Chetumal 22 de agosto del 2009.
Esta semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA estuvo en Honduras reuniéndose con actores de la política y de la sociedad local. La composición de la comisión no hizo especial ilusión a las autoridades hondureñas, por la presencia de integrantes de países con los que Honduras ha roto, o está a punto de romper, relaciones diplomáticas, y porque éstos no quisieron reunirse con un gobierno al que no reconocen. Presidida por la Venezolana Luz Patricia Mejía, sus miembros fueron el primer vicepresidente Víctor Abramovich, de nacionalidad argentina; el segundo vicepresidente y relator para Honduras, Felipe González, originario de Chile; el comisionado Paolo Carozza, de Estados Unidos; el secretario ejecutivo Santiago A. Cantán, de la Argentina; la relatora especial para la libertad de expresión Catalina Botero, de nacionalidad colombiana, y el personal adicional de la Secretaría Ejecutiva.
A pesar de los recelos, la Comisión se reunió con muchos actores y eso hizo que la semana transcurriera relativamente tranquila en Tegucigalpa.
Una semana tranquila
Sorprende que a pesar de no reunirse con Micheletti, sí lo hicieran con el Ministro de Defensa –integrante del gobierno-, el ejército y la policía. Me llama la atención, porque nuevamente un organismo internacional presta una atención política de primer orden a las fuerzas armadas, lo que está avalando el que efectivamente, para la comunidad internacional éste fue un golpe militar y los “políticos” son títeres del verdadero poder militar. Ya he señalado en otros reportes que éste es un peligroso error que puede traer consecuencias peligrosas para el resto de la región. Llama la atención que una comisión internacional se desplace a conocer los “abusos” a los derechos humanos de un gobierno que no reconoce.
Ciertamente la Comisión se reunió en su sede del hotel Intercontinental, además de con los señalados, con diputados del Congreso Nacional, el Comisionado de los derechos humanos, miembros de la Corte Suprema de Justicia, e integrantes de la sociedad civil de uno y otro sector; además viajó por dsitintas partes del país para ampliar su conocimiento sobre las denuncias.
En su avance de reporte final presentado el 21 en Tegucigalpa se señala que los abusos a los derechos humanos cometidos en Honduras son los siguientes: uso desproporcionado de la fuerza para reprimir manifestaciones que en su mayoría fueron pacíficas, preocupando la presencia militar y de grupos de operaciones especiales de la policía en varias protestas; cuatro muertos y varios heridos; maltratos a mujeres y una violación en San Pedro Sula por parte de policías, y detenciones arbitrarias durante toques de queda que eran notificados con muy poco tiempo de anticipación.
Abusos a los derechos humanos
Ciertamente estas conclusiones difieren mucho de las graves denuncias que determinados organismos internacionales, algunos intelectuales, y la propaganda expresada en Radio Globo, Tele Sur, y otros voceros relacionados con Zelaya han estado señalando. Tampoco recoge las que presentaron la asociación de periodistas del país sobre las amenazas y atentados que sufrieron por parte de melistas, ni de los padres de familia sobre los maestros; sin embargo deberemos esperar al informe final para conocer con más detalle las conclusiones finales.
El ex presidente Zelaya sigue viajando, lo que le tiene entretenido y ello ha permitido que se le ocurra otra forma de presión sobre el gobierno de Micheletti. Al darse cuenta de la reacción de los diplomáticos hondureños que ha encontrado en los países que visitó, solicitó a los países anfitriones que les retiren las credenciales. Así en Argentina, Chile, España, Costa Rica y Nicaragua los diplomáticos han perdido sus credenciales; supongo que el embajador en Brasil tuvo “suerte” de tener que ir al hospital por una amenaza de infarto cuando Zelaya llegó a ese país, y que Perú no estaría en muchas condiciones de hacer caso a las peticiones de Zelaya después de un recibimiento que no fue de estado, sino de trabajo.
Voceros de Zelaya
Eso ha ido unido con el definitivo rompimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela, que ya venía de antes y de Argentina, cuyos diplomáticos al no reconocer al gobierno de Micheletti, se han quedado encerrados en la embajada en Tegucigalpa esperando pasar el tiempo, al vencerse sus visados diplomáticos y no haber regularizado su situación migratoria como “turistas”.
En todo este “juego” de reconocimientos, y desconocimientos, son muchos los países importantes en los que los diplomáticos hondureños han reconocido el gobierno de “facto” en Honduras, probablemente muchos más de los que pensaba el propio Zelaya. Hay que recordar que en un sistema diplomático, con una carrera muy débil, los embajadores son personas de la absoluta confianza del presidente, por lo que debe ser doloroso para el ex presidente que estas personas se le hayan “volteado” (lo que también refleja muy bien la situación interna hondureña).
