Diez años de ignominia.
Diez años de dolor. Diez años de impunidad. Diez años y los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural «Isidro Burgos» de Ayotzinapa, no aparecen. Diez años y las madres y los padres y las familias y sus dolientes, no encuentran justicia. Diez años y, el silencio que han intentado tender, se levanta en miles de voces exigiendo justicia.
Así se cumplen diez años desde que, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, policías municipales de Iguala, Guerrero, policías estatales y elementos del 27 Batallón de Infantería del Ejército mexicano junto a elementos del crímen organizado, asediaron a fuego a un grupo de estudiantes normalistas que preparaban su participación en la marcha por el 2 de octubre de ese año.
Seis estudiantes fueron asesinados. Sus rostros desollados fueron muestra de la saña con la cual los ejecutaron. Y 43 fueron detenidos, separados, llevados a edificios públicos, a carreteras solitarias, a parajes insondables y, desde entonces, no se les encuentra. La última señal telefónica de uno de ellos fue dentro de las instalaciones del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, Guerrero.
Todo esto se supo gracias a la participación de los Centros de Derechos Humanos «Tlachinollan» y «Miguel Agustín Pro», además del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que, en todo momento, acompañaron al grupo de familiares de las víctimas.
Lo demás, es conocido. El gobierno de Enrique Peña Nieto, junto a su entonces procurador Jesús Murillo Karam y el extitular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio, construyeron la «verdad histórica». Que, según, los estudiantes fueron secuestrados, quemados y arrojados en un basurero, por parte de narcotraficantes. Pronto se descubrió la mentira, claro, no gracias a los medios de comunicación que replicaron como loros la línea oficial.
La participación de los militares y el asedio a Encinas
El pueblo se volcó a las calles y no dio paz al régimen de Peña Nieto ante la mentira y el crimen. Cayeron algunos responsables menores, como el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y ciertos presuntos culpables que, luego se supo, fueron torturados por Zerón de Lucio.
Hasta que llegó el año 2018 y con él, la promesa del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, de esclarecer los hechos e impulsar la justicia.
Todo comenzó muy bien. Fotos en las redes sociales, la pose de AMLO con una playera de Ayotzi, reuniones constantes y la responsabilidad directa del entonces subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, como funcionario encargado de velar el camino hacia la verdad.
Lo que comenzó bien, avanzaba bien. En agosto de 2022, Encinas Rodríguez dio un informe crucial. Reveló unas cosas y confirmó otras. Lo más destacado fue que la Secretaría de la Defensa Nacional tenía un «topo» dentro de la Escuela Normal. Este elemento informaba al Ejército de todas las actividades de los normalistas. Entre ellas, las movilizaciones en torno al 2 de octubre de ese año.
Encinas reveló que este soldado de apellido López Patolzin estaba bajo el mando del teniente de infantería Marcos Macías Barbosa del 27 Batallón de Infantería. El informante fue asediado y desaparecido también. Y como muestra de la crueldad de su mando castrense, el subsecretario de Gobernación reveló que el Ejército lo dejó morir.
A juicio de Encinas, de haber el Ejército aplicado el protocolo para militares desaparecidos «hubiera permitido no solamente proteger y buscar al soldado López Patolzin, sino a todos los estudiantes». Esto confirmaba la participación de la Sedena en los hechos.
Sí, fue un «crimen de Estado». Así lo calificó Alejandro Encinas Rodríguez. Porque todas las autoridades de Gobierno, todas, sabían lo que estaba pasando y no actuaron, o bien, participaron de la masacre. Para llegar a esa conclusión, la llamada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, analizó más de 40,000 expedientes, 115 testimonios y 13 fuentes básicas de información que contenían millones de documentos, mapas y videos.
Salto en el tiempo.
Es el 25 de julio de 2023. El subsecretario de Derechos Humanos del gobierno de López Obrador, Alejandro Encinas Rodríguez, se encuentra frente a un grupo de militares que lo interroga, en una diligencia judicial, por su participación en las investigaciones contra soldados que participaron en la masacre de Ayotzinapa. Lo amenazan con interrogarlo «hasta el cansancio».
