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En Chile, aún en medio de una pandemia, en medio de un estado de excepción, en medio de una tensa calma tras un gran estallido social, con toque de queda en todo el territorio y severas restricciones de desplazamiento, los acontecimientos siguen pasando ante nuestros ojos en cámara rápida.

Asesinato por la policía

Principalmente en la Araucanía.

Se ha confirmado el asesinato del weichafe Pablo Marchant por parte de la policía en la comuna de Carahue, región de la Araucanía. Era un joven combatiente de los ORT (Órganos de Resistencia Territorial), brazo armado de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco), organización fundada en 1998 que reivindica la recuperación e independencia de los territorios ancestrales del pueblo mapuche de la jurisdicción del Estado de Chile.

Entre las acciones de la CAM está la lucha permanente contra las grandes forestales y latifundios que pertenecen a transnacionales y winkas de la elite chilena. Son territorios que fueron arrebatados por la fuerza o de mala manera a sus ancestros.

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El asesinato de Pablo Marchant ocurrió en medio de una serie de escaramuzas nocturnas entre comuneros mapuches, policías y guardias de las forestales. Culminaron con un trabajador herido y la quema de un camión cisterna, un bus y un skidder. Inicialmente se difundió a través de la prensa nacional que el asesinado era el hijo del líder de la CAM, Ernesto Llaitul.

Sin embargo, cuando el propio Héctor Llaitul fue a reconocer el cuerpo de su hijo al Servicio Médico Legal, se percató que en realidad se trataba del cuerpo del weichafe Pablo Marchant. La noticia difundida inicialmente por la policía parece a todas luces una amenaza encubierta a Llaitul. O bien erraron el blanco de un asesinato premeditado.

Pero la creciente violencia en la Araucanía tiene varias aristas.

Raíces de la violencia en la Araucanía

Entre ellas, la militarización del territorio aprobada por el gobierno de Sebastián Piñera. Esto con el fin de proteger los latifundios y garantizar la prosecución de la tala masiva de árboles, de monocultivo y también de bosque nativo, gracias a los beneficios de los planes de manejo con fines agrícolas que le concede CONAF (Corporación Nacional Forestal) a unas pocas familias propietarias.

Súmese a ello el terror que impone el movimiento de extrema derecha APRA (Asociación Para la Paz y la Reconciliación en la Araucanía), movimiento de defensa civil de connotación paramilitar que se opone a la entrega de territorios ancestrales al pueblo Mapuche. Conformado por latifundistas, grandes comerciantes y mercenarios, es uno de los principales organizadores de la violencia en la Araucanía y ha contado con el respaldo o silencio cómplice del gobierno.

Polémico fue también el despliegue que realizó el gobierno de Piñera en la Araucanía, del Comando Jungla, policía contrainsurgente con características militares entrenada en Colombia. Provista de vehículos blindados y alta tecnología, tuvo como misión desarticular los núcleos de resistencia mapuche.

Entre sus acciones más destacadas estuvo el asesinato del comunero Camilo Catrillanca en la comuna de Lautaro. Investigaciones posteriores demostraron que Catrillanca fue acribillado mientras manejaba un tractor y no en un enfrentamiento.

Montajes y autoatentados policiales

Han contribuido, además, al clima de violencia en la Araucanía los sucesivos montajes policiales que han intentado incriminar a comuneros y comuneras mapuche. Montajes de alta complejidad o verdaderas máquinas de fabricación de pruebas falsas como fue el vergonzoso caso de la Operación Huracán, que mantuvo largo tiempo en prisión preventiva a ocho comuneros mapuche y que culminó con la expulsión y procesamiento de dos generales de inteligencia.

La propia machi Francisca Linconao, autoridad espiritual del pueblo Mapuche y actual Constituyente, fue procesada y encarcelada por supuesta complicidad en atentado terrorista y tras varios años fue absuelta de todos los cargos.

Las denuncias también apuntan a sectores de la policía involucrados en hechos de corrupción que van desde la venta de seguridad privada hasta chantajes, autoatentados y robo de madera.

De esto dio cuenta el testimonio entregado en el programa Pauta Libre de Red TV el 21 de febrero de 2021 por el ex capitán de la policía, Miguel Toledo, quien afirmó que grupos de uniformados realizan autoatentados para encubrir el robo de madera. A él se sumó el diputado René Saffirio, quien aseguró contar con información sobre “una organización al interior de la policía, en la cual están vinculados oficiales y personal de distinto rango, que vende seguridad a los interesados en explotar determinados bosques de la Araucanía”.

El conflicto está lejos de solucionarse. Todos los días hay acciones violentas y establecer el origen de cada acción no es tarea fácil.

Sin embargo, la criminalización de la reivindicación del pueblo mapuche llevada sistemáticamente a cabo por el gobierno, la prensa convencional y sectores de extrema derecha, no ha conseguido afianzar credibilidad alguna en el imaginario del resto de la población. Prueba de ello es que hoy los chilenos ven con profundo orgullo a la Presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón Antileo, académica, lingüista y activista de origen mapuche.

Ella es la encargada de guiar los destinos de Chile a través de una nueva constitución que esté acorde con los nuevos tiempos y que deje atrás, y bien sepultado, el pernicioso legado de Augusto Pinochet.

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