Un grupo de senadores de ambos partidos que negociaron hasta la noche del domingo, presentaron al Senado las 2,702 páginas del paquete de infraestructura. Fue la culminación de largas semanas de deliberaciones, que estuvieron a punto de fracasar hasta hace unos días y que justificaron que el Senado trabajase en domingo.
La moción, llamada La Ley de Empleo e Inversiones en Infraestructura, gastará $1.2 billones (millones de millones, trillions en inglés) en ocho años. De ellos, $550,000 millones son nuevos gastos, por encima de los niveles federales proyectados. Logra delinear una larga serie de proyectos de desarrollo aparentemente sin aumentar impuestos. Especialmente porque representa la rendición por parte del nuevo gobierno a su declarado objetivo de hacer pagar un poquito más a quienes han usufructuado de nuestro sistema y transferido pingues ganancias a sus arcas.
Básicamente, el dinero detallado en la propuesta de presupuesto atacará el estado decrépito de nuestra infraestructura nacional. Como bien sabemos, más del 20% de nuestras carreteras y 45,000 puentes están en malas condiciones por décadas de uso sin reparaciones. Administraciones demócratas y republicanas pusieron como meta reparar el sistema caminero federal, hasta ahora sin ponerse de acuerdo.
Proporcionará empleos a centenares de miles de estadounidenses. Esta es una condición indispensable para salir de la presente crisis.
La medida contiene fondos para carreteras, puentes, mejoras en el transporte de mercancías y pasajeros, ampliación de la cobertura de banda ancha de internet a todo el país, el reemplazo de las antiguas y peligrosas tuberías de plomo y sustanciales inversiones en el suministro de agua potable, precisamente cuando se convierte en un problema de alcance y urgencia nacional.
Contiene mil millones de dólares para “reconectar comunidades”, generalmente afroamericanas o latinas, que fueron divididas por la construcción de los freeways; $39,000 millones para modernizar el transporte público, en la mayor inversión federal de su tipo de la historia.
Dedica $65,000 millones a traer internet a cada casa, $40,000 millones para reducir la congestión y emisiones cerca de puertos y aeropuertos, $73,000 millones para modernizar la red eléctrica y $55,000 millones para mejorar el suministro de agua,
Sin embargo, el plan es distinto de la propuesta inicial de $2.2 billones de Biden, que hubiera beneficiado directamente a personas de la tercera edad, trabajadores y minorías, y que entusiasmó a amplios sectores de la población cuando fue presentada en febrero pasado. Ahora, no contiene cláusulas de inmigración, control de armas ni reforma sanitaria. No invierte en energías renovables. Desapareció el aumento del salario para trabajadores de la salud en el hogar, y $100,000 millones inicialmente destinados a ayudar a trabajadores desplazados y mejorar la enseñanza profesional.
Es, de hecho, un presupuesto corporativo para darle un empuje a la economía sin cambios sociales. No es el ideal que hubiéramos querido. Pero lo apoyamos como antesala a algo mejor.
A pesar de ello todavía enfrenta una fuerte oposición republicana, liderada por el expresidente Donald Trump, aunque es el fruto de la cooperación bipartidista.
En las últimas semanas, Trump hizo todo para que los parlamentarios sepan que se opone a cualquier acuerdo con la administración Biden y los demócratas del Congreso. No es que esté en contra de los incisos del presupuesto. Después de todo, lo podría aprobar una administración republicana «normal». Pero Trump intentó, precisamente, impulsar un plan de infraestructura al que se refirió frecuentemente en su campaña electoral. Y fracasó. Ahora, que otros fracasen también.
Esto puede frustrar el propósito del líder del Senado, Chuck Schumer, de una votación final antes del receso, el 9 del corriente, para enviar el paquete a la Cámara Baja.
Los votos que logre finalmente la nueva ley definirán cuánta vida queda en el partido Republicano ya convertido en partido Trump.
Estados Unidos requiere de este plan de desarrollo para salir adelante, proveer buenos empleos y mantenerla entre las naciones modernas. Aunque no es perfecto, es necesario.
A los trabajadores de salud del cuidado del hogar, por ejemplo, prometieron aumentaron sus magros salarios de $12 la hora y ayuda a incorporarse a sindicatos. No hay rastros de ello en la propuesta final.
Pero el público estadounidense debe insistir en que este es solo el comienzo y que analizará cuidadosamente los próximos pasos del presidente, cuyas promesas electorales de reforma le atrajeron millones de votos. Porque la recuperación económica no sucederá si no se atienden las necesidades de quienes más están sufriendo durante el año y medio de COVID-19.
De quienes han perdido empleos y fuentes de ingreso.
De los enfermos que aún están convalesciendo y no tienen en dónde aislarse.
De las mujeres que han tenido que agregar a sus ocupaciones atender a los niños porque estos dejaron de ir a las escuelas.
Del personal de salud y demás equipo imprescindible, muchos de ellos inmigrantes, que velaron por nosotros desde procesadoras de carne hasta arreglo de los hospitales.
Es hora de que se hagan oír, porque parecería que no tienen un amigo en la Casa Blanca.
