Exactamente ocho años atrás, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, el cruce limítrofe entre México y Estados Unidos se convirtió en el centro de atención de los paladines de la seguridad nacional, generando un debate que persiste hasta el momento. Los inmigrantes indocumentados fueron catalogados de sospechosos. Pero pese a millones de dólares invertidos no ha habido un solo arresto en la zona fronteriza relacionado con el terrorismo.
Diez días después de los atentados, dos estadounidenses blancos atacaron e hirieron en Lancaster, California, a Gerardo Pimentel, porque lo confundieron por un iraní y «lo golpearon en nombre de Estados Unidos, en represalia por los ataques terroristas», según la versión policial.
La indignación y sed de venganza de aquellos días, acoplada al racismo siempre presente en nuestra sociedad, llevaron a casi medio centenar de ataques similares, solamente en el condado de Los Angeles.
Pasaron ocho años y residentes latinos ya no son confundidos por árabes. Pero cuando se trata de la frontera entre Estados Unidos y México, persiste para muchos estadounidenses una concepción que identifica a inmigrantes indocumentados con presuntos terroristas, malévolos enemigos del país, y que acumula suficiente fuerza como para influir en la toma de decisiones de la política federal.
Que la animosidad contra los indocumentados persiste lo demuestra el agorero incidente de esta semana en el Congreso, durante el crucial discurso del presidente Obama sobre la reforma de salud. Fue su alusión al tema de los sin papeles que despertó a un congresista republicano a gritar «¡Mientes!», generando una controversia que sigue desarrollándose en este momento. Y eso que Obama dijo que los inmigrantes serán excluidos de los beneficios de la reforma…
En todos los ámbitos del gobierno, se ha asociado estrechamente la estrategia de limitar el ingreso de indocumentados con la lucha contra el terrorismo. Especialmente controversial resultó el lanzamiento, a mediados de la década pasada, de los operativos de restricción del ingreso de indocumentados en cuatro zonas de la frontera, «los corredores generalmente utilizados por 70%-80% de los indocumentados en su paso desde México», como dice el profesor Wayne Cornelius, director del centro de Estudios Comparativos de Inmigración en la Universidad de California San Diego.
Fueron la Operación Hold-The-Line en El Paso, Texas, seguida por la Operación Gatekeeper (Guardián) en el área de San Diego, la Operación Safeguard en la Arizona central y la Operación Río Grande en el sur de Texas.
«La lógica era que si se podía controlar eficientemente esos corredores, la geografía haría el resto», dice Cornelius.
Una de las conocidas consecuencias de esta política, que hizo más y más difícil el ingreso al país por las zonas hasta entonces acostumbradas por los migrantes, es que éstos se han volcado en los últimos años a terrenos inhóspitos para tratar de cruzar la frontera, a desiertos y montañas, a zonas gélidas y áreas calcinantes, con el resultado de casi cinco mil muertes desde 1994.
Los cuatro operativos fueron más de una vez vinculados con la seguridad nacional y la lucha antiterrorista.
Inmigrantes y terrorismo
Pero pese a miles de millones de dólares invertidos, no hubo ni un solo arresto de sospechoso por terrorismo en la frontera sur. En cambio, sí se ha anunciado de varios casos en los que terroristas trataron de ingresar al país para cometer sus fechorías a partir de la frontera con Canadá, o bien utilizando los puertos marítimos en ambas costas, o los aeropuertos internacionales.
Los 19 de los ataques del 9/11 residían legalmente en Estados Unidos. La estrecha red de los agentes de la Patrulla Fronteriza y de Inmigración», dice un informe de Associated Press, «entorpecieron el comercio, empeoraron el tránsito transfronterizo y costaron al contribuyente millones, quizás miles de millones de dólares.
Jeffrey Davidow, quien era embajador de Estados Unidos en México durante 9/11 y hasta 2002, insiste en que el riesgo a la seguridad es real.
«Es que sí pueden entrar terroristas a Estados Unidos. Por ejemplo, entraron decenas de miles de iraquíes por la frontera. No se trata de terroristas, sino de gente pacífica, muchos de ellos cristianos. Pero si ellos entraron, también lo pueden hacer terroristas».
Aunque los terroristas, «según mi conocimiento», reconoce Davidow, «no han utilizado México como trampolín», ello podría suceder. ¿Y el día que suceda?, Davidow no finaliza la frase, pero su gesto señala real preocupación.
Esta opinión es apoyada por Jack Riley, uno de los principales expertos en seguridad de la corporación RAND. “Que varios terroristas hayan entrado desde Canadá se puede explicar parcialmente por la presencia de comunidades árabes significativas en lugares como Toronto”, explicó Riley. “Es cierto que no existe evidencia de que se trató de infiltrar terroristas o armas por México, pero eso no significa que no lo hubo”.
