Uno de los pilares fundamentales de la vida en Estados Unidos es el reconocimiento del derecho del individuo a la privacidad. En pocas palabras: el derecho a que los gobiernos no nos molesten y nos dejen vivir en paz. No tienen por qué saber más de lo mínimo necesario sobre nosotros.
Esto incluye la seguridad de que a menos que estemos implicados en actos criminales cometidos, las distintas instituciones del cumplimiento de la ley que componen el sistema estadounidense – desde las agencias de policía metropolitanas hasta el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y agencias secretas – no recopilan información sobre el ciudadano a pie.
Sin embargo, estas instituciones han desarrollado en los últimos años sistemas de vigilancia e información sin precedentes que echan por tierra la hoy presunta protección de nuestra información.
Estos sistemas incluyen miles de cámaras de seguridad en las calles, en los uniformes de los policías, en drones y por supuesto por medio de agentes que se dedican a ello. A esto se agrega la vigilancia de hábitos en Internet y de participación de personas en las redes sociales. Tienen nuestra información cuando presentamos solicitudes de beneficios o participamos en actividades sociales o políticas. Nos graban o anotan cuando entregamos información verbal. Nos pueden someter a recopiladores de ADN, a escáneres de huellas digitales, escáneres de iris, rastreadores de ubicación, y mucho más.
Especialmente dedicados a la colección de datos privados son los departamentos de policía de Los Ángeles, Nueva York, San Francisco o Nueva Orléans, pero esto sucede en todo el país independientemente de si las autoridades de turno son republicanas o demócratas.
Lo justifican batiendo el tambor del supuesto crimen desenfrenado, sin proporcionar información que lo demuestre.
Ya a nivel federal, al llegar a un puerto de entrada, las autoridades pueden someternos a lectores del contenido de teléfonos celulares y pedir sus contraseñas. Y no podemos confiar en que no nos vigilan los hábitos en Internet, o nuestra participación en las redes sociales.
Películas que imaginan un futuro desastroso con base a las tendencias del momento actual, como “Minority Report”, han creado verídicas descripciones del peligro de que analistas anónimos e inmunes controlen nuestros datos cuya privacidad debería ser inviolable a menos que un juez determinase lo contrario.
Lamentablemente las visiones de ciencia ficción se están convirtiendo en tristes realidades.
La situación ha empeorado considerablemente desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump.
Desde sus primeros días, esta administración hizo claro que se dispone a recopilar toda la información posible sobre los individuos, algo que inicialmente estuvo a cargo de Elon Musk y su mal llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental o DOGE.
En marzo, Trump firmó un edicto u orden ejecutiva disponiendo que la información de casi la totalidad de los residentes que obra en poder del Servicio de Impuestos Internos, la Administración del Seguro Social, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid y el Departamento de Asuntos de Veteranos sean sometidos a DOGE y que todo lo que allí se encontrara estaría en una base de datos gigantesca y única sobre cuyo control poco sabemos.
La defensa de nuestra privacidad no debería ser un asunto partidario, especialmente tomando en cuenta que antes del advenimiento de Trump eran los republicanos quienes más se oponían a la violación de este derecho y por ende deberían estar en contra de las actuales prácticas intrusivas.
Hoy, necesitamos una legislación federal, de iniciativa bipartidaria, que prohíba que las agencias de la ley sigan recopilando y manteniendo estas gigantescas bases de datos sobre cuyo acceso se tiene poca o nula información. La legislación no debe interferir en el cauce del cumplimiento de la ley por crímenes ya cometidos, pero sí debe definir cuándo y cómo se permite al gobierno recopilar datos, quién tiene autoridad para mantenerlos y acceder a la información, para qué se les permite usarlos y cuándo deben borrar esa información si no responde a la investigación de violación de leyes ya sucedidas.
Esta es tarea del Congreso y debe ser emprendida por los líderes de ambos partidos políticos a la brevedad posible. La polarización impuesta desde arriba y la creciente persecución de la disidencia no debe ser motivo para dejar de intentarlo.
