Corte Suprema enmascarada y anónima

Este lunes 8 de septiembre, la Corte Suprema de Justicia levantó las restricciones a las detenciones de inmigrantes en Los Ángeles que los demandantes habían calificado correctamente como “flagrante perfilamiento racial”. 

En su decisión, anuló la orden de un juez federal que había prohibido que agentes de ICE y otras agencias del gobierno efectúen redadas indiscriminadas en su caza de indocumentados.

Y si bien el dictamen se enfocó en el área de Los Ángeles, su significado es nacional y rige también para Nueva York y otros estados con amplia población hispana.  

Las redadas han llevado a la detención indiscriminada de miles de latinos en el Sur de California, entre jornaleros, lavadores de autos, campesinos, cuidadores de salud y otros. Entre ellos han habido repetidos casos de ciudadanos arrestados por cómo se veían, vestían o hablaban. 

Una vez más, la Corte Suprema de Justicia tomó una decisión contraria a lo que dictaminaron varios tribunales inferiores, que de manera responsable habían tomado en cuenta las leyes existentes, la Constitución, la jurisprudencia compuesta por los precedentes y sentencias ya convertidos en doctrina. 

Una vez más, la brevísima orden fue emitida sin firma ni explicación alguna, en carácter de expediente de emergencia, lo que la convierte en arbitraria e ilógica, porque permite al tribunal establecer jurisprudencia sin explicar su análisis ni tomar responsabilidad por un razonamiento que no sigue el sentido de la Constitución, y al mismo tiempo habilita su exigencia de que los juzgados inferiores sigan obligatoriamente su ejemplo. 

Y una vez más, esa decisión se alínea con los deseos y caprichos del presidente Trump, llevando al máximo tribunal del país a un punto cercano a su capitulación del rol del Poder Judicial como de igual importancia y derechos que el Ejecutivo y el Legislativo. 

La mayoría de la Corte Suprema ha tirado por la borda el respeto a la Cuarta Enmienda de la Constitución, violada por las acciones de ICE y que dice: 

“El derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán al efecto órdenes que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser detenidas o embargadas”.

Sonia Sotomayor, una de las tres juezas que se opusieron al fallo, dijo: «No deberíamos tener que vivir en un país donde el gobierno puede apoderarse de cualquiera que parezca latino, habla español y parece trabajar en un trabajo de bajos salarios».

Y dijo la alcaldesa de Los Ángeles Karen Bass: «El fallo de hoy no solo es peligroso, no es estadounidense y amenaza el tejido de la libertad personal en Estados Unidos de América».

Ambas críticas son correctas. 

El tribunal encabezado por John Roberts, acercándose a una triste figura que funciona como sello de goma de los excesos de un régimen autoritario, dictaminó que los agentes federales enmascarados pueden discriminar racialmente a quienes quieran, y sin el debido proceso ni orden judicial, secuestrarlos en la calle sin dar ninguna explicación. 

Parecería que al someter decisiones anónimas, el tribunal se parece a los agentes migratorios que ocultan sus caras tras máscaras. 

Afortunadamente, esta no es la última palabra en el caso, ya que está también pendiente ante un tribunal federal de apelaciones dependiendo del resultado y puede llegar nuevamente a los jueces del máximo tribunal.

En los próximos días seremos testigos de la reanudación de la cacería de latinos en sitios de trabajo, tiendas de productos para la construcción, escuelas, hospitales, fábricas y en las calles. Y todo ello con el visto bueno de la Suprema Corte. 

Es imposible no protestar contra esta injusticia que atenta directamente contra nuestra comunidad.