Tal vez haya justicia después de todo. Eso es lo que pienso al recibir la noticia de que, con el retorno de la democracia en Bolivia, se ordenó la detención de la ex mandataria Jeanine Áñez acusada de nada menos que “sedición y terrorismo”.
Algunos la recordarán porque fue quien, Biblia en mano, instauró una dictadura en Bolivia tras el golpe de estado de 2019 que forzó la renuncia del presidente Evo Morales. Una dictadura que, no olvidemos, desató una feroz represión contra opositores políticos.
Otros, con menos memoria política pero más interesados en cuestiones estéticas, tal vez la recuerden por ese cabello mal teñido de rubio con el que la pobre doña Áñez parece querer esconder sus orígenes indígenas.
Junto a Áñez también se arrestó a miembros de su gobierno de facto, como el ex ministro de Energía Álvaro Rodrigo Guzmán y el de Justicia Álvaro Coímbra. Además, hay órdenes de arresto para más de una docena de otros ex funcionarios.
Es interesante recordar que el golpe de estado contra Morales incluyó la complicidad de la poco imparcial Organización de Estados Americanos (OEA) y el cuestionable silencio de la Administración Trump. Conductas tradicionales de tanto una institución que parece existir solo para convalidar las políticas que emanan de Washington, DC, y de una superpotencia con una lamentable historia de intervencionismo en América Latina.
Sin embargo, con el arribo de Joe Biden a la Casa Blanca se creó la expectativa de que también llegarían nuevas políticas que alejarían a Estados Unidos de los errores del pasado. Y al menos en el terreno doméstico, se empezaron a cumplir algunos de estos deseos. Desde el primer día, el nuevo presidente firmó órdenes ejecutivas orientadas a controlar la crisis creada por el COVID-19 y revertir el énfasis represivo de las políticas migratorias. Además, propuso y se aprobó un paquete económico de $1.9 trillones en el que algunos ven trazos del Estado de Beneficiencia de Franklin Delano Roosevelt y la Guerra contra la Pobreza de Lyndon B. Johnson que, en última instancia, beneficiaron a amplios sectores populares.
Lo que no parece haber cambiado es el instinto intervencionista de nuestras relaciones con América Latina. Esto quedó en claro con las declaraciones de Julie Chung, encargada de Latinoamérica en el Departamento de Estado, quien instó a Bolivia a defender los derechos civiles interamericanos. Una declaración con la que no se puede estar en desacuerdo, pero que es más que sospechosa cuando se hace al mismo tiempo que se arresta a la ex dictadora Áñez.
“Instamos a nuestros amigos y vecinos en Bolivia a defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana”, escribió Chung en su cuenta de Twitter.
Uno debería preguntarse, ¿quién le dio derecho a Estados Unidos para opinar sobre un asunto interno boliviano?
Aún más, ¿dónde estaban la diplomacia estadounidense y la OEA cuando bandoleros policiales, grupúsculos neofascistas y el Ejército boliviano forzaron la renuncia de Evo Morales? Cuando lo amenazaron, cuando tuvo que escapar al exilio, cuando se le armaron cargos criminales.
En lugar de meter las narices donde no nos corresponde, tal vez deberíamos concentrarnos en resolver nuestros propios problemas en materia de derechos civiles: la brutalidad policial y los asesinatos de afroamericanos, la inaceptable situación de 11 millones de indocumentados que mantenemos sin derechos políticos, el racismo institucional, la segregación de minorías raciales y etnoculturales, un sistema de justicia criminal que mantiene a más de dos millones de sus ciudadanos en la cárcel… y la lista continúa.
El arresto de Jeanine Áñez y sus socios en la aventura golpista es una cuestión boliviana que debe ser resuelta exclusivamente por la justicia boliviana y no por el Departamento de Estado. Los jueces deben investigar el papel de los golpistas en el derrocamiento del presidente constitucional Evo Morales y su responsabilidad criminal en la persecución y represión que resultó en numerosos muertos.
El castigo a estos usurpadores antidemocráticos debe servir como advertencia histórica a aquellos que en América Latina puedan sentirse tentados a violar las instituciones democráticas para que sepan que, pase el tiempo que pase, algún día deberán rendir cuentas de sus actos.
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