Esta semana, en lo que miembros de la comunidad defensora de los derechos de inmigrantes consideran una victoria legal, un juez ha bloqueado las nuevas reglas de la Administración Biden para los solicitantes de asilo que buscan entrar al país a través de la frontera méxico-estadounidense.
En su dictamen, el juez federal Jon Tigar, de Oakland, California, concluyó que las reglas que introdujo el gobierno federal, poco más de dos meses atrás, imponen condiciones que no reflejan lo que en 1980 la Ley 96-212 originalmente estableció para aquellos que solicitan asilo en los Estados Unidos.
Pero consciente de las consecuencias prácticas que puede tener su decisión en la región fronteriza, donde algunos anticipan un desborde masivo, el juez suspendió su resolución por un término de 14 días. Un lapso razonable para que la Administración Biden apele el dictamen o se prepare logísticamente para lo que puede venir.
Las nuevas reglas
Las nuevas reglas de asilo, que entraron en vigencia tras la expiración del Título 42, el 11 de mayo pasado, obliga a los migrantes a pedir asilo en el país que atraviesan antes de llegar a Estados Unidos. Y en el caso de entrar ilegalmente, se exponen a ser deportados sumariamente, a cinco años de exclusión y a severas penas si reinciden en su intento.
La única vía que queda abierta es solicitar una entrevista con las autoridades migratorias, desde México, utilizando el app CBP One, que como muchos críticos han sugerido no funciona apropiadamente debido a las limitaciones técnicas existentes en la frontera.
El dictamen judicial
En su dictamen, el juez Tigar dice que «los no-ciudadanos que ingresan entre los puertos de entrada, utilizando una forma de ingreso que el Congreso expresamente estableció, no pueden ver afectado su acceso al asilo«.
Si bien en una audiencia previa el juez había anticipado la resolución, que es similar a una que emitió durante la Administración Trump, los abogados del gobierno trataron de convencerlo de que en esta ocasión no se trata del mismo contexto, ya que el gobierno federal está proveyendo a los migrantes varias alternativas.
Para empezar, se excluye de esta regla a menores que no estén acompañados por familiares, a quienes tienen condiciones médicas críticas y a personas que confrontan peligro inminente en caso de ser deportados.
Los abogados del gobierno también recordaron que se estableció un programa que permite que 30,000 personas de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití puedan pedir asilo desde sus países de origen, si es que consiguen un patrocinador estadounidense. Un requisito que, como sugieren organizaciones pro inmigrantes, no es nada simple de cumplir.
Disminuyen los cruces
Como prueba de la efectividad de las medidas implementadas por la Administración Biden, los abogados le recordaron al magistrado que el número de migrantes que fueron interceptados en la frontera, tanto a fines de mayo como en junio, se redujo considerablemente.
En junio, de acuerdo a estadísticas del Departamento de Seguridad Nacional, aproximadamente 100,000 migrantes habrían cruzado la frontera de manera ilegal. Lo que representaría una caída de nada menos que un 42% respecto a mayo. El nivel más bajo desde que Biden asumió la presidencia.
Y el sistema del CBP One parece también estar dando resultados, ya que, de acuerdo a los abogados gubernamentales, 38,000 migrantes fueron procesados y admitidos en la frontera después de obtener una cita en la aplicación.
Solicitudes de asilo récord
Quienes solicitan asilo tienen que probar que retornar a su país de origen puede representar un serio peligro a su seguridad personal, debido a que sufren persecución por sus ideas políticas, identidad de género, raza, etnicidad, nacionalidad u otro factor distintivo.
De acuerdo al Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), de la Universidad de Syracuse, en los últimos años el número de migrantes que han pedido asilo ha llegado al nivel récord de más de 1.5 millones.
Con tantos migrantes en el sistema, no es inusual que algunos deban esperar a veces años antes de que su caso llegue a ser escuchado por un juez de inmigración.
Una espera interminable
Y aunque algunos republicanos, como el mal informado ex vicepresidente Mike Pence, han argumentado que después de ser liberados más del 90% de los migrantes no se presentan a sus audiencias judiciales, en realidad estadísticas del Departamento de Justicia sugieren que, al menos en el caso de aquellos que piden asilo, a solo 6% se les emitió una orden de deportación in absentia, en 2017. O sea que no se presentaron cuando su caso fue ante un magistrado.
Pero para la gran mayoría que están listos para la audiencia judicial, la espera y la incertidumbre puede ser interminable y desesperante. Con solo 400 jueces de inmigración y con límites legales de cuántos pedidos de asilo pueden ser aceptados por año, poco o nada se puede hacer. De acuerdo a TRAC, la espera promedio para los solicitantes es de 4.3 años.
En algunos casos, mucho más. Como reportó NBC News, un cliente de la abogada Rachel Kafele, de Oasis Legal Services, solicitó asilo en 2014. Nueve años después, todavía está aguardando la entrevista.
Mientras tanto, los migrantes tienen la posibilidad de saborear el American Dream que, lamentablemente, para muchos casos, se traduce en trabajos semiesclavos, insalubres y mal pagos. Pero que, a pesar de todo, son una mejor opción que la persecución, el abuso o las hambrunas que vivieron y se vive en sus países de origen.
Complicaciones
Si la resolución del juez Tigar prevalece, la situación puede seriamente complicarse para la Administración Biden que, en un año prelectoral, no quiere bajo ningún concepto que el tema migratorio se transforme en una prioridad en la agenda política.
Pero las opciones son limitadas. La única solución políticamente significativa puede surgir del Congreso Nacional con la sanción de una nueva ley de inmigración. Pero considerando que la última pieza legislativa substancial fue aprobada en 1986, como dicen algunos, en este Estados Unidos de extrema polarización política es más probable que se congele el infierno antes que los legisladores republicanos y demócratas lleguen a un acuerdo en materia migratoria.
Este artículo fue apoyado en su totalidad, o en parte, por fondos proporcionados por el Estado de California, administrados por la Biblioteca del Estado de California y el Latino Media Collaborative.
