A partir del 23 de abril se desarrolla en Ottawa, Canadá, la conferencia internacional INC-4, con la participación de 175 países y que trata finalmente de llegar a un acuerdo sobre la proliferación de millones de toneladas de botellas de plástico y otros subproductos contaminantes. Esta es la cuarta ronda de negociaciones. Reuniones anteriores en los últimos años terminaron sin resultado alguno.
Y sin embargo, el problema no puede esperar más. Cada año, alrededor de 400 millones de toneladas métricas de plásticos terminan en vertederos y lugares como océanos, ríos y costas. Estos deshechos no se descomponen completamente en menos de 400 años por estar hechos de un material no biodegradable. Pero con el uso, las sustancias básicas se liberan y transfieren a alimentos y el medio ambiente. En el agua, al descomponerse, despiden microplásticos tóxicos, y de esa manera contaminan los océanos.
Ingerir o inhalar estas partículas causa cáncer, problemas hormonales, daños hepáticos y renales, trastornos cerebrales y problemas inmunológicos.
Un reciente estudio de Plastchem enumera 4,200 productos químicos peligrosos de los más de 16,000 contenidos en los plásticos, desde los envases de alimentos hasta los neumáticos de los automóviles, todos fabricados con base en petróleo.
La mayoría de estos materiales no están regulados.
A pesar de la gravedad de la situación, la posición estadounidense hasta ahora ha reflejado casi sin cambios los intereses de la industria, y ofrece más de lo mismo: políticas para el reciclaje de botellas de plástico. Es como se sabe una práctica común aquí y que no ha dado resultados positivos pese a los miles de millones de dólares que los gobiernos invierten en ello con dinero del erario.
Ofrecen más “soluciones falsas” como el reemplazo de plásticos basados en petroquímicos con plásticos alternativos o bioplásticos, que no eliminan los daños ambientales y a la salud pública.
Esta crítica es la de una coalición de 300 científicos de 50 países, que en marzo instaron al presidente Joe Biden a “quitar de lado los obstáculos que nuestro país ha estado presentando en el camino a un acuerdo”. Lo que piden es promover soluciones basadas más en la ciencia y menos en los intereses de las corporaciones.
Adicionalmente, a principios de abril los procuradores generales de nueve estados establecieron en un documento enviado al gobierno, que “la contaminación plástica es una crisis que exige una respuesta global fuerte y coordinada” en momentos en que Estados Unidos, sigue siendo un principal generador y exportador de desechos plásticos.
Piden que el gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde como principal productor mundial de petróleo y gas. Una responsabilidad que contrasta con la oposición ejercida por países como Arabia Saudita y Rusia y las grandes petroleras nacionales.
Es necesario que la administración Biden abogue con claridad por una reducción dramática y obligatoria en la producción global de envases de plástico, estableciendo topes severos para ello, y que apoye la prohibición de las sustancias tóxicas agregadas en el proceso. Pero para ello debe sacudirse la relación simbiótica que tiene con la industria contaminante.
