Tuve la oportunidad de estar en Santiago de Chile en 2015 para dar unas conferencias sobre la situación política en México. Un mes antes, ocurrió la masacre contra estudiantes de Ayotzinapa. Entonces dije a quienes me escucharon amablemente que el sistema de libre mercado que este país sostiene desde la dictadura de Pinochet, el cual ha sido reforzado por los gobiernos de la Alianza, la Concertación y la Nueva Mayoría, le abriría las puertas al narcotráfico.
He vuelto a pensar en esos días al leer acerca del asesinato de la periodista Francisca Sandoval. La reportera fue baleada por narcos ante la mirada tolerante de la policía de Carabineros, durante una marcha de la Central Clasista de Trabajadores en el barrio Meiggs, en Santiago, el primero de Mayo. Varios videos publicados por Radio Villa Francia dan cuenta de la actuación conjunta o, al menos, cómplice, entre los policías y los asesinos. Al respecto, el gobierno entrante de Gabriel Boric ha declarado sobre la necesidad de imponer “orden”, sin considerar una investigación sobre la corporación policíaca que hizo sus delicias torturando a opositores a la dictadura de Pinochet.
Hace unos pocos años atrás, la la región de Valparaíso se sacudía con tres muertos y 61 detenidos, a causa de un enfrentamiento armado. El magazine digital El Ciudadano recogió las versiones que aseguran se trata de una guerra entre narcos locales. Y no faltó quien tradujo eso como que Chile se estaba “mexicanizando”, asumiendo que semejante grado de violencia es un fenómeno propio de México donde se registran hasta 230,000 muertes por causas relacionadas con el narcotráfico.
Por supuesto la referencia es exagerada. No se comparan ambos casos en tanto que México es uno de los países más violentos del mundo, incluso por arriba de Siria y, claro, por debajode lo que ocurre en Ucrania.
En México, la conjugación de un narco-estado es producto de una estructura que fue cediendo a lo largo de cuarenta años a los beneficios económicos y políticos que le otorgó el crimen organizado. En pos de mantener la llamada paz social, se toleró el trasiego de droga cuando las bandas de traficantes eran pequeñas comparadas con el poder del Estado.
Sin embargo, el negocio creció al grado de los 450 millones de dólares de ganancia tan solo en la frontera con Estados Unidos, y esas pequeñas agrupaciones delincuenciales se convirtieron en los carteles inmensos que son ahora, operados con mega-estructuras administrativas al par de los mejores corporativos capitalistas del mundo, reconocidos hasta por la revista Forbes.
El poder económico del narco creció tanto que rápidamente fue cooptando al sistema político. Hoy en día, hay lugares de norte y sur de México donde no puede hacerse política sin el aval del jefe de plaza. Incluso la Iglesia recibe sus narco-limosnas y los capos levantan templos a manera de donativo.
La influencia de los carteles en el sistema político mexicano es irrefutable. Y así como la producción y distribución de drogas, la trata de personas, el secuestro, la piratería o la extorsión, ahora las elecciones y la administración pública se han convertido en parte de la diversificación financiera de los carteles.
Para ejemplificar esto, nótese que hasta once exgobernadores mexicanos han sido judicializados por delitos como asociación delictuosa, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero o fraude. Al momento de este artículo, dos exgobernadores se encuentran prófugos por vínculos delictivos.
Lo que hizo posible esto fue la corrupción. En esto no sólo hay implicaciones éticas, sino prácticas. Me explico:
Cuando hablamos de corrupción hablamos de un modelo de ganancia generada a costa de la explotación de otro. Al narco, la burguesía mexicana le otorgó la llave de la administración pública porque los carteles otorgan réditos económicos y políticos. El dinero producido por el crimen organizado es tanto que se encuentra entre las tres principales fuentes de ingreso en un país de 120 millones de habitantes (166 millones, si contamos a los mexicanos en Estados Unidos). Al mismo tiempo, la violencia desatada por éste, somete la voluntad de las personas a la estrategia punitiva del Estado burgués, que a cambio de la obediencia ofrece seguridad. Así, con dinero fluctuante y una sociedad maniatada, el negocio está seguro ¿A qué político o empresario no le gusta esta combinación?
Cuando veo lo que ocurre en Chile, donde los monopolios mediáticos ya hablan de una transformación del “delincuente común” en un “sicariato” que porta armas de alto poder y tiene asociación con cárteles de la droga, reitero lo que dije en aquellos días en Santiago: el sistema político y económico en Chile es terreno fértil para que se reproduzca lo que en México hemos enfrentado por casi cuatro décadas.
Amen de que no es casualidad que se suelten tales noticias alarmistas cuando se ha producido un cambio de poder de la mano de Gabriel Boric, todo indica que los grandes capitales han soltado a los demonios de la violencia para volver al “control” que suponían los gobiernos de derecha como los de Piñera, quien gobernó con las balas del Ejército y Carabineros. Así está ocurriendo en México cuando, al arribo de Andrés Manuel López Obrador al poder, dejaron de maquillarse las cifras de la violencia para hacer suponer que la sangre derramada es culpa del cambio de régimen.
Pero hay un hecho: como para México, para Chile ya es demasiado tarde y su “mexicanización” es inevitable porque su sistema político ya le abrió las puertas a la corrupción.
Es público que los políticos chilenos han aceptado financiamiento de empresas, lo cual está prohibido por su legislación. Así, Sebastián Piñera, el presidente de los monopolios, fue judicializado por hacer negocios privados aprovechando información privilegiada de su cargo como mandatario, según documentó el diario digital El Mostrador.
A través de su offshore Bancard, el líder del partido Renovación Nacional y dueño de las aerolíneas LAN invirtió en la empresa pesquera de origen peruano Exalmar, justo en el momento en el que Chile y Perú peleaban por límites marítimos en la Corte de La Haya en el año 2014. Conociendo lo que ocurriría, Piñera compró 9.10% de las acciones de esa empresa peruana, que entonces tenía en su directorio a Pedro Pablo Kuzcynski, hoy presidente inca. ¿Y qué ocurrió? Perú ganó la demanda y Chile perdió 22,000 kilómetros de mar patrimonial, con lo que Piñera se hizo casi diez por ciento más rico.
Y esa es, esa y no otra, la lógica es la que convirtió al mexicano en un Estado sometido al narco. Porque el dinero que proviene de este es insuperable y, ante su poder, es fácil corromperse. Según la experiencia mexicana, la distancia es corta entre recibir dinero de una empresa y recibirlo de un cartel del narco.
¿Cómo evitarlo?
Las soluciones son muchas, dependiendo a quien se le pregunte.
Combatir la corrupción; separar el poder económico del político; desestigmatizar la marihuana; más cultura, más educación, prosperidad laboral, en fin. Eso ya se intenta en México con resultados insuficientes, casi nulos o, al menos, lentos. Lo que ocurre es que aquí como en Chile, se sigue haciendo negocio con la dignidad de las personas, protegiendo a los empresarios y a los militares, sin entender que, lo único que puede revertir el problema es la supresión del problema mismo: el sistema capital.
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