Ya pasado el primer aniversario de la presidencia de Joe Biden y los análisis de cómo la reforma migratoria una vez más quedó en el tintero, la pregunta obligada es qué resta por hacer. Es decir, cuál es el siguiente paso para lograr algo en este año electoral, que complicaría todavía más el panorama en el frente migratorio en lo que resta de esta presidencia si los demócratas pierden el control del Congreso.
Dada la amenaza permanente que representó el gobierno anterior para millones de inmigrantes indocumentados y sus familias, se torna urgente en ese sentido empezar desde ya a establecer estrategias de acción inteligentes, no de contemplación ni de discursos a la ligera, para evitar un mal mayor. En otras palabras, cruzarse de brazos no es opción.
Ya hay un sector que aboga para que los líderes demócratas del Senado pasen por alto la recomendación de la Parlamentaria de no incluir el lenguaje de legalización en el proyecto de ley Para una Mejor Reconstrucción (Build Back Better). Pero, en primer lugar, ni siquiera se sabe si ese proyecto volverá a ver la luz del día antes de las elecciones intermedias.
Biden ahora dice que podría debatirse por partes, mientras el senador demócrata de West Virginia, Joe Manchin —el mismo que junto a la demócrata de Arizona, Kyrsten Sinema, dio una estocada a la agenda del presidente—, ahora dice que su propuesta de un plan BBB a menor costo ya no está sobre la mesa.
Es decir, se está entrando en el terreno peligroso de dar “un paso adelante para dar dos pasos atrás” que, en política, a nadie conviene, pero sobre todo no a quienes han esperado afanosamente durante décadas para regularizar su situación migratoria, y quienes definitivamente siempre han dado los pasos necesarios para sostener a sus familias y a las economías de sus lugares de residencia. Pero sobre todo, esos pasos siempre han sido hacia adelante y sin dudar.
Otra opción sería que los demócratas presenten legislación independiente que legalice a ciertos grupos de indocumentados, como los proyectos que aprobó la Cámara Baja que legalizarían a Dreamers, trabajadores agrícolas, beneficiarios de TPS y trabajadores esenciales. Las posibilidades de que eso ocurra en el ambiente actual son mínimas, pero sería justo que se presentara para que el Senado se viera obligado a votar y poder ver, de nueva cuenta, cómo la retórica pro inmigrante no se traduce en apoyo real, particularmente de parte de un sector demócrata. Eso sin contar la oposición republicana en bloque.
¿Qué restaría entonces? ¿Extensiones al TPS? ¿Conceder TPS a ciudadanos de países adicionales a los ya protegidos? ¿Órdenes ejecutivas similares a DACA?
Cualquiera que sea la opción, debe demostrarse que se está haciendo algo, que el tema no ha muerto y que se defenderá hasta conseguir el objetivo, no mediante falsas promesas, sino con base en propuestas concretas con argumentos sólidos que no se agoten en la primera discusión.
Es decir, en tanto el Congreso no lleve a cabo su función de legislar, es de esperar que a nivel de agencias y a nivel ejecutivo comiencen a tomarse medidas dirigidas a amparar a ciertos sectores de indocumentados y a llenar ese vacío. Precisamente de eso se trata, de llenar el vacío de esperanza que han dejado los fracasos migratorios consecutivos del año pasado en esos 11 millones de seres humanos.
No obstante, del dicho al hecho hay un gran trecho. Las órdenes ejecutivas, como DACA, aparte de ser una solución temporal, se han visto enfrascadas en disputas judiciales casi todas iniciadas por figuras republicanas, como es el caso de Texas, que encabeza la lucha contra DACA interpuesta por varios estados.
Ese, tal vez, sea uno de los primeros obstáculos a vencer, pues los republicanos se han convertido en el bloque antiinmigrante por antonomasia en estos tiempos en que más se necesita incluir a todos poniendo los pies en la tierra con soluciones pragmáticas para no echar a perder la democracia de este país en un santiamén. Si el Partido Republicano no tiene ojos para ver la pluralidad y la diversidad en que se desarrolla actualmente Estados Unidos, quiere decir que no están a la altura de representar a una sociedad que se quiere y tiene que adaptar a este Siglo XXI a pasos agigantados.
Asimismo, la composición ideológica de los tribunales, mayormente de tendencia conservadora, también ha incidido, como el fallo del juez del distrito Sur de Texas, Andrew Hanen, que tachó a DACA de “ilegal”. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apeló el fallo de Hanen ante el Quinto Circuito de Apelaciones, de tendencia conservadora, en un caso que amenaza con llegar a una Corte Suprema también de inclinación conservadora. Independientemente de ello, los Dreamers merecen una solución permanente.
Es obvio que se han confabulado una lista de elementos en contra de una reforma migratoria que legalice a millones. La xenofobia y el racismo son palpables. Por otro lado, la pandemia también ha jugado en contra de una solución, a pesar del gran esfuerzo de los indocumentados para mantener a este país a flote. A eso se suman las preocupaciones por el giro de la economía, la oposición republicana en bloque, las divisiones internas de los demócratas y su preocupación por perder el control del Congreso en 2022 y la Casa Blanca en 2024.
Es todo un panorama que requiere más que de un estratega político, de la mente de un estadista que sepa hacer las combinaciones necesarias para saltar a un nivel superior como nación, una nación en la que quepan todos los que se la han jugado para mantenerla en pie.
Lamentablemente nunca hay un momento perfecto para tomar decisiones difíciles. Y Biden, con unos índices de aprobación que dejan mucho que desear de cara a las elecciones intermedias, debería tomar medidas audaces en el frente migratorio. Ello, para demostrar a un sector del electorado que, en efecto, no se olvidó de sus promesas de campaña; para que de paso los entusiasme a acudir a las urnas y, por qué no, para generar un debate en el Congreso que resulte en algún tipo de acuerdo que beneficie a millones de indocumentados.