La jueza a cargo de la comparecencia es Raquel Duarte Cedillo, la misma que ordenó la liberación del general brigadier José Rodríguez Pérez, quien era comandante del 27 Batallón de Infantería durante los hechos de Iguala. De acuerdo con la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia, él estuvo al tanto de todo lo que ocurrió esa noche y sería el responsable de la ejecución extrajudicial de cuatro estudiantes.
Es la primera vez que un civil es sometido a un interrogatorio judicial por parte de elementos militares. En el acto, Jorge Alfredo Rico Pérez, mayor de justicia militar y defensor de los soldados, revela que había iniciado una demanda en contra del subsecretario de Derechos Humanos ante la Fiscalía General de la República.
La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU expresa su preocupación por lo que los militares hicieron con Encinas. Y el subsecretario, antiguo compañero de López Obrador en sus luchas políticas, renuncia a su cargo en la Secretaría de Gobernación en octubre de 2023.
A partir de ahí, la investigación se viene a pique y AMLO abre una confrontación con los padres y madres de Ayotzinapa. Y sí, llegará el día en el que Alejandro Encinas Rodríguez hable abiertamente de lo que pasó. De las presiones que pudo haber recibido y de todo lo que habría callado en la investigación del caso.
AMLO encubre al Ejército
Es el año 2019. Las investigaciones arrojan evidencias cada vez mayores acerca de la participación del Ejército en la desaparición de los 43.
Además de la infiltración en la Normal Rural «Isidro Burgos», se hallaron elementos de prueba sobre la colusión de algunos elementos del 27 Batallón de Infantería con el grupo criminal Guerreros Unidos, partícipe de los hechos. De que el Ejército patrulló las zonas donde estaban agrediendo a los jóvenes y que siguieron a los estudiantes cuando éstos arribaron al municipio de Iguala. Que dos soldados se encargaron en esos momentos de los trabajos de monitoreo de cámaras de videovigilancia del centro de control de seguridad C4.
Y que un coronel visitó la barandilla municipal alrededor de las 12 de la noche, cuando los algunos normalistas estaban detenidos.
Con todo ello, era lógico que las familias, sus abogados y el GIEI solicitara información al Ejército. Pero no hubo respuesta. Incluso, en reuniones de las víctimas con la jerarquía militar, la Sedena respondió que no tenía conocimiento de todo aquello. Que iban a investigar, pero que no sabían nada.
Por eso, las víctimas y sus representantes solicitaron a Andrés Manuel López Obrador la revisión de los archivos militares. Ante la petición, las madres y padres notaron que el presidente «se molestó», detalla el centro de derechos humanos Tlachinollan.
Tlachinollan abunda que de 2019 a 2012, el GIEI realizó una exhaustiva revisión de archivos relacionados a la IX región militar, del 50 batallón de infantería, de la 35 zona militar, del 27 batallón y el 41 batallón de infantería. Y el grupo de expertos encontró que faltaban 800 folios con información que podría ser elemental para esclarecer la verdad, pues se relacionaban con la intervención de las comunicaciones y los militares que las operaron.
Los 800 folios sí existían. El mismo Alejandro Encinas lo reconoció y se refirió a 19 de ellos. Y dijo que el presidente López Obrador ordenó que se entregaran. Pero la información nunca llegó. Aún más, a partir de ahí, la actitud del mandatario cambió. No volvió a referirse a esos 800 folios, pero sí a intentar descalificar a los centros de derechos humanos, al GIEI y a los abogados que acompañaban a las víctimas. Y declaró que los padres y las madres de Ayotzinapa estaban manipulados por éstos.
El abogado de las víctimas, Vidulfo Rosales, sostuvo que fue claro el cambio de actitud de AMLO. Y en sendas cartas, el presidente se encargó de asegurar, en todo momento, que no había pruebas de la participación del Ejército en la desaparición de los estudiantes. La defensa a los militares era evidente. Y todavía en su última carta a las familias, sostuvo su propia verdad histórica.
Lo más rescatable de la misiva del presidente es que afirma que el caso sigue abierto. Tocará a la Presidenta entrante, Claudia Sheinbaum, continuar la búsqueda de la verdad. O no. Siempre y cuando tenga la voluntad de enfrentar al Ejército y desbloquear la información lo que la Secretaría de la Defensa se niega a dar. De lo contrario, se cumplirán seis años más de calvario, que quizá se conviertan en diez más, mientras no se rompa el pacto de impunidad con los militares.
