El presidente electo Donald Trump ha confirmado que en el primer día de su mandato declarará una emergencia nacional por la crisis migratoria. Lo hizo por distintos medios, incluyendo su propia plataforma social Truth con una publicación el lunes a las 4 de la mañana.
Para ello invocará la Ley de Emergencias Nacionales de 1986, que lo faculta para activar poderes especiales, sin necesidad de la aprobación del Congreso.
Trump ya había declarado una emergencia nacional en su primer período en 2018, derivando fondos que el Congreso había asignado para otros fines para la construcción del Muro.
La condición sine qua non del éxito de Trump será el previo cierre de la frontera, que como en ocasiones anteriores quedará abierta solo para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales.
Su propósito será lanzar una gigantesca operación de deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados como la principal acción de su segundo gobierno. Si bien no se han publicado los planes operativos, durante su campaña Trump mencionó repetidamente que las deportaciones alcanzarán a entre once y veinte millones de personas, e incluso se refirió a la posibilidad de deportar residentes permanentes, lo cual actualmente es ilegal.
Su nominado para “zar de la frontera” Tom Homan incluyó el concepto de deportar a los 4,7 millones de niños hijos de indocumentados nacidos aquí que son ciudadanos, supuestamente para “mantener las familias unidas”.
Trump también confirmó esta semana su propósito de utilizar las Fuerzas Armadas para estas tareas, invocando la Ley de Insurrección de 1807. Según Stephen Miller, arquitecto del plan de separación de familias y deportación, y futuro jefe adjunto de política del gobierno, los recursos militares se utilizarán para construir “grandes instalaciones de detención como centros de concentración” para los inmigrantes a espera de su traslado a otros países y proveer transporte a las agencias migratorias. Las leyes federales prohiben el uso de las fuerzas armadas en suelo estadounidense.
Todo esto iniciará el primer día de gobierno de Trump.
Para ese día faltan solamente dos meses.
La puesta en marcha del plan de deportaciones inició en abril de 2022, cuando la conservadora Fundación Heritage en cooperación con la campaña de Trump estableció el Proyecto 2025, que lo desarrolla y detalla, como lo explico en este artículo en Hispanic L.A.
El magnate ha nombrado como candidatos para ocupar los puestos de responsabilidad en este menester a personajes de línea dura y lealtad inquebrantable, capaces de liderar una de las acciones más cruentas en la historia del país. A Kristi Noem, la gobernadora de Dakota del Sur, como secretaria del Departamento de Seguridad Interna (DHS) para proporcionar los recursos, Hogan para la acción en sí y Stephen Miller para su coordinación y desarrollo.
Las alarmas deben sonar en la comunidad inmigrante, en el Congreso, los gobiernos estatales, en las organizaciones comunitarias que trabajan por los inmigrantes y en los medios de comunicación. En todas las instancias donde los latinos en nuestro país están presentes.
Ni bien tome posesión, deben demandar al nuevo gobierno para detener sus acciones ilegales. Deben coordinar la protesta multitudinaria; informar al público nacional e internacional y más.
De lo contrario muy pronto muchos miles de familias quedarán destrozadas, la economía perderá empleados vitales y nuestro país será fracturado.
Implementar las principales partes del plan, como reclutar personal al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o jueces migratorios (actualmente hay solo 700 con un atraso de 3,7 millones de casos), y finiquitar el marco legal en el nuevo Congreso republicano, llevarán tiempo. Pero otras acciones, como órdenes ejecutivas de efecto inmediato y redadas migratorias en el interior del país, y el rechazo de los solicitantes de asilo – una potencial pena de muerte para ellos – no requieren espera.
La Unión por las Libertades Civiles (ACLU) demandó la semana pasada a ICE para obtener más detalles sobre el plan, bajo la sospecha de que la agencia ya está preparándose aunque Trump aún no es presidente.
Da la impresión sin embargo que las fuerzas vivas del país están en un estado de conmoción y parálisis, por la magnitud de la victoria republicana en las elecciones del 5 de noviembre. Ya pasaron dos semanas. Es hora de sacudir el asombro, la tristeza y la incertidumbre y pensar en cómo proteger no solo a los inmigrantes sino a toda la nación del advenimiento de un régimen autoritario.
Su tarea será prevenir los aspectos ilegales y los más crueles en esta emergencia.
Como ya expresé, junto con la deportación masiva de indocumentados vendrá la imposición de aranceles y tarifas (tariffs) contra productos importados desde México y a más largo plazo, la reinterpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, para que los hijos de indocumentados que nacieron aquí no sean reconocidos como ciudadanos.
Resulta irónico que frente a la incitación continua durante la campaña electoral sobre la presunta «invasión» de «ilegales», la cantidad de cruces ilegales ha caído en un 55%, a su nivel más bajo en cuatro años, fruto de las disposiciones limitantes enunciadas por el presidente Biden en julio para limitar las solicitudes de asilo.
