Me pregunto reiteradamente ¿qué democracia defendemos? Esta interrogante me surge ante los acontecimientos que vive la sociedad salvadoreña en los últimos años y que, a manera de opiniones concluyentes e inapelables, día a día llenan los espacios de medios de comunicación nacionales, internacionales o los del ciberespacio con noticias que anuncian que la democracia está amenazada, que la dictadura se ha impuesto en este país.
Dice el sociólogo centroamericano, nacido en Guatemala que: “Sólo es autoritaria -o se puede calificar de autoritaria- una estructura política en donde existen condiciones democráticas que se frustran” (Torres Rivas, “Acerca de la democracia posible”. Revista Relaciones Internacionales, No. 10 Universidad Nacional, Costa Rica,1985). Es decir que Para analizar la posibilidad de que se establezcan regímenes democráticos en Centroamérica, Torres Rivas apela a un análisis histórico que identifica la conformación y desempeño de actores o grupos sociales que han impedido o que pueden impulsar la construcción de regímenes democráticos.
Asumiendo, por una parte, la evidencia de que con la elección del Presidente Nayib Bukele y el triunfo electoral del movimiento o partido Nuevas Ideas, que le otorgó mayoría en la Asamblea Legislativa, se interrumpe el ciclo de régimen instaurado en la posguerra civil y recurriendo al criterio que he mencionado del análisis de Torres Rivas, intento revisar si en El Salvador se instauró, en ese período de posguerra, una democracia que ahora esta amenazada o si ésta sigue siendo un desafío para la sociedad salvadoreña.
Recurriendo siempre a la lógica del artículo antes mencionado, podemos establecer como premisa, de manera simple, que la democracia sólo puede desarrollarse junto al surgimiento y consolidación de una clase social o sector de clase que no se sienta amenazada con el ejercicio democrático. El cual, en la democracia liberal, tiene como referente el derecho a optar por parte de las mayorías.
Con base en esta premisa me permito reflexionar sobre si los partidos que dominaron en el ejecutivo y el legislativo y el poder judicial, durante la posguerra civil en El Salvador, tuvieron vocación democrática y avanzaron en su construcción. Esto podría servir como un indicio para saber si en ese período histórico de posguerra ha hegemonizado una clase o sector social proclive a la democracia y en consecuencia se ha comprometido con ella o no.
Uno de esos partidos, ARENA, torpemente nunca cambió su discurso y símbolos confrontativos elaborados y enarbolados al calor la guerra civil. Sin duda, no es posible encontrar en su acto fundante ni en su trayectoria alguna posibilidad de que este cambio fuera posible. A su vez, cuando los resultados electorales les favorecieron, usaron el ejecutivo y el poder legislativos para imponer un modelo económicamente excluyente que desarticuló el modelo reformista que, en un intento de detener la insurrección social o guerra civil, trataron de impulsar tímidamente los gobiernos de preguerra (llámese Juntas Militares o Democracia Cristiana).
Lo anterior agudizó, en términos de teoría democrática, el déficit de una ciudadanía social, es decir se excluyó a amplios sectores que se vieron obligados migrar o a vivir socialmente marginados. De esta manera se debilitó, -ambiciosa y torpemente-, la base social de una posible democracia, se despreciaron las políticas públicas que garantizaran la vigencia y disfrute de derechos sociales (trabajo, salud, educación, seguridad) por las poblaciones mayoritarias.
Por otra parte, la dirigencia del FMLN nunca asumió la democracia como un objetivo o paradigma propio. Debo señalar que me refiero de manera particular a su cúpula, porque puedo dar fe de ingentes esfuerzos para realizar proyectos de buen gobierno, impulsados por sectores que no fueron escuchados. Puede asegurarse que la construcción de un régimen democrático nunca estuvo en el ADN de ese partido. Las fuerzas que lo constituyeron, pero sobre todo aquella que, en la posguerra, se apropió de su liderazgo, asumieron como recurso o ideología el “centralismo democrático”, que no es otra cosa que la cooptación de la voluntad popular por la dirigencia del partido. Así, siempre actuaron en consecuencia a esa ideología, marginando a quienes no se sometían a ella y, a su vez, suprimieron la autonomía de las organizaciones sociales, sindicales, organizaciones estudiantiles, campesinas, de mujeres, etc., supeditándolas a las decisiones de la cúpula partidista, lo que condujo a la desmovilización y desencanto de muchas de ellas.
Al igual que el otro partido político con el que se alternó en el poder, cuando los electores les dieron la oportunidad de gobernar, tanto en el ejecutivo o desde el legislativo, la cúpula del FMLN, evidenció incapacidad manifiesta para impulsar y regentar políticas públicas que condujeran a ampliar su propia base social y consecuentemente una ciudadanía social que asegurara la construcción de un régimen democrático. Esta incapacidad para impulsar políticas públicas que garantizaran equidad o el desarrollo humano integral de la ciudadanía en general, o específicamente de los sectores excluidos de los beneficios sociales, es lo que puede calificarse como el fracaso histórico de esta izquierda que hegemonizó en la posguerra.
Si no hay base social, si la ciudadanía social fue excluyente, es decir se marginó a amplios sectores sociales, si los partidos políticos carecen de vocación democrática, si no hay una clase o sector social que aspire la construcción de un régimen democrático, cómo puede sostenerse que se perdió la democracia.
Esto no es retórica, sumémosle a lo anterior lo que los datos indican, es decir que, en el período de posguerra, el Estado salvadoreño fue incapaz de responder a las demandas sociales básicas de salud, seguridad, educación y empleo; lo que ha respondido a una evidente carencia de voluntad política por parte de los partidos electorales hegemónicos, los que ejercieron el poder gubernamental, claramente sometidos a poderes facticos.
Esta incapacidad del Estado salvadoreño, para atender las demandas sociales de su ciudadanía lo ubica, entre lo que los científicos sociales llaman, “Estados degradados”. Categoría que también se atribuye a los otros Estados del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. Es decir que, si bien estos Estados retienen ciertas formalidades institucionales y legales pues conservan cierto poder infraestructural, se trata de Estados inválidos, crónicamente defectuosos, incapaces de cumplir con la función básica de cualquier estado moderno. (Ver. Sociedades fracturadas: La Exclusión social en Centroamérica, Pérez Sáinz. FLACSO, 2012 pág. 141).
Queda pendiente para la sociedad salvadoreña, en mi criterio, el desafío de construir un régimen democrático. En este momento, en el que las voces agoreras predominan, reclamo un cambio de actitud para unir voces que orienten la construcción de un verdadero Estado democrático, capaz de obtener consensos y responder a las demandas de desarrollo humano de la ciudadanía.
Publicado primero en Contrapunto SV, aquí.
