“¡Niño, déjese ahí!”.
Ah, ¿verdad? Estoy segura de que a todos, aunque sea por un microsegundo, les dio un vuelco el corazón. Es que qué difícil es cuando eres niño dejar de hacer las cosas que quieres, pero que por alguna razón te están prohibidas. Los omnipresentes padres, al menos en la cultura de mi país, siempre le dicen a uno qué hacer y qué no hacer, lo que está bien y lo que está mal, y si el caso es lo segundo, pues la acción u obra en cuestión se suprime y listo. La sociedad entera estará de acuerdo con ello, porque tus padres siempre quieren lo mejor para ti.
En un país que fue gobernado durante más de siete décadas por el mismo partido, el PRI, este esquema fue cuidadosamente trasplantado del núcleo familiar a las estructuras institucionales y del Estado. Nacía así el gobierno paternalista, gran orgullo de la gran familia mexicana que compone a la gran nación. El gobierno, tan experto él –siete décadas, gente; no es cualquier cosa– era la instancia indicada para tomar las decisiones a nombre de los mexicanos; nadie como Papá Gobierno para guiar los destinos de una nación.
En este marco, el 6 de junio de 1977 Papá Gobierno creó la dirección de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), una dependencia federal bajo la supervisión de la Secretaría de Gobernación –el equivalente al Ministerio del Interior en otros países– cuyas atribuciones consistirían, según su acta constitutiva, en supervisar “los contenidos de radio, televisión y cinematografía, para su clasificación, transmisión, comercialización, distribución y exhibición, según sea el caso”. Es decir, entre otras cosas, para ejercer la censura sobre la producción informativa, creativa y artística en medios.
Desde entonces, la tijera aplicada por Papá Gobierno a través de RTC se volvió un elemento común en la vida nacional. Recuerdo infinidad de veces, cuando niña, haber presenciado cortes abruptos en la programación de radio o televisión porque los productores habían recibido un telefonazo de RTC. Conductores, periodistas y actores fueron vetados en infinidad de ocasiones por decir algo indebido al aire –un caso muy sonado, por ejemplo, fue el de un conocido cómico que bromeó con el nombre del prócer mexicano don Benito Juárez y su esposa Margarita, refiriéndose a ellos como “bomberito Juárez y su esposa manguerita”. Su programa salió del aire por orden de RTC.
En las décadas recientes, la caída del PRI, la apertura en los medios, la llegada de Internet y algunos otros elementos, han contribuido a que la tijera sea cada vez menos frecuente y menos afilada. Hoy nadie despediría a un cómico por la broma del bomberito y cosas mucho peores se escuchan en los medios de manera cotidiana. Sin embargo RTC sigue existiendo y sus funciones siguen siendo las mismas: supervisar los contenidos que se transmitirán por cualquier medio para salvaguardar la legalidad y la integridad de los productos que llegan a las audiencias. Las producciones fílmicas entran en esta categoría: para que una película, la que sea, se pueda proyectar en las salas comerciales de mi país, Papá Gobierno tiene que dar su autorización.
La noche de este miércoles el tema de la tijera de RTC regresó a la primera plana de los diarios y al tiempo triple A de los noticieros. Resulta que una jueza del Distrito Federal informó a la Secretaría de Gobernación sobre la suspensión provisional de la autorización para la exhibición comercial del documental “Presunto Culpable”. Esta obra, producida por Layda Negrete y Roberto Hernández, hace el seguimiento del proceso judicial de una persona a la que culpan de un asesinato. Durante la pieza se va poniendo en evidencia una serie de irregularidades que dejan mal parado al sistema judicial mexicano.
La razón para la suspensión es la presentación de una demanda de amparo en contra de RTC por parte de uno de los personajes que aparece en el documental, quien funge como testigo en contra del acusado. El argumento de esta persona es que él no dio permiso alguno para que sus imágenes o sus declaraciones fueran usadas en el filme, y que por tanto RTC tampoco tendría que haber aprobado su distribución hasta asegurarse de que existiera dicho permiso. Los productores consideran que esto no era necesario porque, por ley, en México todos los juicios son de carácter público; así lo demuestra, agregaron, el hecho de haber recibido el permiso de RTC.
Tan pronto se dio a conocer la orden de suspensión, las redes sociales y los noticieros se llenaron de indignación y de debates en torno a la legalidad o no de la medida. “¡Censura!, fue el grito de la mayoría porque claro, un juez ordenando la suspensión de un documental sobre deficiencias en el sistema judicial, resulta una coincidencia difícil de creer. “¡Respeto a los derechos del individuo!”, clamaban sin embargo algunos otros, al aducir que el afectado está en todo su derecho de ampararse si el documental afecta su imagen y sus intereses. En el mejor de los casos, hubo algunos que acudieron a cotejar la ley para determinar los límites de un lado y del otro.
Sólo un rato después de seguir la discusión, me brincó una idea gracias a un comentario de uno de mis contactos: ¿Y por qué nadie cuestiona el hecho de que a estas alturas, en pleno siglo XXI y bajo un sistema supuestamente democrático, la producción cinematográfica mexicana siga teniendo que ser aprobada por el gobierno? ¿Por qué los productores de un filme independiente, que cuestiona a uno de los tres poderes gubernamentales, se jacta de haber recibido “permiso” del mismo gobierno para proyectar su obra?
Cientos, miles de comentarios surgieron y seguirán apareciendo en los próximos días, en torno al ejercicio de la censura, o no, por parte de RTC. Pero ninguno, hasta ahora, ha sugerido la necesidad de modificar el control que el gobierno ejerce sobre la difusión de la creación artística y la propiedad intelectual, para dar paso a un sistema de regulación creado por la propia sociedad. En países como Estados Unidos existe una junta no gubernamental que determina, entre otras cosas, la clasificación de la película en función del rango de edad de sus audiencias. Esto es aceptable y los criterios pueden estar a debate, pero bajo ninguna circunstancia una instancia de este tipo podría decidir que la obra no debe ser proyectada. En mi país, sin embargo, RTC sí lo puede hacer.
Creo que es de celebrarse que finalmente en México la sociedad reaccione tan rápido en los casos en los que considera que se violenta su derecho a la libre expresión; pero creo también que aún nos falta salir de la zona de confort en la que estuvimos durante muchos años y empezar a tomar nuestras propias decisiones como sociedad. Muchas de ellas las seguimos dejando en manos de Papá Gobierno, y de eso, todos somos presuntos culpables.
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