Cuatro días antes de que Javier Milei y La Libertad Avanza (LLA) se impusieran en las elecciones presidenciales, la ya diputada electa de su partido Lilia Lemoine realizaba el 15 de noviembre una recorrida de campaña por la Estación Constitución de Buenos Aires, cuando la cronista de la TV Pública Laura Mayocchi le preguntó si usaba el transporte urbano.
“Vos tenés mala intención, no quiero hablar con vos”, fue la respuesta de Lemoine. “Vengo a preguntarte nomás”, dijo la periodista y la legisladora de LLA retrucó: “Vamos a cerrar la Televisión Pública. La vamos a privatizar”. Y más en tono de amenaza que de consejo, insistió: “Los medios públicos se van a privatizar, así que procurá ser una buena trabajadora”
– ¿Sabe que ayer en la Televisión Pública, mientras estaba su discurso o muy cerca de eso, pusieron La Pantera Rosa?
En el barrio le llaman buchoneo a lo del periodista Eduardo Feinmann, cuando el lunes 20 por la madrugada le hacía a Milei la primera entrevista como presidente electo por la Radio Mitre, del Grupo Clarín, y el programa Alguien tiene que decirlo. (Es cierto que la TV pública había emitido La Pantera Rosa, pero después de las 23 horas). Luego le planteó las opciones: “cerrar, privatizar o dejar como está” la TV Pública, Radio Nacional y la agencia estatal de noticias Telam. En todos los casos, la respuesta fue: “Tiene que ser privatizada”. “No adhiero a esas prácticas de tener un Ministerio de propaganda encubierto (y) todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado”, justificó el libertario.
Entre caníbales
En los medios empresariales acompañaron este anuncio con ataques a sus colegas de los públicos e información falaz –por ejemplo, la columnista de La Nación + Guadalupe Vázquez aseguró que el sueldo promedio en Radio Nacional es de $800.000, dato luego desmentido–. Consumado el resultado electoral y en primera fila de la motosierra, los trabajadores apuntados pasaron de la preocupación al estado de alerta y movilización.
“Frente a la campaña contra los medios públicos, sus trabajadores y el derecho a la comunicación: apoyar y promover asambleas en los medios públicos, para enfrentar con organización cualquier tipo de avance. Denunciar la campaña de estigmatización, con mentiras y operaciones de prensa, contra los trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional y los medios públicos, la construcción de un clima de violencia persecutorio, que se expresó en amenazas e intimidaciones a compañeras de la radio y la agencia pública. Establecer todas las instancias de coordinación y unidad con los sindicatos de la actividad, las confederaciones y espacios de articulación intersectorial”, expresó la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren).
A su vez, desde Radio y Televisión Argentina, Contenidos Públicos y Télam se pronunciaron contra el anuncio privatizador que “genera un enorme rechazo y preocupación, ya que demuestra un gran desconocimiento del rol que cumplen en la construcción democrática”. “Los medios públicos son esenciales para el fortalecimiento de la vida democrática, la libre expresión, la diversidad de voces y la construcción ciudadana”, resaltaron.
Derecho intangible y crucial
El sistema de medios públicos argentinos se inició en 1937 con la Estación de Radiodifusión del Estado, hoy Radio Nacional, con cincuenta emisoras desde La Quiaca en el norte hasta la Base Esperanza en la Antártida. En 1951, se sumó Canal 7, pionero en la televisión argentina. La agencia de noticias Télam, fundada en 1945 con el fin de contrarrestar la hegemonía de las extranjeras, es la mayor en Latinoamérica y provee información a más de 2.800 abonados, un símbolo del primer peronismo con el que se ensañaron todos los gobiernos dictatoriales.
Creada por la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (art. 119), Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S. E.) tiene a su cargo la Televisión Pública, Radio Nacional, Canal 12 TV Pública Regional y Radiodifusión Argentina al Exterior. Entre estos medios y Télam reúnen a un total de 3.400 empleados y brindan información a todo el territorio nacional.
En su artículo 2°, la ley 26.522 -que recién en 2009 reemplazó al decreto-ley de Radiodifusión de la dictadura- reconoce la comunicación audiovisual como “una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones”. El artículo 21 establece: “Los servicios previstos por esta ley serán operados por tres (3) tipos de prestadores: de gestión estatal, gestión privada con fines de lucro y gestión privada sin fines de lucro”.
Para el abogado constitucionalista Miguel Rodríguez Villafañe, la privatización anunciada “despojaría del derecho a la comunicación a millones de ciudadanos, especialmente en zonas del interior del país donde las empresas comerciales nunca invertirían, porque su objetivo principal es la rentabilidad. Desde ese punto de vista, sería como cuando (José) Martínez de Hoz (el primer Ministro de Economía de la dictadura) cerró las líneas ferroviarias y dejó a muchos pueblos aislados”.
Córdoba, en alerta y movilización
“A nivel nacional y en Córdoba la situación es de alarma y movilización”, dice Mariana Mandakovic, secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba (Cispren) y de Organización de la Fatpren. “Hay un ataque a un sector que con mucho trabajo y compromiso presta un servicio que no es abstracto, sino un derecho humano que el Estado debe garantizar. Ya veníamos con flexibilización laboral y políticas insuficientes en el actual Gobierno.
Ahora, frente a este anuncio presentado como logro, hay mucha preocupación. Ellos han visto la importancia de la comunicación en los procesos de transformación social y por eso la atacan, pero la vamos a defender”, añade la periodista.
