La semana pasada el Presidente Biden anunció medidas para combatir la maldición del fentanilo y otras drogas sintéticas mediante un nuevo memorando de Seguridad Nacional.
El fentanilo es un opioide sintético, 50 veces más potente que la heroína y responsable de dos de cada tres muertes por sobredosis en 2023, según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
Estos narcóticos matan cada año a unas 70,000 personas en nuestro país. Muchos de ellos son adolescentes que caen bajo la adicción por empuje de traficantes, por presión social y por el bajo precio de cada dosis, inconscientes de que esos diez dólares representan un espiral que termina en su muerte. También, y precisamente por el fácil acceso y el bajo precio, abundan las víctimas en las comunidades pobres, en minorías como los afroamericanos y los latinos. Finalmente, es un problema global: el mayor productor del mundo es China y desde allí llega este veneno a nuestro país.
Pidió Biden al Congreso que apruebe la Propuesta “Detectar y derrotar” que regularía las sustancias relacionadas con el fentanilo como drogas de “Lista I”, sometidas a penas más severas.
En el documento, Biden alardeó de números récord en la incautación de fentanilo en los puertos de entrada, que en los últimos dos años fiscales superó a los cinco años anteriores juntos.
La Administración de Control de Drogas informa que ha incautado más de 30 millones de pastillas de fentanilo y más de 4.100 libras de polvo de fentanilo este año. Esto equivale a 208 millones de dosis, cada una de las cuales puede ser letal.
Agregó el mensaje que la administración está organizando un esfuerzo internacional, especialmente en una cooperación con los gobiernos de México y Canadá.
Sin embargo, es obvio que los esfuerzos han sido insuficientes. Se requiere mucho más.
Es cierto que el documento de la Casa Blanca es, de por sí, una repetición de puntos programáticos ensayados durante meses en la campaña electoral. No por eso debemos rechazarlo.
Las propuestas citadas sugieren un serio esfuerzo por contener la maldición que cada día arrasa con la vida de nuestra juventud, y como tal, merece una consideración seria por parte de todos los elementos políticos nacionales.
Si hay un tema en el cual tanto demócratas como republicanos deberían estar de acuerdo, es en la necesidad de hacer la lucha contra el fentanilo prioritaria.
Sin embargo, desde la publicación del documento solo hemos visto reacciones adversas por parte de los republicanos, también aquí repitiendo viejos eslóganes sin vigencia ni veracidad. Que los inmigrantes tienen la culpa de introducir drogas al país. Que Biden/Harris abogan una frontera abierta por la cual quien quiera puede entrar trayendo ese mensajero de la muerte. Y que solo un gobierno de Trump podrá destruir este comercio ilícito ni bien asuma el poder.
La verdad es que el problema no tiene una solución inmediata sino que requiere un enfoque activo, sostenido y a largo plazo. Incluye, sí, la incautación de la droga en la frontera, pero también un plan masivo de educación y el desarrollo de programas científicamente demostrados que pueden sacar de la adicción a miles de jóvenes. Debería también abrirse el acceso a la naloxona, el antagonista de los opioides, capaz de detener la intoxicación y de salvar vidas.
El tema de la maldición del fentanilo debería quedar fuera de las discusiones políticas. Nos toca a todos. La droga no hace diferencia por partido, por procedencia étnica y menos por opiniones políticas.
