Entre el 2 y el 3 de enero, la policía de Los Ángeles dio muerte a tres jóvenes inocentes en encuentros separados: Takar Smith, Oscar Leon Sanchez, y Keenan Anderson.
La esposa del primero llamó a emergencias porque él sufría una crisis de salud mental; a los policías les parecía que blandía un cuchillo de cocina. En el caso de Sánchez los agentes respondieron a un llamado sobre alguien que amenazaba con un cuchillo. Lo vieron caminando hacia ellos con un objeto en la mano. En ambos acribillaron a las víctimas. A Keenan Anderson, un maestro de escuela que estaba de visita en casa de familiares desde Washington D.C., le aplicaron repetidamente un táser cuando estaba en el suelo sujeto por varios agentes.
Una vez más, los agentes encargados de mantener la seguridad pública, ponen en peligro la vida de miembros del público al que deben servir.
Smith y Anderson eran afroamericanos. Sánchez, latino.
Posteriormente un vocero policial anunció que la investigación podría durar un año. Pero inmediatamente publicó que se hallaron en su sangre rastros de droga, como si eso justificara algo.
Es que dos años después de las grandes manifestaciones posteriores a la ejecución pública de George Floyd, poco parece haber avanzado.
De hecho, 2022 fue un año récord en cantidad de muertes atribuidas a policías en todo el país; 1,183.
Las víctimas son desproporcionadamente jóvenes miembros de minorías raciales.
La falta de avance en parte se debe a que en todo el país, los republicanos magnifican la magnitud del crimen, pretenden que el otro partido quiere destruir las fuerzas del orden y apoyan soluciones de fuerza y protección irrestricta a los agentes, hagan lo que hagan.
Frecuentemente, los demócratas cooperan por temor a aparecer como “soft on crime”.
En lugar de declaraciones, deberían buscar soluciones.
Pero ciudad por ciudad, se han incrementado los presupuestos policiales con pocas garantías de cambio: Chicago, Los Angeles, San Francisco, Houston, Austin, Filadelfia. En New York el alcalde Eric Adams propuso contratar 578 nuevos agentes, aunque debió archivar la idea para lograr un acuerdo presupuestario la semana pasada.
En el ámbito federal han habido avances.
En junio pasado, el presidente Biden firmó la Ley bipartidista de Comunidades más Seguras donde comienza una aproximación a cuestiones de seguridad; la profundiza en su reciente Ley de América más Segura, que entre otros prohíbe a los policías los estrangulamientos, ofrece capacitación en tácticas de distensión; restringe los arrestos sin aviso y amplía el uso de cámaras corporales.
Estas reformas no limitan la labor policial contra el crimen y su implementación en todo el país urge.
Sin embargo, en casos como los arriba descritos no aplican.
Aquí el uso innecesario de la fuerza depende de la percepción de cada agente armado, que enfrenta circunstancias para las cuales no fueron entrenados ni están equipados. Le parece, o dice que le parece, que su propia vida está en peligro. Y como lo han demostrado con cada ataque armado contra escuelas donde esperan afuera, esa vida no la quieren arriesgar. Aunque para eso están en ese trabajo. En fin.
Para las comunidades afroamericana y latina es una situación aterradora. Esto es algo que le puede suceder a cualquier joven cuya conducta llame la atención.
Como hemos expuesto, la solución es entregar los casos relacionados con salud mental a profesionales médicos y anular o limitar la presencia de agentes armados en ellos. Demasiadas veces estas confrontaciones llevan a la muerte de quien debería ser considerado un paciente.
Es una solución de sentido común, que no va en desmedro de la tarea policial contra el crimen. Además de salvar vidas, es mucho menos costosa que cualquier otra.
Es necesario que la nueva alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass tome cartas en el asunto y haga pública su opinión.
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