En última instancia, reconoció, el problema de la frontera es político.
Para Doris Meissner, quien fue comisionada del antiguo Servicio Nacional de Inmigración INS, si las amenazas terroristas a partir del 9/11 hubiesen emanado de la frontera sur y no de la de Canadá como resultó ser, “México se hubiese encontrado en una situación muy débil”.
“No se detiene el terrorismo bloqueando las fronteras, a menos que sepamos a quienes tratan de entrar o conozcamos a los terroristas. Los del 9/11 vinieron con visas legales”, declara Meissner. “Canadá puede detener a la gente en Toronto más fácil que en su frontera. Por eso, la actual política migratoria no es una respuesta al terror”, expresa.
La identificación de inmigrantes con terroristas no deja a todos los agentes de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) satisfechos. Allen Martin, presidente de la asociación de investigadores de aduana y un agente del ICE, escribió al comité Judicial del Senado federal que “hay una falta de identidad, misión, enfoque y dirección”. “Las prioridades principales y tradicionales de la investigación de Aduanas fueron relegadas para obedecer la agenda de la nueva [agencia], que se enfoca especialmente en inmigrantes ilegales, y no necesariamente en terroristas”, dijo Martin.
La identificación de inmigrantes con delincuentes es una no intencionada consecuencia de la política nacional de inmigración impuesta a partir de 1993, cuando la misma Meissner era encargada de aplicarla. El propósito oficial era disminuir radicalmente la cantidad de cruces de indocumentados. Pero para otros, sólo se trataba de esconder la realidad del cruce.
Frontera de la hipocresía
“Esta es la frontera de la hipocresía”, afirma la abogada estadounidense Claudia Smith, quien coordina la labor de una coalición de derechos humanos en Tijuana y San Diego y ha sido frecuentemente atacada por su denuncia de muertes de inmigrantes cruzando la frontera.
“Jamás tuvimos la intención de sellar la frontera. Sólo quisimos alejarla del ojo público. Políticamente, tuvieron un gran éxito. Pero en cuanto a disuasión, no”, dice.
“Prefirieron un enfoque simbólico, de bajo costo, que hace sentirse bien, en vez del control real de la emigración”, insiste Cornelius. “Un enfoque que no perjudica los intereses económicos que se benefician de la inmigración ilegal y que no requiere sacrificio alguno del ciudadano. Cualquier otro concepto hubiese sido más costoso, política y económicamente”.
La verdadera seguridad
¿Dónde acaba la cuestión migratoria y dónde comienza el riesgo de seguridad? Para los analistas serios de la seguridad nacional, existe siempre el peligro de que a través de cualquier frontera ingresen elementos hostiles a Estados Unidos con el ánimo de efectuar actos de terrorismo contra la población y la infraestructura local.
Jack Riley menciona con preocupación la facilidad para ingresar por la frontera terrestre ciertos artefactos de contrabando a través de camiones, así como la posibilidad de que entren de manera ilegal grandes contingentes de efectivos contrarios.
Aunque la entrada legal al país han sido preferida por terroristas, Riley no descarta que haya peligro a través de la frontera sur. “Un problema de los puertos de ingreso terrestres”, amplía, “es que existen espacios muy extensos que se necesita patrullar y controlar y se requiere integrar diversas estrategias. Hay mayor probabilidad de importación de armas a través de las fronteras terrestres” que por mar o por aire.
Mientras que el riesgo de ingreso de un arma nuclear es mayor en los puertos, por el gran tamaño relativo de la misma, el riesgo del paso de terroristas a través de la frontera terrestre hace más plausible la posibilidad de ataques al suministro de agua potable o a la red de transmisión eléctrica, aventura Riley.
Colaboración
El riesgo de terrorismo llevó históricamente a cierto grado de cooperación entre Estados Unidos y México, bajo la gestión de Davidow como embajador ante Los Pinos.
“Se puede mencionar que pasamos al lado mexicano nombres de personas que creemos son terroristas. Por favor, les dijimos, revisen si estas gentes pasaron por México. Les dimos nombres de empresas que creemos que están implicadas en terrorismo. Por favor, decíamos, revisar si hicieron operaciones financieras en México”, cuenta Davidow.
“O de pronto nos enterábamos que hay un terrorista aprendiendo español. Por lo general, la respuesta era muy rápida y negativa: no, no pasaron por el país, ni hubo traslados financieros”.
Publicado inicialmente en La Opinión en 2004.
Actualizado para su publicación en hispanicLA.
