Los inmigrantes indocumentados tienen derechos

Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en el último mes se ha detenido a más de 200 mil personas presuntamente indocumentadas. De ellas, al menos 8,000 personas han sido deportadas, la mayoría a países de América del Sur y América Central. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas  ha recibido instrucciones de detener al menos entre 1,200 y 1,500 personas al día.

Estos fueron los temas principales de la conferencia semanal de Ethnic Media Services(EMS), que coordinó Sunita Sohrabji, editora de salud de EMS, quien empezó la conferencia diciendo: “En las últimas tres semanas, hemos sido testigos con horror de las deportaciones masivas de tantas personas, muchas de las cuales no han cometido ningún delito. Los oradores de esta semana discutirán cómo los inmigrantes pueden protegerse cuando los agentes de ICE aparecen en sus hogares, lugares de trabajo e incluso, de manera alarmante, en las escuelas. También hablarán sobre los derechos de los inmigrantes mientras están detenidos por ICE”.

Los centros de detención son deplorables porque son un negocio privado

La primera oradora de la reunión fue Maru Mora Villalpando, activista del grupo “La Resistencia” y directora ejecutiva de Latino Advocacy, quien viene apoyando desde hace tiempo a detenidos en los centros de detención que realizan huelgas de hambre para protestar contra las condiciones de esos centros. La primera de esas huelgas de hambre involucró a 1.200 personas y ocurrió en 2014.

“Desde entonces, trabajamos directamente con personas detenidas en el Centro de Detención de Tacoma y con sus seres queridos para hacer públicas las condiciones de detención, las huelgas de hambre son la herramienta que ellos tienen para llamar la atención sobre sus condiciones, ya que, ante las quejas, no reciben ninguna respuesta a sus reclamos”, dijo Mora Villalpando.

“Durante el año pasado, hubo 15 huelgas de hambre y la principal demanda es la comida. La calidad de la comida es horrible, pero además hay una falta total de ropa limpia cuando las personas llegan al centro de detención y una total falta de atención médica”, dijo Mora Villalpando.

Y explicó: “En el centro de detención de Tacoma luchamos durante muchos años para presentar una demanda contra GEO, la corporación que es dueña y administra el centro de detención, por obligar a las personas detenidas a trabajar por un dólar al día. Ganamos esa demanda, y desde que ganamos, GEO eliminó este programa, pero se niegan a contratar personal de limpieza, porque antes eran los mismos detenidos quienes realizaban la limpieza del centro”. “Todo esto sucede porque como sabemos, su única prioridad es la ganancia. Debido a eso, también hemos visto un aumento en enfermedades, especialmente enfermedades infecciosas. El año pasado, vimos morir a dos personas”, remarcó.

En relación a la procedencia de las personas detenidas por el ICE, Mora Villalpando destacó que, si bien la mayoría son hispanoamericanos, también de otras procedencias: “Aquí hemos visto un grupo grande de personas de la India llegando en los últimos dos años. También ha habido una gran población del sudeste asiático aquí. Hemos visto a muchos ucranianos y rusos, europeos del este en general y camboyanos”.

Como conclusión sobre los centros de detención, Mora Villalpando remarcó: “Hemos logrado movilizar tanto a la ciudad de Tacoma como al estado de Washington para tomar acción. Hemos podido aprobar leyes estatales para que las agencias estatales asuman la jurisdicción de estenegocio, porque es un negocio, es un negocio privado”.

Por último, sobre la ola de redadas, opinó: “Parece que se trata más de la teatralidad y la apariencia. Por eso los aviones militares, que ya han usado antes. No es nuevo, pero también es la deshumanización de las personas. Invitamos a todos a no caer en esa retórica que el sistema usa para justificar nuestra detención llamándonos ilegales. Ilegal es un acto, no una persona. Y somos personas”.

Sin una orden de un juez, el arresto es ilegal

La doctora Amanda Alvarado Ford, subdirectora legal del Immigration Institute of the Bay Area (IIBA), quien ha trabajado con inmigrantes durante más de dos décadas, empezó su participación en el evento diciendo: “Este no es el momento de entrar en pánico. Es un momento para reconocer que tenemos derechos, que tenemos poder, porque como personas indocumentadas en los Estados Unidos, seguimos siendo beneficiarios de protecciones constitucionales”.

La doctora Alvarado Ford fue describiendo las situaciones posibles y detalló cuáles deberían ser las actitudes de las personas para defenderse. Empezó hablando de las remociones aceleradas, que es la capacidad de deportar rápidamente a los indocumentados. “Aquí, lo importante es saber que, si alguien está indocumentado, pero ha estado en Estados Unidos por más de dos años, entonces en realidad tiene derecho a una audiencia. Y por eso es importante, tener documentos que demuestren los dos años de permanencia, tienen que estar en un lugar seguro, donde los encuentre la persona y también sus seres queridos sepan cómo acceder a ellos, para ser presentados ante un juez de inmigración”, explicó. En relación a que la persona tenga alguna solicitud de asilo o visas de para sobrevivientes de crímenes, o de trata de personas, o de abuso doméstico, explicó que es muy importante tener una foto de esos documentos en el teléfono móvil.

Luego, remarcó: “Llegado el punto del problema, tenemos dos escenarios. El escenario previo al arresto, y el escenario posterior al arresto. Antes de ser arrestado, tenemos el derecho de permanecer en silencio. No decir nada. Nunca mentir a un oficial de ICE. Siempre, hacer valer el derecho a quedarnos en silencio de una manera respetuosa, para evitar cualquier dureza innecesaria por parte del agente de ICE”.

