Casi tres años después que se emitiera la Orden Ejecutiva 9066, que tras el ataque a Pearl Harbor condujo al encarcelamiento de 120,000 hombres, mujeres y niños de ascendencia japonesa , finalmente se comenzó a corregir el error. Un error que en el fondo tenía mucho que ver con racismo, más que con consideraciones de seguridad nacional.
Dictámenes y libertad
El respiro llegó con dos dictámenes emitidos por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos el 18 de diciembre de 1944.
El primero estaba relacionado con el caso de Korematsu v. United States en el que se concluyó que dada la situación militar creada por la guerra, las autoridades militares tenían el derecho a remover de la Costa Oeste a quienes se considerase una potencial amenaza a la seguridad nacional.
«Korematsu no fue excluido del Área Militar por hostilidad hacia él o su raza (sino) porque las autoridades militares debidamente constituidas… decidieron que la urgencia militar de la situación exigía que todos los ciudadanos de ascendencia japonesa fueran removidos del área militar», escribió en la opinión de la mayoría de la corte, Hugo Black, juez de la Corte Suprema y reconocido miembro del Ku Klux Klan.
Pero como en dos caras de la misma moneda, el mismo día la corte también dictaminó de manera sumaria en el caso de Mitsuye Endo. Esta vez la opinión apuntó en la dirección contraria al afirmar que, a pesar del conflicto bélico, no se podía detener a ciudadanos estadounidenses sin causa justificable. O sea que a los japoneses estadounidenses se los podía remover de California, pero no se los podía encarcelar en campos de concentración.
La Administración de Franklin Delano Roosevelt sabía de antemano lo que la corte iba a dictaminar, entonces un día antes del anuncio del dictamen judicial, la autoridad militar con jurisdicción en la Costa Oeste revocó la orden de exclusión de 1942.
Si bien algunos de los detenidos ya habían sido reubicados en otras partes del país y otros, como el latino Ralph Lazo, habían sido reclutados y peleaban contra las fuerzas del totalitarismo en Europa y el Pacífico, a la mayoría se les permitió regresar a las ciudades y pueblos de donde habían sido removidos. Se les dio $25 dólares y un ticket para el tren.
Sin embargo la pregunta para muchos era ¿a dónde y a qué iban a regresar?
Casi todo perdido
Cuando se emitieron las órdenes de exclusión habían tenido poco tiempo para tratar de arreglar sus negocios. En muchos casos esto implicó ser víctimas de inescrupulosos que aprovecharon su indefensión. Algunos tuvieron que liquidar propiedades y negocios a precios irrisorios; otros lo perdieron todo. Así que los que volvían, no regresaban a lo que alguna vez tuvieron. En numerosos casos significaba empezar de cero.
La legislación vigente no permitía que los inmigrantes japoneses se hicieran ciudadanos ni que tuvieran títulos de propiedad. Eso implicaba que tenían que cultivar la tierra como arrendatarios. Algo que perdieron una vez que fueron evacuados.
En el caso de los ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa que alquilaban o que tenían hipotecas, en los pocos días previos a su evacuación algunos pudieron encontrar amigos o conocidos que estaban dispuestos a asumir sus responsabilidades financieras hasta que regresaran. Pero esto se prestó a todo tipo de fraude y promesas incumplidas.
Es sumamente complicado cuantificar las pérdidas económicas de la comunidad japonesa durante los años de encarcelamiento en los campos de concentración. Algunos hablan de $400 millones de dólares, pero la cifra es en base a un supuesto estudio de la Federal Reserve Board que nunca se produjo. Sin embargo, en Justice Denied se cita el estudio de Leonard Broom y Ruth Riemer que en Removal and Return, incluso sin incorporar el factor inflacionario, sugieren $77 millones:
“Cada adulto evacuado tuvo una pérdida promedio de sus propiedades de $1,000 promedio y una pérdida de ingresos de $2,500, lo que habría resultado en aproximadamente $77 millones en pagos de reclamaciones”.
