Icono del sitio HispanicLA: la vida latina desde Los Ángeles

Sanar las heridas de la esclavitud y el racismo

Marcha por los Derechos Civiles en Washington, D.C. el 28 de agosto de 1963

En los últimos meses recrudeció una discusión que tiene varios años en Estados Unidos: el de las reparaciones a descendientes de africanos esclavizados. Un proyecto en San Francisco  llegó a proponer una indemnización de $5 millones de dólares para cada afroamericano, como resarcimiento por la esclavitud del pasado y las políticas racistas del presente.

Estudios y debates sobre la reparación económica

En ese momento, el Comité de Reparaciones aclaró: “Si bien ni San Francisco ni California adoptaron formalmente la institución de la esclavitud, los principios de segregación, supremacía blanca y represión y exclusión sistemáticas de los negros se codificaron mediante acciones legales y extralegales, códigos sociales y aplicación judicial”. Sin embargo, el proyecto fue considerado como económicamente inviable.

El jefe del Partido Republicano en San Francisco, John Dennis, dijo públicamente: “La cantidad de dinero que habría que pagar equivale a más de tres veces el presupuesto anual de la ciudad”.

Por su parte, California fue el primer estado en crear un grupo multidisciplinario para estudiar el tema, evaluar formas de compensación y analizar el impacto económico del racismo.

A fines de junio, el equipo de expertos entregó un informe histórico a los legisladores estatales. En ese informe no se habla de una suma fija como en el proyecto de San Francisco, sino que plantea un cálculo variable, basado en muchas aristas. Pero para tener una idea, un afrodescendiente de 70 años podría recibir cerca de $1,400,000 dólares.

También esta propuesta puede tener problemas presupuestarios, pero lo importante es abrir una discusión y comenzar con algunas acciones, porque ante las complejidades, la trampa podría ser que, si no se puede todo, no se hace nada. En este sentido, el reverendo evangélico Amos Brown, en declaraciones públicas dijo: “Si no tenemos todo el dinero, al menos comprométanse, hagan un pago inicial”.

Amos Brown, pastor y activista de los derechos civiles. Es el presidente de la rama de San Francisco de la NAACP y pastor de la Tercera Iglesia Bautista de San Francisco desde 1976

Brown tiene 82 años y cuando era joven trabajó junto al Dr. Martin Luther King, Jr. Desde 1976 predica en la Tercera Iglesia Bautista de San Francisco,  en el distrito de Fillmore,  epicentro de la comunidad afroamericana y del jazz.  A partir de la década del ’70, la ciudad comenzó un proceso de “reformulación urbana” que derivó en la expulsión de afroamericanos.  Brown fue contundente al respecto: “No hablemos de renovación urbana, fue la expulsión de los negros, una forma de apartheid”.

En la ciudad de San Francisco, en 1970 un 13% de su población era afroamericana, hoy son sólo el 5%. El resto, tuvo que emigrar a otras ciudades como Oakland o Sacramento, mientras sus antiguas casas particulares o clubes de jazz hoy son inmuebles revalorizados y presas de la especulación inmobiliaria.

Reparación económica y su marco legal

Respondiendo a los argumentos de falta de presupuestos, el reverendo Brown es claro en que hay que empezar por algo.

Pero, además, en el concepto teórico de la reparación económica, no todo es dinero contante y sonante, también podrían estudiarse otras maneras de compensar el daño ocasionado a ese colectivo: exenciones impositivas y de tarifas, becas de estudio, programas de capacitación, cursos de oficios, promociones comerciales e industriales, facilidades de trabajo, créditos blandos y a tasas bajas, ya sea para poder tener la casa propia o para iniciar una actividad laboral, y muchas otras alternativas. Incluso, un reconocimiento y un pedido de perdón por parte del Estado por los delitos cometidos. Aunque simbólico, es muy importante.

En uno de mis cursos virtuales, el año pasado encaramos el tema de la Justicia, tan cuestionada en la actualidad en la Argentina. Uno de los invitados al curso fue Raúl Eugenio Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia y reconocida autoridad mundial en Derecho Penal. Hablando de los crímenes de masa estatales, dijo: “Por un lado, es muy importante el reconocimiento del Estado que ha cometido esos crímenes de masas, pero luego, al momento de la acción penal, muchas veces es impracticable porque los victimarios están muertos. Ahí es donde cobra importancia el Derecho Civil y las reparaciones económicas, es la única forma de que el Estado pague por los crímenes de lesa humanidad y se busque un verdadero nunca más”.

Los genocidios y sus diferentes contextos

Ese es un concepto fundamental y novedoso, en el que confluyen filosóficamente el Derecho Penal con el Civil. Pero surgen otros problemas, porque no todos los genocidios son idénticos. La reparación económica podría funcionar como un resarcimiento (aunque nunca se podrá resarcir el dolor causado) cuando las víctimas eran parte de la sociedad, mezclada con el resto. Por ejemplo, el genocidio de los ’70 en países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, entre otros) o en los ’80 en Centroamérica.