“Ahora bien –continuó-, si nos encontramos con un agente de ICE en la puerta de nuestra casa, tenemos el derecho de exigir una orden judicial. No abrirle la puerta a ICE en casa en ausencia de una orden judicial firmada por un juez de tribunal de distrito. Que muestren esa orden por el buzón, por debajo de la puerta o por una ventana. Y examinarlo cuidadosamente y no sentirnos presionados, por más difícil que sea, tenemos que recordar respirar y recordar nuestros derechos. Si es solo una orden de ICE para arresto de inmigrante, hay que decirle al oficial que se retire y uno no debe dudar en decir esto”.

“Ahora, si uno es arrestado por ICE, cambia la estrategia, ahí sí hay que hablar, apelar al derecho de hablar con un abogado. Hay que decir que tenemos miedo de regresar a nuestro país de origen, es ese el momento para obtener esa audiencia ante un juez de inmigración”, dijo.

Por último, se refirió a un intento de detención en el trabajo: “Si ICE entra en nuestro lugar de trabajo y es una oficina o algún otro tipo de negocio, tenemos espacios públicos en nuestro lugar de trabajo y áreas privadas de trabajo. Un agente de ICE podría entrar en un área de recepción, que sería el espacio público, pero no tienen derecho a entrar en nuestra oficina trasera. Además, debermos exigir que muestren la orden judicial firmada por un juez del tribunal de distrito”.

Si los niños no están en la escuela, perdemos todos

Viridiana Carrizales, fundadora de ImmSchools, habló sobre los derechos de los niños en las escuelas.

Empezó con una sentencia: “Ningún niño debería tener miedo de ir a la escuela. Ningún niño debería temer a los lugares que están destinados a protegerlos. Y en eso venimos trabajando hace ocho años, con escuelas de todo el país para asegurarnos de que los maestros, los directores y el personal escolar comprendan los derechos que tienen los estudiantes y estén mejor preparados para apoyarlos en las aulas”.

Remarcó que actualmente, hay aproximadamente 5.5 millones de niños en el sistema educativo que son indocumentados o viven con al menos un padre indocumentado. La mayoría de ellos son ciudadanos estadounidenses, nacidos en el país, pero con padres indocumentados. Al respecto, Carrizales, remarcó: “Esto es lo que está en juego: 5.5 millones de familias que se preguntan si deberían llevar a sus hijos a la escuela, si es seguro que suban al autobús escolar. Y si los niños no están en la escuela, perdemos todos”.

Pero Carrizales hizo énfasis en el fallo histórico de 1982, Plyler v. Doe, y recordó: “Esta decisión estableció que todo niño en este país, sin importar su estatus migratorio ni el de sus padres, tiene el derecho de asistir a la escuela, desde preescolar hasta secundaria”. Y se explayó: “Una escuela no puede solicitar, preguntar, recopilar ni documentar ninguna información sobre el estatus migratorio de un estudiante o de su familia”.

“Por todo esto –siguió Carrizales- estamos diciendo a los padres: lleven a sus hijos a la escuela. Estén atentos, estén alerta, pero llévenlos a la escuela. Porque, al final, muchos de nosotros vinimos a este país para que nuestros hijos tuvieran la oportunidad de un mejor futuro y una mejor vida, y todo comienza con la educación, así que asegurémonos de que no les quiten ese derecho a nuestros hijos”.

Va en contra de lo que representa Estados Unidos

El último orador fue Oscar Sarabia Roman, abogado del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la American Civil Liberties Union (ACLU), que ya presentó tres demandas contra las órdenes ejecutivas del nuevo gobierno.

“La primera demanda que presentamos –comenzó Sarabia Roman– fue contra la orden ejecutiva sobre la ciudadanía por nacimiento. La ciudadanía por nacimiento es el principio que establece que todo bebé nacido en los Estados Unidos es ciudadano estadounidense.Ahora, la administración está intentando desmantelar este principio, aunque está protegido por la Constitución, específicamente por la 14ª Enmienda”.

Concretamente, según el abogado, “esto significa que muchas parejas embarazadas, incluso aquellas con visa, ahora temen qué pasará con sus bebés recién nacidos. Esto podría, por ejemplo, significar que se les niegue el acceso a atención médica y nutrición básica, lo que pondría en gran riesgo a estos bebés en una etapa de vida muy vulnerable”. “Por eso, estamos demandando para detener esta orden ejecutiva ilegal, que es cruel y va en contra de lo que representa Estados Unidos. Hasta ahora, dos tribunales en dos demandas separadas pero similares han fallado en contra de esta orden ejecutiva y la han bloqueado”, remarcó.

El siguiente tema fue el ataque a las solicitudes de asilo, y según Sarabia Roman, “bajo la Proclamación 212, Trump busca cerrar completamente el acceso al asilo en la frontera, lo que pondría en riesgo las vidas de miles de personas, que enfrentan el retorno a países donde corren un gran riesgo de persecución. Las acciones de Trump ignoran protecciones explícitas establecidas por el Congreso y respaldadas por los tribunales durante generaciones para garantizar las solicitudes de asilo. Por eso estamos demandando, porque ningún presidente tiene la autoridad de anular unilateralmente las protecciones que el Congreso ha otorgado explícitamente a quienes huyen del peligro”.

“Y, finalmente, estamos desafiando la expansión de las deportaciones aceleradas, desgarrando comunidades enteras. Esta política apunta a inmigrantes que no puedan demostrar que han estado en Estados Unidos de manera continua por dos años o más. Pero el debido proceso exige que estas personas tengan derecho a una audiencia justa, lo que esta nueva norma les niega por completo. Es un ataque contra nuestras comunidades, nuestra Constitución y nuestros valores fundamentales como país”, subrayó.