Hemos establecido repetidamente en esta tribuna que los métodos violentos, las acciones frecuentemente inconstitucionales y la militarización del ataque de la administración Trump contra los inmigrantes es un síntoma de la dirección general que adopta el gobierno y una señal inequívoca de que el trato nefasto reservado hoy a los indocumentados y particularmente a los latinos entre ellos inevitablemente, se extenderá a toda la población en los próximos meses.
Afirmamos también que el establecimiento de una policía encapuchada y secreta, el desprecio por las normas legales, la hostilidad contra periodistas y contra cualquier elemento que podría obstaculizar su accionar son ensayos que con el tiempo se convertirán en norma. La experiencia histórica y la naturaleza del presente gobierno así lo determinan.
Por esa razón hemos informado y razonado que el conocimiento de esas tendencias es imprescindible para la definición de un gobierno que es declaradamente antidemocrático.
También hemos aclarado repetidamente no favorecemos fronteras abiertas y que cada país tiene el derecho – es más, la obligación – de decidir quién puede entrar y luego quedase aquí. Pero no de ello se trata, sino de la supervivencia del sistema democrático y de la supervivencia y el bienestar no solo de los inmigrantes sino del resto de la comunidad.
De todo esto deriva que frente al encubrimiento de los hechos, la mentira solapada, la hostilidad contra los medios, las supuestas “investigaciones” contra quien se atreva a contradecir al Presidente y la inmunidad conferida a sus agentes, seguiremos cumpliendo la tarea periodística de informar y la editorial de criticar allí donde quepa.
La punta de lanza de la frenética actividad represiva del gobierno se dirige contra su víctima preferida, las familias migrantes.
Con una rapidez pasmosa los personeros gubernamentales comenzando por el Presidente, se dedican a desmantelar el mecanismo judicial y legal que permitió el procesamiento de millones de inmigrantes por décadas, incluyendo a sus padres, abuelos y antepasados.
Ello comenzó el mismo día de la toma de poder, el 20 de enero, cuando el jefe del Sistema de la Corte de Inmigración y sus tres lugartenientes fueron despedidos. Fue el inicio de la purga.
Desde entonces, numerosos obstáculos legales fueron desdeñados.
Trump ha expresado repetidamente su oposición a los derechos del debido proceso para los indocumentados, en el contexto de su deportación. En febrero amplió el procedimiento de deportación expedita («expedited removal«), sin acceso a las cortes. En marzo invocó la ley de Extranjeros Enemigos (Alien Enemies Act) para promover deportaciones sin juicio ni apelación, lo que fue momentáneamente suspendido por la Suprema Corte. En mayo dijo en entrevista que «Si la gente viene a nuestro país ilegalmente, hay (para ellos) un estándar diferente». Ha normalizado la deportación a terceros países donde espera a los deportados la prisión, como El Salvador o Sudán del Sur y ahora, Uganda.
Tan peligroso como ello es el cuestionamiento de la administración de la viabilidad de proporcionar juicios de inmigración para quienes optan por la legalización. Con su conocido desprecio por la verdad, Trump dice que la espera para estos juicios durará “200 años, y no es una exageración”.
Pero sí es cierto que en pocos meses de la nueva administración, la espera se ha alargado. Los millones de casos atrasados no son casualidad. Bajo la excusa de reducción del personal federal la secretaria de Justicia Pam Bondi ha despedido desde comienzos de año a unos 120 jueces de inmigración – que son funcionarios del poder ejecutivo y no judicial – sin explicaciones. Los restantes no dan abasto y no pueden tomar decisiones rápidas, por lo que las postergan las audiencias, incluso para quienes cumplen los requisitos, para el año 2029.
Además, la comparecencia a las oficinas de inmigración para esos efectos se transformó en una ruleta rusa. Agentes de inmigración armados y enmascarados esperan a los solicitantes a las puertas de las salas del tribunal y se lo pueden llevar detenido sin dar información a sus parientes o abogados, con base en alguna infracción que pudo haber sucedido décadas atrás.
El sistema de cortes de inmigración ha colapsado y su destino está en manos, no del departamento de Justicia al que pertenece, sino al de Seguridad Interna, que manda agentes para detener a los convocados.
Para detener la rápida erosión en la credibilidad del sistema, el Ejecutivo debe retirar las tropas de las salas de los tribunales migratorios, dentro y fuera de sus edificios; y aumentar y no disminuir el número de jueces de inmigración, para que tomen sus decisiones sobre los méritos de cada caso.