En Córdoba, Radio Nacional tiene 58 trabajadores y la corresponsalía de Télam cuatro. Aunque no pertenecen a la red nacional de medios públicos, los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) también fueron enfocados por el rayo privatizador. Dos días después del balotaje, el dirigente del PRO Córdoba Sebastián García Díaz, desde su cuenta de X (ex Twitter) @sebagarciadiaz planteó: “Me pregunto si aquí en Córdoba no deberíamos discutir el futuro de los SRT que también son costeados con los bolsillos de la gente. En lugar de pagar investigación universitaria pagamos algo que a Córdoba no le está sirviendo”.
Guardia preventiva en los SRT
Los SRT son una sociedad anónima, formada por la UNC y la Municipalidad de la ciudad de Bell Ville, que gestiona la señal de televisión abierta Canal 10, el Canal U digital, el portal de noticias Cba24N, Radio Universidad (AM 580), Nuestra Radio (FM 102.3) y la app móvil SRT Play. Un conglomerado multimedial que da empleo a más de doscientas personas.
Antes de conocerse el resultado electoral, la asamblea de trabajadoras y trabajadores de los SRT condenó las amenazas de Lemoine y las declaraciones de Milei, quien argumentó que la TV Pública debía cerrarse porque el 75 por ciento del contenido vinculado a su persona “fue entre negativo y muy negativo”. En una carta abierta, la asamblea lo consideró un “contradictorio intento de mancillar la libertad de expresión y la libertad de prensa por parte de aquellas personas que declaman, precisamente, la defensa de la libertad, pero cuyos actos son un tributo a las censuras que se ejercían en los años del terror”.
Además, exhortaron a comprometerse con la defensa de los medios públicos a los diputados nacionales de Córdoba, al actual gobernador Juan Schiaretti, al gobernador electo Martín Llaryora, al intendente electo Daniel Passerini y al rector de la UNC Jhon Boretto.
Memoria del macrismo
A esta altura es claro que LLA va a cogobernar con el macrismo, lo que habilita a recordar su política en relación a los medios públicos. Entre las opciones de Feinmann, el Gobierno de Mauricio Macri eligió “dejarlos”, pero no como estaban sino a la deriva y desfinanciados, lo que debería leerse como “reducir a la mínima expresión”: despidos, jubilaciones anticipadas, retiros (dizque) voluntarios, reemplazo de trabajadores de planta por contratados ad hoc y congelamiento de paritarias. A mediados de 2018, el despido de 354 periodistas, reporteros gráficos, infografistas y editores de Télam se encontró con la resistencia de los sindicatos de prensa y la solidaridad ciudadana. La mayoría del personal fue reincorporado, en muchos casos por orden de la Justicia Laboral. En otros, el Estado debió pagar onerosas indemnizaciones.
En el plano profesional, una política que combinaba abandono y control implicó la cancelación o cajoneo de proyectos de producción, la persecución ideológica a quienes se atrevían a hablar de “intento de golpe de Estado” (Juan Guaidó en Venezuela), de la “represión” (al verdurazo en Constitución) o la “desaparición” (de Santiago Maldonado) y en noticias vinculadas al terrorismo de Estado la recomendación de no definir a la dictadura como “cívico-militar”.
Un caso insólito ocurrió en Córdoba, en octubre de 2017, con el llamado “al aire” del entonces director de Radio Nacional Orestes Lucero a la periodista de la emisora Fabiana Bringas, para amonestarla por haber entrevistado a la madre del líder mapuche Facundo Jones Huala. Se trató de “un explícito episodio de censura y amenazas”, denunció la Facultad de Ciencias de la Comunicación junto a un amplio abanico de organizaciones sindicales y de derechos humanos a nivel nacional.
El pasado que vuelve
Esa fue la política encabezada por Hernán Lombardi como titular del Sistema Federal de Medios. Al combo de precarización laboral y menosprecio profesional lo padeció el periodista Sebastián Moro, quien conducía por Radio Nacional Mendoza el programa Despacito y por las piedras y cronicaba los juicios de lesa humanidad. Ambas tareas cesaron apenas Macri asumió la presidencia.
Hastiado y sin perspectivas de futuro, Moro emigró a Bolivia en busca de ejercer su trabajo en un contexto esperanzador. Desde allí alertó sobre la conspiración contra el presidente constitucional Evo Morales. Atacado por las bandas paramilitares y civiles que tomaron las calles de La Paz en vísperas del golpe de Estado del 10 de noviembre de 2019, el periodista entró en coma y murió el 16 de ese mes, mientras el Gobierno macrista enviaba armamento y municiones a la dictadura boliviana.
Su hermana Penélope también trabajaba en Nacional Mendoza y ahora en Buenos Aires. Los rumores convertidos en anuncio oficial son para ella un cruel dejá vu: “Aquello era precarización laboral y un achatamiento constante, con el pretexto de ‘cambio de funciones’, algo que daña tu identidad profesional. Sebastián no se lo bancó y se fue. Además, anularon las páginas web de las provincias para centralizarlas, y en ese traslado se perdieron las 250 notas de Seba sobre los juicios. Fue lo que más le dolió y todavía no las podemos recuperar. A mí, después de doce años de precarización, recién me formalizaron en 2022. Esta amenaza es una situación de extrema violencia, porque es despido, hambre y censura. La verdad que se vive con mucha angustia, pero habrá que resistir”.
Publicación original: Revista El Sur.
Publicado con permiso del autor.
