protección de inquilinos. Pero la Proposición 21, continúa el gobernador, «desalienta la disponibilidad de vivienda accesible en nuestro estado». Algo que es fácil de ver pero que los proponentes, con excelentes intenciones, no ven.
La Proposición 21 es una versión más amigable de la Proposición 10 que fracasó rotundamente en 2016, con excepciones para viviendas de menos de 15 años y para propietarios de una o dos unidades de renta.
No se puede negar que mientras que los salarios en California se han estancado, los alquileres de viviendas han seguido subiendo, haciendo cada vez más difícil para miembros de la comunidad pagar la renta cada mes.
Con el advenimiento del COVID-19 centenares de miles de californianos dejaron de pagar sus rentas por haber perdido sus trabajos. Una moratoria federal los protege hasta el 31 de diciembre. El gobernador de California ha emitido una moratoria propia, que vence un mes después. ¿Cómo prevenir un desalojo masivo? Para los proponentes de la 21 – se trata de la Fundación para el cuidado de la salud del sida (AHF), que también estuvo detrás de la propuesta cuatro años atrás – la solución es detener el aumento de la renta.
Pero resulta obvio que incluso si eso sucediera no evitaría los desalojos. Estos centenares de miles no pueden pagar las rentas actuales. Pasaría mucho tiempo hasta que la medida tenga algún tipo de incidencia. ¿Y mientras tanto?
Los proponentes de la medida operan como si los propietarios fuesen todos grandes corporaciones. Pero cuando estos centenares de miles de inquilinos no pagan, alguien más resulta damnificado: el pequeño arrendador, un emprendedor que posee tres o cuatro unidades que son todos sus ahorros. Y si éste no paga a su vez la propiedad, la pierde al banco hipotecario. Así de simple.
Opinamos que para evitar los desalojos el gobierno tiene que intervenir pagando sus alquileres o la mayor parte de los mismos, hasta que los inquilinos damnificados por la situación generada por el COVID-19 puedan hacerlo por sí solos. Y al mismo tiempo, que invierta en inicios acelerados de vivienda asequible y en la conversión de cualquier espacio industrial disponible en viviendas. Es inadmisible que no obre en ese sentido. La inacción podría conducir a una explosión en la cantidad de homeless en California.
Además, y para que los inicios de construcción de vivienda asequible sean significativos, no hay otro remedio que suspender por un tiempo establecido y breve requisitos legales en la construcción, que si bien protegen a la población, hacen la construcción más lenta y encarecen el producto final.
Por eso, HispanicLA está en contra de la Proposición 21.
