Editorial: denunciamos los ataques contra la prensa libre
Estamos al servicio de nuestra comunidad, con la verdad como bandera y la injusticia como enemigo
En una columna de opinión en septiembre pasado el editor ejecutivo del New York Times A.G. Sulzberger advierte contra el advenimiento de un régimen que vea en la prensa libre un enemigo mortal para el líder máximo. Curiosamente, optó por publicarla en el Washington Post.
Hablaba de Viktor Orban, el primer ministro de Hungría, ídolo de los republicanos estadounidenses y quien ha disuelto su país en un régimen autoritario que él llama “democracia iliberal”. En esta, aunque se celebran elecciones como si nada pasara, las libertades civiles desaparecen y la población desconoce las actividades de quienes ejercen el poder real.
Para ello, describe Sulzberger, Orban destruyó la prensa libre. Ahora, sin los impedimentos que significan tener la realidad impresa en papel, reescribe esa realidad, actúa con impunidad y en la prensa sobreviviente e interesada solo lo aplauden.
Sulzberger habla de Orban, pero se refiere a Donald Trump.
Lamentablemente, historias similares se están repitiendo en las democracias en proceso de erosión en todo el mundo. Parecería el ocaso de los regímenes libres y la primavera de los caudillos: India, Venezuela, la Argentina…
Y ahora nos está tocando a nosotros, aquí, en Estados Unidos.
En medio del caos al que nos arrojó la nueva administración en solo dos semanas es fácil detectar señales de que esta vez, el Presidente Trump se propone desmantelar la oposición informativa, que ha calificado repetidamente y desde 2017 como “el enemigo del pueblo”.
Él sabe que la prensa libre es actualmente quizás el obstáculo más difícil para un gobierno autoritario.
Los ejemplos sobran.
En Long Island, Bruce Blakeman, el ejecutivo del condado Nassau y un aliado del Presidente, decidió remover la calificación de «periódico de referencia» del diario independiente local Newsday, y entregársela al New York Post, de menor circulación en el condado pero que apoya a Trump. La decisión priva a Newsday de una importante fuente de ingresos. Se trata de una publicación con 18 premios Pulitzer. Por cierto, Blakeman daría la impresión de ser un personaje siniestro, una especie de Orban pequeño, con su propia milicia armada de voluntarios que considera necesaria para «asegurar la paz social».
En octubre, Trump demandó a CBS News en un tribunal federal de Texas, alegando que el programa “60 Minutes” incurrió en prácticas comerciales engañosas cuando transmitió una entrevista con Kamala Harris. Es decir, un evento en el que él estaba ausente. Esta semana trascendió que Paramount, propietaria de CBS aceptaría pagar una multa para solucionar el diferendo.
La práctica de demandar en ese tribunal de Texas, cuyo distrito posee un solo juez y que es un adepto de MAGA, se ha estado repitiendo en los últimos años.
En noviembre, el nominado de Trump a director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) Kash Patel dijo que usará su rol “para perseguir a las personas de los medios que mintieron sobre los ciudadanos estadounidenses, que ayudaron a Joe Biden a manipular las elecciones presidenciales”. A pesar de que ha hecho por cierto claro que su propósito es principalmente lanzar una purga en la agencia y convertirla en un apéndice del Presidente, la oposición a su nominación, dentro de su partido, en el Senado, es prácticamente nula.
En diciembre, Trump demandó al The Des Moines Register de Iowa por realizar una encuesta antes de las elecciones que lo mostraba detrás de Harris, a pesar de que un mes antes, los votantes le dieron la victoria en aquel estado.
En enero, ABC News aceptó pagarle a Trump 15 millones de dólares para resolver una demanda por difamación, y otro millón en honorarios legales, por simplemente ejercer la profesión periodística. Las sumas que pagan por prevenir medidas punitivas del hoy presidente no tienen precedentes, y por supuesto, solo despiertan su apetito por más.
La semana pasada, el nuevo director de la Comisión Federal de Comunicaciones Brendan Carr ordenó una investigación de las cadenas de TV y radio públicas NPR y PBS, para desmantelar la financiación federal para las 1500 estaciones de las radiodifusoras públicas. La FCC concede licencias para el uso de las ondas de radio y televisión. La investigación tiene que ver con el carácter de los endosos filantrópicos que mantienen el sistema – más que los subsidios federales – y que según Carr, otro enviado de Trump, constituyen propaganda política.
También la semana pasada, el Pentágono anunció la expulsión del New York Times, NBC, NPR y Político de sus oficinas de prensa y su reemplazo por el New York Post, One America News, Breitbart y Huffpost. Los primeros tres, más que órganos de prensa son cajas de resonancia del nuevo régimen.
Y ayer 3 de febrero, la congresista de Georgia Marjorie Taylor Greene convocó en una nota que hizo pública a los directores de NPR y PBS a prestar testimonio en una audiencia del subcomité del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que ella lidera, para investigarlos sobre lo que describió como su «contenido sistémicamente sesgado» y con el propósito de reducir su presupuesto. Los «testimonios» están recordando más y más a los juicios contra activistas, dirigentes, escritores, médicos y burócratas por Stalin en la Unión Soviética. Aquellos juicios terminaban en encierros por tiempo indeterminado, fusilamientos o desapariciones. Todavía nos falta mucho para eso.
Vemos en general un aumento en los casos de difamación contra la prensa, cuyo propósito es dañar financieramente a las publicaciones y obligarlas a cerrar sus puertas o a ponerse a la venta. Es un asalto frontal contra la libertad de prensa protegida por la Primera Enmienda de nuestra Constitución.
Hispanic L.A., al igual que otras publicaciones como La Opinión o El Diario/La Prensa, está al servicio de la comunidad latina, de sus familias trabajadoras, de sus inmigrantes, de sus estudiantes y alumnos, y le proporciona noticias de su interés, con la verdad como bandera y la injusticia como enemigo. Por eso, hoy denunciamos estos ataques como parte de un plan para privar al público de la información que necesita y de acallar las voces de crítica y protesta.
En Los Ángeles, 5 de febrero de 2025.
