En su obra maestra, el autor colombiano José Eustasio Rivera narra la extrema explotación laboral y violencia en el Amazonas de Colombia. Fue durante el boom del caucho a principios del siglo 20. La tituló La Vorágine, el gran tumulto.
Hoy vivimos en Estados Unidos una vorágine sin precedentes, en la confluencia de un movimiento popular contra el racismo y la brutalidad policial, una mortal pandemia y un colapso económico. Y las personas de color —especialmente los afroamericanos y los hispanos— son las que más sufrimos las consecuencias de este gran tumulto.
El asesinato de George Floyd en Minneapolis a manos del policía Derek Chauvin, el linchamiento de Ahmaud Arbery y el asesinato en su hogar de Breonna Taylor durante un operativo policial ilegal, además de infinidad de otras muertes impunes de afroamericanos, han desatado un alzamiento de furor e indignación sin precedentes desde 1968. No solo en Estados Unidos sino en todo el mundo civilizado, decenas de millones de personas se han alzado contra el racismo y la injusticia social en solidaridad con la comunidad negra estadounidense bajo el lema Black Lives Matter (las vidas negras importan). Cada año, las fuerzas policiales matan a casi 1.000 personas. El 24% de ellas son afroamericanos, pese a que esta comunidad forma solo el 13% de la población del país. Los hispanos somos la segunda etnia más castigada por esta lacra.
Las marchas y mítines en apoyo a nuestros hermanos y hermanas afroamericanos han sido abrumadoramente pacíficos, en medio de la violenta represión que han sufrido, avivada por la irresponsable cizaña de Donald Trump. Pese a su intento de asfixiar todo lo que es decente en nuestro país, construir un muro alrededor de la Casa Blanca y esconderse del pueblo estadounidense, Trump vive ahora al lado de Black Lives Matter Plaza, Washington, DC.
Hasta ahora, este alzamiento a favor de la decencia y la justicia está triunfando en avanzar la exigencia fundamental del movimiento: desfinanciar las fuerzas policiales. El Concejo Municipal de Minneapolis abrumadoramente votó a favor de desmantelar el cuerpo de policía y el Alcalde de Nueva York anunció planes de transferir fondos de los $6,000 millones del presupuesto policial a servicios escolares y sociales. Pese a los esfuerzos de la administración Trump de vilificar a los manifestantes, una aplastante mayoría (84%) del país apoya las manifestaciones.
Pero sin justicia no habrá paz. Los responsables de las muertes a manos de fuerzas policiales tienen que ser juzgados con todo el peso de la ley. La policía tiene que permitir a los manifestantes marchar y defender la justicia sin reprimirlos. El país y sus sistemas de gobierno tienen que trabajar para todos nosotros, sin importar el género ni el color de la piel.
Recordemos que esta explosión de clamor popular viene también fomentada por una pandemia que ya ha infectado a dos millones de personas y matado a más de 110,000. Los afroamericanos y los hispanos tienen casi tres veces más probabilidades de conocer a alguien que ha muerto de COVID-19 que los estadounidenses blancos. Como consecuencia, vivimos un colapso económico que ha destruido más de 40 millones de empleos y formado colas kilométricas de estadounidenses empobrecidos en los bancos de alimentos gratuitos del país.
Mientras tanto, la administración Trump intensifica su ataque a las protecciones a la salud pública, como la reciente eliminación de salvaguardas ambientales para la evaluación de proyectos de infraestructuras. La incomprensible decisión pone especialmente en peligro a comunidades hispanas, afroamericanas e indígenas que ya sufren desproporcionadamente los efectos de la contaminación del aire y el agua.
Los protagonistas de La Vorágine logran triunfar contra quienes los mortifican, pero no contra el sistema que los reprime. Esa es nuestra tarea, hoy y en el futuro.
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