» La política migratoria debe ser generosa; debe ser justa; debe ser flexible.
Con una política de este tipo, podremos voltear a ver al mundo, y
a nuestro propio pasado, con las manos y la conciencia limpias».
-John F. Kennedy. Una nación de inmigrantes, 1958
No sólo ha quedado claro que será el Partido Republicano quien lleve inicialmente la batuta a través de su agenda innegociable, sino que el presidente se ha sumado al discurso que prioriza la seguridad en la frontera por encima del bienestar de los millones que han habitado por años este país sin una oportunidad de vivir al amparo de la ley.
La reforma migratoria en los años de Barack Obama
La última semana de enero de este año será recordada como aquella en la cual la maquinaria de la reforma migratoria en Estados Unidos se volvió a echar a andar. Primero fue el anuncio realizado por un grupo bipartidista de ocho senadores sobre la introducción de una nueva propuesta de ley de inmigración, y después, este martes, el discurso del presidente Barack Obama sobre el mismo asunto.
Ambas cosas son sin duda buenas noticias tras los años de impasse en el tema. Existe incluso un cambio en el discurso en términos de reconocer la contribución de la comunidad inmigrante al país y hay aspectos que representan una mejora considerable con respecto a iniciativas anteriores, como la eliminación del requisito de que quienes soliciten la regularización de su estado migratorio deban regresar a su país de origen a realizar el trámite, que formaba parte del debate en 2007. El hecho de que haya un acuerdo inicial entre ambos partidos también ha hecho que las esperanzas vuelvan a elevarse y que se atisbe un buen escenario para que el 2013 sea el año de la reforma.
Sin embargo hay una serie de elementos que desde ahora están encendiendo algunos focos rojos entre las organizaciones activistas. Con el fin de lograr una propuesta consensuada, los legisladores demócratas han tenido que respaldar la inclusión en la iniciativa de algunos puntos no negociables de la agenda republicana. Uno de ellos es el establecer un «periodo de prueba» que aún es indefinido, pero que aparentemente podría ser de hasta cinco años o más, para que los solicitantes tengan derecho después a una residencia permanente. La extensión de este periodo, así como la aplicación de otras medidas, dependerían del estatus de la seguridad en la frontera sur, que tendría que ser evaluada satisfactoriamente bajo los criterios del Partido Republicano a fin de asegurar que una nueva oleada de ingresos ilegales no vuelva a disparar la cifra de indocumentados en el país.
Los derechos humanos y la separación de las familias
La relevancia que se otorga en la propuesta al aspecto de la seguridad se refleja en la estipulación de montos económicos elevados para reforzar el trabajo de las agencias a cargo de la inmigración, la deportación de personas con antecedentes penales o que no cuenten con las características que establecerá la ley, como la Patrulla Fronteriza y la Oficina de Aduanas e Inmigración. También se refleja en los montos de las multas que deberán pagar los solicitantes por haber violado la ley. Adicionalmente se buscará expandir el programa E-Verify y se incrementarán las sanciones a quienes contraten o hayan contratado a trabajadores indocumentados.
Para muchos de los activistas que observaron con preocupación algunos de estos puntos en el anuncio senatorial, el discurso de Obama representaba una posibilidad de recordar que el tema migratorio atraviesa por los derechos humanos y por la necesidad de evitar la separación familiar, como lo ha hecho en ocasiones anteriores. Sin embargo los breves minutos del mensaje enviado por el presidente desde la ciudad de Las Vegas resultaron una decepción. No sólo ha quedado claro que será el Partido Republicano quien lleve inicialmente la batuta a través de su agenda innegociable, sino que el presidente se ha sumado al discurso que prioriza la seguridad en la frontera por encima del bienestar de los millones que han habitado por años este país sin una oportunidad de vivir al amparo de la ley.
El sistema se beneficia de los viven al margen
No hay nada nuevo en esta postura. Durante los primeros cuatro años de su gobierno, Obama ha manejado su política migratoria únicamente desde la perspectiva del reforzamiento de la frontera. 1,580,359 inmigrantes fueron deportados durante ese periodo, y aunque el discurso gubernamental repite sin cesar que la prioridad en las deportaciones son aquellas personas con antecedentes criminales, sólo 13% de los deportados que llegaron a una corte contaban con esta característica. Los demás han sido casos que golpean día a día a la comunidad: un hombre llevado a prisión por vender elotes en un parque sin permiso; uno más que tenía un faro del auto descompuesto y fue detenido por ello; una pareja de padres de familia arrestadas por no tener identificación oficial, deportados el mismo día a Tijuana, sin saber quién recogería a sus hijos de la escuela. Lo que tal vez le falta al presidente es definir a quién se considera criminal.
Muchas personas que se encuentran en Estados Unidos sin documentos han vivido al margen de la ley debido a que ésta no contempla un mecanismo para incluirlos en la vida institucional del país. No pueden trabajar legalmente, no pueden conducir un auto para ir a trabajar, en algunos estados no pueden acceder a ciertos servicios básicos por no contar con un número de seguro social. Sin embargo trabajan, conducen autos, contratan servicios y esto ha sido así por años. La sociedad estadounidense no sólo lo sabe, sino que se sirve de ello. El empleador que paga más barato, o no paga prestaciones a quien no cuenta con los documentos. El comerciante que vende un auto a quien no tiene licencia de manejo o a quien no puede contratar un seguro. El que vende el seguro aunque el solicitante no tenga los requisitos necesarios para adquirirlo. El que brinda el servicio sabiendo que el número de seguro social que recibe es falso. Los que se benefician del intercambio económico que deriva de todo lo anterior. Un sistema que funciona de manera subterránea pero que en las leyes se encuentra fracturado. Un sistema que orilla a que quien violó la ley una vez, continúe violándola sistemáticamente. Una sociedad que sabe que esto existe y lo maneja a su conveniencia.
Nuevamente, ¿no sería tiempo de definir a quién se califica de criminal?
Las leyes de inmigración deben ser humanas y justas. Establecer un periodo «de prueba» para que los inmigrantes indocumentados puedan acceder a una residencia permanente teniendo como condición una evaluación relativa de la seguridad en una frontera que en los últimos años ha estado más segura que nunca, es preservar los niveles de vulnerabilidad de familias que han vivido durante un largo tiempo bajo la amenaza de la separación familiar. Determinar quién merece regularizar su situación con base en la evaluación que realicen una agencia de gobierno y un empleador, lanza una interrogante sobre qué ocurrirá con quienes son subempleados, con los jornaleros, las trabajadoras domésticas, los vendedores ambulantes, miles y miles de personas que por décadas han estado ahí, a los ojos de todos. Cobrar multas elevadas a quienes han vivido en esta situación como si esto fuera un hallazgo sorpresivo resulta, cuando menos, hipócrita. Y conservar las actuales políticas de inmigración mientras las negociaciones avanzan, significa que al final de este año podríamos tener otros 400,000 deportados más.
Neidi Domínguez, una joven activista de Dream Team LA, me dijo al finalizar el discurso presidencial: «El presidente menciona que tendremos que recorrer un camino de tiempo indefinido, que pude ser de cinco o de cincuenta años, para ganar la ciudadanía; pero nuestros padres han dado décadas de trabajo a este país y han contribuido a su economía, nosotros crecimos aquí. No somos criminales. Creo que merecemos una oportunidad de ser reconocidos como parte de este país».