En el caso de la Argentina, por ejemplo, se sancionó la ley de reparaciones a víctimas de la dictadura que estableció una pensión extraordinaria equivalente a la remuneración mensual para el personal civil de la administración pública nacional de categoría D, nivel 0. Estas víctimas, como las de otros genocidios (la Shoá, el de Ruanda, el de Camboya, y tantos más, eran parte integrante de sus sociedades.

Pero cuando el genocidio significa también desplazamiento de poblaciones y despojo de tierras, el tema se complica. Por ejemplo, los pueblos originarios o primeras naciones. O los armenios exterminados por el Imperio Turco Otomano. Si se reconocieran estos genocidios, el Estado victimario también debería devolver tierras, y eso es mucho más complicado porque hoy en esas tierras viven otras personas que quizá no tuvieron nada que ver con el genocidio en cuestión.

La justificación histórica de una necesidad de reparación

Retomando el caso de los afroamericanos, se estaría reconociendo que existió un plan sistemático de violaciones a los Derechos Humanos, y que se puede llegar a calificar de genocidio.

Entre el siglo XVI y el siglo XIX, la esclavitud causó más de 20 millones de víctimas. En ese sistema económico político confluyen varios delitos de lesa humanidad: secuestros, asesinatos, reducción a la esclavitud y desapariciones de personas. Y en este punto, aquella frase de que “hay que analizar los hechos en su contexto histórico” no aplica, porque ya había conciencia de que eran delitos contra la humanidad.

En el marco de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional sanciona el 26 de agosto de 1789 la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que empieza así: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos”. Es decir, que transcurrió casi un siglo más en el que la humanidad o al menos Occidente ya tenía conciencia de que la esclavitud era un crimen, pero lo siguió sosteniendo y consintiendo.

Algo parecido podríamos decir del documento histórico fundacional de Estados Unidos, la Declaración de la Independencia del 4 de julio de 1776. El segundo párrafo es muy claro y esperanzador: “… Todos los hombres son creados iguales, su Creador les da derechos inalienables, entre otros el de la vida, el de la libertad y el de la felicidad…” Sin embargo, no hubo cambios concretos en la vida cotidiana de las primeras naciones, los africanos esclavizados y las mujeres. La esclavitud siguió tan viva como antes y los padres fundadores no consideraban a los antes mencionados como sus hijos legítimos. John Adams, por ejemplo, hablaba del pueblo como “una banda de indeseables, negros y mulatos, vagabundos irlandeses y gamberros”. Thomas Jefferson siguió siendo uno de los mayores esclavistas, con cientos de esclavos hasta el día de su muerte. Las posiciones de George Washington, Alexander Hamilton y James Madison no eran muy discrepantes.

Howard Zinn, en su libro La otra historia de los Estados Unidos, dice: “A muchos americanos, a lo largo del tiempo, la Constitución redactada en 1787 les ha parecido una obra genial diseñada por hombres sabios y humanitarios que crearon un marco legal para la democracia y la igualdad”. Pero “la Constitución era un acuerdo entre los intereses negreros del sur y los intereses económicos del norte”.

“La gente debe: IR a donde no se supone que deben ir, DECIR lo que se supone que no deben decir y QUEDARSE cuando se les dice que vayan». Howard Zinn. Pancarta utilizada en las manifestaciones de la ciudad de Oakland.

Hacia 1780, un afroamericano autodidacta de nombre Benjamin Banneker, escribió una carta a Jefferson en la que decía: “Supongo que es una verdad demasiado clara que somos una raza de seres que durante mucho tiempo hemos trabajado en un ambiente de abusos y censuras por parte del mundo, que se nos ha mirado con menosprecio durante mucho tiempo, y que durante mucho tiempo se nos ha considerado más cercano a lo animal que a lo humano… Espero que ustedes no desprecien ninguna oportunidad para erradicar esa tendencia respecto a nosotros, y que concuerden conmigo en que un solo Dios nos ha dado vida a todos, que nos ha dado las mismas sensaciones y nos ha obsequiado las mismas facultades”. Lamentablemente, las expectativas de Banneker y las de los afroamericanos no se concretaron. Zinn lo resume así: “El país no nació libre, sino que nació libre y esclavo, amo y criado, terrateniente y arrendatario, rico y pobre”.

La esclavitud y su continuación cultural asimilada

La esclavitud formal siguió hasta 1865 con el fin de la Guerra de Secesión, pero luego vinieron las leyes discriminatorias de Jim Crow y hacia la mitad del siglo XX el sistema estadounidense no podía escandalizarse mucho del apartheid de Sudáfrica. Había baños, cines, teatros, máquinas expendedoras y hasta lugares en el colectivo para “negros” y para “blancos”. El caso de Rosa Parks en Montgomery lo confirma.

Rosa Parks, activista estadounidense de derechos civiles cuya negativa a ceder su asiento en un autobús público precipitó la crisis de 1955– 56 Boicot de autobuses de Montgomery en Alabama, que se convirtió en la chispa que encendió el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos.