La hostilidad
Pero había otro factor de suma gravedad que también había que considerar: la hostilidad de la población local. Un sentimiento que estaba relacionado con que la guerra en el Pacífico continuaba.
En California, en Oregon, en Washington, se dieron todo tipo de incidentes. No solo insultos y actos discriminatorios, sino que actos de violencia. Hubo tiroteos, explosiones, incendios, se vandalizaron hogares, negocios, templos. Hasta se profanaron tumbas. Y en la mayoría de los casos, las autoridades optaban por no intervenir.
En Fowler atacaron a balazos una vivienda. Lo mismo en Fresno. En Selma incendiaron una casa. La misma suerte corrió un Templo en Delano. Visalia, Madera, Lancaster, San José, se sumaron a la lista.
Una de las áreas donde más claramente se manifestaba el sentimiento antijaponés era en el condado de Placer, en California. Allí es a donde regresó a comienzos de 1945 la familia Doi, antiguos residentes del lugar. La bienvenida fueron visitas nocturnas en la que disparaban contra la propiedad y el intento de dinamitar e incendiar parte de la granja.
Irónicamente, uno de los hijos de los Doi era parte del Regimiento 442, una unidad que combatió contra los nazis en Europa. La unidad, que estaba compuesta mayoritariamente por soldados japoneses estadounidenses que en algunos casos habían estado en los campos de concentración, terminó siendo la más condecorada en la historia militar de Estados Unidos.
«El enemigo me estaba disparando y… en mi propio país, la gente le disparaba a mi padre. Estaba arriesgando mi vida por este país, y mi gobierno no estaba protegiendo a mi gente”, dijo Shig Doi.
Uno de los atacantes fue arrestado y confesó. Pero cuando se hizo el juicio, el jurado los declaró inocente porque consideraron que el ataque era justificado porque los acusados querían mantener “un país de hombres blancos”.
Dado tal clima de hostilidad, se entiende por qué algunos prisioneros de los campos de concentración optaron por permanecer en ellos tras la revocación de la orden de exclusión. Otros, como los latinoamericanos que estaban en Crystal City, iniciaron juicios a fin de poder permanecer en el país.
Para fines de 1945, meses después que terminara la guerra en el Pacífico, ya nueve de los diez campos de concentración estadounidense habían cerrado.
El 21 de noviembre, una madre y su niño de 4 años de edad fueron los últimos en partir del Campo de Concentración de Manzanar, uno de los dos campos de California.
De ahí en más solo quedaría abierto el campo de Tule Lake, un campo de máxima seguridad que incluía a prisioneros que iban a ser deportados a Japón. Este sería el último campo de concentración que finalmente cerraría sus puertas el 20 de marzo de 1946 y con ello un capítulo tenebroso de la historia de derechos civiles de Estados Unidos.
Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California y administrados por la Biblioteca del Estado de California.
PRÓXIMO ARTÍCULO DEL PROYECTO RALPH LAZO:
En la próxima nota de esta serie, lea sobre el largo proceso que condujo a reparaciones históricas para los japoneses estadounidenses que fueron encarcelados en campos de concentración.
ARTÍCULOS DEL PROYECTO LAZO
SOBRE EL ENCARCELAMIENTO DE JAPONESES ESTADOUNIDENSES:1. https://hispanicla.com/el-proyecto-ralph-lazo-una-iniciativa-de-hispanic-la-79734
2. https://hispanicla.com/histeria-colectiva-y-la-detencion-de-japoneses-estadounidenses-en-campos-de-concentracion-80903
3. https://hispanicla.com/sobre-ralph-lazo-un-heroe-latino-con-corazon-japones-81310
4. https://hispanicla.com/japoneses-latinoamericanos-que-terminaron-en-campos-de-concentracion-estadounidenses-el-modelo-panameno-82350
5. https://hispanicla.com/japoneses-latinoamericanos-en-campos-de-concentracion-estadounidenses-el-caso-peruano-82372
6. https://hispanicla.com/japoneses-latinoamericanos-en-campos-de-concentracion-estadounidenses-la-voz-de-los-prisioneros-82404
– – –