Entre todas las embajadas y consulados, sin duda la joya de la corona es Estados Unidos, por la importante presencia de paisanos en esas zonas. No es ningún secreto que muchos embajadores en el pasado y si no se arregla en el futuro también, fueron designados para defender sus intereses comerciales -salvando honrosas excepciones- y que muchos cónsules en Estados Unidos tuvieron la oportunidad de su vida para hacer dinero a costa de los migrantes pobres. A pesar de que las tarifas oficiales son de unos 25 dólares por cualquier trámite, tuve la experiencia personal que en 2001, por reconocer mi matrimonio con una ciudadana hondureña y registrar el nacimiento de mi primera hija me cobraron 80 dólares por cada gestión en el consulado de Washington (lo que por cierto luego hubo que repetir en Tegucigalpa porque los consulados no tienen facultades para actuar representando al estado).
Escándalos de corrupción
Esa experiencia personal es conocida y sufrida por muchos ciudadanos hondureños y se reconocen de tanto en tanto grandes escándalos de corrupción que nunca han sido enfrentados de forma directa. Bien: en esta crisis política el embajador en Estados Unidos, diplomático de carrera, se posicionó con Micheletti y tuvo que dejar la representación, mientras que muchos cónsules permanecieron en el cargo manteniendo su estatus y sus prebendas (lo que está generando problemas ahora, tanto por las acciones consulares normales, como por la organización de la futura votación de hondureños en Estados Unidos).
A lo largo de esta semana conocimos que el gobierno de Micheletti ya recibió los informes de todos los órganos políticos hondureños, excepto el que se demandó a la Corte Suprema de Justicia, que está por ser entregado, para poder proseguir el diálogo de San José, y el vicepresidente Pineda Ponce volvió a señalar que están de acuerdo con gran parte de los puntos, excepto en el regreso de Manuel Zelaya Rosales, que se considera imposible por las autoridades establecidas.
Por otra parte, los miembros de la comisión negociadora en Costa Rica de Micheletti, excepto el canciller López Contreras, viajaron en dos ocasiones a Washington en donde se reunieron con Insulza “pactando” la llegada de los ministros de Relaciones Exteriores comisionados, con la presencia finalmente del Secretario General de la OEA y también se reunieron con importantes funcionarios del departamento de Estado.
Entonces, la diplomacia siguió funcionando y tendremos que ver que es lo que sucede la semana que viene con la presencia de Insulza y los embajadores en Tegucigalpa, ya sí reuniéndose con el gobierno de “facto” hondureño. Es previsible por las declaraciones de Pineda y de otros funcionarios que el “diálogo” de San José siga intentándose; sin embargo es muy difícil, por no decir imposible que el regreso de Zelaya sea posible.
En estos días Zelaya señaló que ya no quería regresar a Honduras porque temía por su vida. Al mismo tiempo, la ex vicecanciller Beatriz Valle volvió a señalar que antes del 1 de septiembre Zelaya regresaría.
Zelaya no vuelve
Si el ex presidente no reconoce que sus errores autoritarios generaron la crisis, no entiende que debe dar la oportunidad a su pueblo a expresarse en unas elecciones libres inspeccionadas por la comunidad internacional y que esta situación se debe aprovechar para modificar muchas condiciones autoritarias del sistema político, no vamos por buen camino y la crisis se seguirá extendiendo indefinidamente.
La comunidad internacional cada vez manifiesta con más contundencia la negativa a reconocer las elecciones de noviembre en Honduras. He señalado en diferentes ocasiones que eso es un error político difícilmente justificable. Hasta la fecha todos los candidatos se mantienen en liza, aunque Carlos H. Reyes, líder de la izquierda, ha afirmado que seguramente retiraría su candidatura.
Honduras celebrará las elecciones, y lo hará con la máxima transparencia que la comunidad internacional le permita, le guste o no a ésta. Si la izquierda tradicional (muy minoritaria hasta la fecha, pero que en esta ocasión quizás pudiera incrementar su voto) no participa, sería una lástima y seguramente nos encontraremos que la respuesta de Insulza no será la misma que señala sobre Venezuela, cuando afirmó que si la oposición no quiere presentarse es su problema. Pero así es la vida y en Honduras se da la circunstancia de que se creen que viven en un país soberano e independiente.
Las cosas que preocupan a la mayoría de la población ahora son la expansión de la influenza y la huelga de maestros, que la comunidad internacional les permita ser una nación soberana, la clasificación al Mundial y que Miss Honduras entre esta semana entre las quince más bellas del mundo (no me atrevo a señalar el orden de las preocupaciones porque eso es muy personal).
Hay que irse fijando en los editoriales de los principales periódicos hondureños porque cada vez con más insistencia se reclama diálogo y la necesidad de reformar el sistema político de una forma conjunta, para salir de una crisis política que ha tensionado mucho, que ha dividido, y por qué no, que ha sido utilizada por actores internos con fines personales, para justificar acciones, o para cambiar la imagen que se tenía de ellos con el fin de que sus carreras políticas no mueran prematuramente.