Los afroamericanos no tuvieron derecho a votar hasta 1965 cuando se aprobó la ´Voting Rights Act´. Debieron pasar 100 años desde la Decimoquinta Enmienda que garantizaba este derecho a todos por igual. Tuvieron que pasar 89 congresos (representantes y senadores) y tuvieron que pasar 189 años desde aquella Declaración de Independencia que decía que “todos los hombres son creados iguales”. Aun así, la discriminación y el racismo continuaron.

En el año 2001, Associated Press hizo una investigación sobre el robo estatal de tierras de comunidades afroamericanas. Se documentaron 406 hechos por más de 24 mil acres (más de 10 mil hectáreas) por decenas de millones de dólares. La investigación de AP decía: “Parte de la tierra arrebatada a las familias negras se ha convertido en un club de campo en Virginia, así como en campos petroleros en Mississippi y un campo de béisbol en Florida”.

Es decir, el racismo estructural continuó y por eso es muy importante que hoy se hable de las reparaciones económicas a descendientes de víctimas de la esclavitud. Este tema que viene siendo discutido desde hace años recuperó enorme presencia luego del asesinato estatal de George Floyd en 2020.

El representante del Partido Demócrata por el estado de Michigan, John Conyers Jr, presentó en el Congreso cada año, entre 1987 y 2017, el proyecto de “Ley de la Comisión para Estudiar Propuestas de Reparación para Afroamericanos”. No tuvo éxito, por supuesto.

¿Quién se hace responsable?

En los casos mencionados de otros genocidios o planes sistemáticos de violaciones a Derechos Humanos, no hay muchas dudas de quién es el responsable: es el Estado. Pero tratándose en este caso de delitos cometidos hace siglos, puede haber confusión.

Los principales responsables fueron las potencias negreras de la Edad Moderna (desde el siglo XV con la imprenta de Gutemberg hasta la Revolución Francesa): los imperios Británico, Español, Portugués, y también comerciantes franceses, holandeses y de otras nacionalidades. A California, por ejemplo, llegaron personas esclavizadas cuando era parte del Imperio Español; luego el territorio fue parte de México y más tarde de Estados Unidos.

Otra pregunta polémica tiene que ver con ¿qué pasaría en el resto del país si California concretara una reparación histórica como la que se debate? Y hasta nos podríamos preguntar, ¿cómo hacer verdadera justicia con todos los afrodescendientes, teniendo en cuenta las complejidades para determinar esa condición? Porque hay mucha gente que mantiene los rasgos y el color de la piel, pero mucha otra gente que no. Incluso, mucho mestizaje también es producto del racismo, la discriminación y el “blanqueamiento” por asimilación. Según los genetistas, el color de la piel puede ir perdiéndose con el tiempo y con los entrecruzamientos de personas, pero lo que persiste más tiempo es el cabello enrulado y los rasgos faciales, sobre todo en las bocas y narices.

Por todo esto, sería un trabajo ciclópeo determinar a quién le corresponde y a quién no le corresponde la indemnización. Además, el gobierno que implemente estas reparaciones económicas, deberá tener una fuerte decisión política y convicción ética, porque tendrá que luchar contra la opinión pública.

En una encuesta de 2014, la consultora privada YouGov llegó a la conclusión de que el 85% de los y las estadounidenses estaban en contra de que se les otorgue una reparación económica a los descendientes de esclavos. Y sólo el 37% admitía que podría haber habido una indemnización a los esclavos, pero en 1865, cuando se abolió el sistema esclavista.

Cuando la encuestadora discriminaba las respuestas en base a la raza de los participantes, se llegaba a esta conclusión: “Solo el 6% de los estadounidenses blancos apoyan los pagos a los descendientes de esclavos, en comparación con el 60% de los estadounidenses negros”.

Por supuesto, esos datos son la muestra más cabal del racismo que persiste en la sociedad. Pero independientemente de eso, el Estado tiene que dar el ejemplo, reconocer, pedir perdón y resarcir. De lo contrario, debemos considerar que gran parte de la estructura política, jurídica y económica del país se basa en un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos, que constituyen delitos de lesa humanidad. Inaceptable para un país que pretende ser ejemplo de democracia.


Este artículo está respaldado en su totalidad o en parte por fondos proporcionados por el Estado de California, administrado por la Biblioteca del Estado de California en asociación con el Departamento de Servicios Sociales de California y la Comisión de California sobre Asuntos Estadounidenses Asiáticos e Isleños del Pacífico como parte del programa Stop the Hate. Para denunciar un incidente de odio o un delito de odio y obtener apoyo, vaya a CA vs Hate.

This article is supported in whole or in part by funding provided by the State of California, administered by the California State Library in partnership with the California Department of Social Services and the California Commission on Asian and Pacific Islander American Affairs as part of the Stop the Hate program. To report a hate incident or hate crime and get support, go to CA vs Hate.

Salir de la versión móvil