En el fragor de las últimas batallas y escaramuzas a dos semanas de las elecciones quizás haya pasado desapercibido que un juez federal otorgó esta semana una moción de juicio sumario y bloqueó permanentemente el intento del gobierno de Trump de negar asistencia alimentaria a casi un millón de personas necesitadas. Parte de la guerra del gobierno contra los pobres.
Se trata de modificaciones que el Departamento de Agricultura (USDA) pretendió imponer al programa Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria llamado popularmente SNAP por sus siglas en inglés, que ayuda a 36 millones de estadounidenses. Iba a eliminar la discreción de los estados para renunciar a los requisitos laborales en áreas económicas en dificultades.
Una estrategia contra los pobres
La iniciativa de USDA a partir de diciembre pasado estaba destinada a dificultar la vida de los pobres y las minorías. Limitaría la capacidad de los estados para extender los beneficios otorgados a través de SNAP más allá de tres meses, para una categoría de personas adultas.
El cambio ordenado era particularmente cruel porque se ensañaba con los más débiles, con quienes no tienen representación política ni fuerza económica ni contactos personales con el poder y por lo tanto están afuera del círculo de decisiones y beneficios de esta presidencia.
La guerra del gobierno contra los pobres quería implementarse en plena crisis del coronavirus, que mató ya a 220,000 estadounidenses y que limita la movilidad y capacidad de las personas de salir adelante, y en plena crisis económica que cuadruplicó la cesantía, causada precisamente por la ineptitud del gobierno en detener el avance de la pandemia mortal.
Entre febrero y mayo de este año, la cantidad de personas que piden ayuda de comida había subido un 17% con más de 6 millones de nuevos solicitantes. La demanda de ayuda – y el crecimiento de la pobreza – es tal que los estados no dan abastos ni son capaces de registrar a todos los solicitantes.
Se necesitaba y se necesita más, y no menos ayuda alimenticia.
Datos de la crueldad
Esa regla arbitraria e indignante de USDA hubiera limitado la ayuda a más de un millón de personas desocupadas, de las cuales 700,000 hubieran perdido beneficios de comida.
Además, 982.000 estudiantes hubieran el acceso automático a comidas escolares gratuitas o a precio reducido.
El gobierno anunció triunfante que la regla le ahorraría casi $5,500 millones de dólares en estampillas de comida en un lapso de cinco años. Clamó que el recorte de la ayuda alimenticia hubiera “llevado a más estadounidenses sanos a la autosuficiencia «, porque los hubiera obligado a salir de trabajar, un recurso realmente artero porque indudablemente saben que los puestos de trabajos no existen.
La regla fue apelada en corte por 19 estados, el Distrito de Columbia y la ciudad de Nueva York, entre otros
Explica Letitia James, procuradora general del estado de Nueva York en su sitio de internet que “la demanda argumentó que la regla socavó directamente la intención del Congreso para SNAP, que el USDA violó el proceso de reglamentación federal y que la regla impondría cargas regulatorias significativas a los estados y dañaría sus economías y a sus residentes”.
Como consecuencia de la demanda, la corte bloqueó temporalmente la entrada en vigencia de la regla en abril, y esta semana convirtió ese bloqueo en permanente.
El documento presentado en corte por los estados alega que “La regla final en cuestión en este litigio altera radical y abruptamente décadas de práctica regulatoria, dejando a los Estados luchando y aumentando exponencialmente la inseguridad alimentaria para decenas de miles de estadounidenses.”
En última instancia, el juez Beryl A. Howell aceptó los razonamientos de los demandantes, y agregó en su decisión que el gobierno demostró “un fracaso total en abordar el problema, lo que hace que la acción de la agencia sea arbitraria y caprichosa«.
La decisión judicial es una buena noticia para la gente necesitada. Y también porque muestra que las aspiraciones autoritarias y el ataque contra los pobres de este gobierno pueden ser detenido. Incluso en plena campaña electoral.
