Para ser honesto, cuando leí la noticia de que el presidente electo Joe Biden planea firmar una legislación que permita a los inmigrantes regularizar su situación migratoria me pareció una gran noticia.
Pero todavía no se puede celebrar.
Han pasado casi 35 años desde que se aprobó la última legislación que legalizó a unos tres millones de inmigrantes, el IRCA, firmado por el entonces presidente Ronald Reagan. Desde entonces, parece que lo único que se ha hecho es criminalizar a los trabajadores, formar un clima de miedo y hacerles la vida imposible para que, en un punto, si es que no han sido deportados, que se vayan por su cuenta.
Por lo menos ese fue uno de los planes de la Proposición 187 en 1994 en California, de la ley federal Sensenbrenner firmada en diciembre del 2005 y de los innumerables decretos antiinmigrantes aprobados desde la llegada de Trump a la Casa Blanca en el 2016.
Desafortunadamente, muchos de esos decretos y medidas también recibieron el apoyo de administraciones demócratas.
Un ejemplo es la ley 245i firmada por Bill Clinton en 1994. Esa medida era clave. Permitía a los inmigrantes seguir arreglando sus documentos desde dentro del país con un pago de mil dólares. Y sin tener que volver a sus lugares de origen. Una vez que entró en efecto la medida en el 2001, fue casi imposible arreglar documentos para las personas que habían entrado en forma ilegal al país.
Es por eso que cuando leí que Biden planea mandar un paquete migratorio tan pronto llegue a la Casa Blanca para que sea discutido y aprobado por el Congreso, me sorprendió.
Biden también planea dar una vía a la ciudadanía a los migrantes amparados por DACA y TPS; además de firmar órdenes ejecutivas que beneficiarían a migrantes de Venezuela, sin olvidar a los trabajadores esenciales que actualmente no tienen ninguna protección migratoria.
Soy escéptico frente a ese tipo de noticias. Entre otros motivos, porque en 2008 se planeaba una reforma migratoria con el presidente Obama. Al igual que en la nueva era política, los demócratas tenían la Presidencia y mayorías en la Cámara Baja y el Senado. Pero por diversas razones, justificables o no, todó cambio y una vez más las 11 millones de personas sin papeles se quedaron en el limbo.
¿Qué pasará ahora?
Me hubiera gustado que las buenas intenciones de Biden fuesen suficientes. Que la reforma migratoria se convierta en ley tan fácil como se escucha. Sería un verdadero alivio para las familias migrantes. Aquellas que por décadas viven bajo el miedo si se deporta al padre o a la madre o a ambos. No obstante, el Congreso primero debe aprobar el paquete.
Es precisamente aquí donde se genera la duda.
Con el voto de Kamala Harris como vicepresidenta se puede lograr la mayoría demócrata en el Senado. Pero bastaría un solo «republicano disfrazado de demócrata» para echar a perder la fiesta. Es por eso que, aunque la noticia hoy causa una gran felicidad, no será una sonrisa completa hasta que el nuevo Presidente firme la ley.
Agustín Durán es editor de Metro del periódico La Opinión.
