Por decisión política, 42 millones de estadounidenses sin ayuda alimenticia

El 1° de noviembre, 42 millones de estadounidenses perdieron el acceso al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), en medio del cierre parcial del gobierno federal. La ayuda del SNAP se distribuye a personas de bajos ingresos en todo el país mediante cupones de alimentos (´Food Stamps´). Más de 5.5 millones de personas, incluyendo uno de cada ocho niños en el estado, dependen de CalFresh, la versión californiana de estos cupones.

Este fue el tema de la conferencia semanal de American Community Media (ACoM), en colaboración con la Fundación Robert Wood Johnson (RWJF). La moderadora fue Sunita Sorabji, editora de ACoM, quien introdujo el tema diciendo: “Al igual que otros 30 estados, California ha declarado que no puede compensar los recortes del gobierno federal. Por otro lado, 25 estados, incluyendo California, han demandado al gobierno federal por la suspensión abrupta de los beneficios del SNAP».

«Este programa es vital para las familias trabajadoras y sus hijos, las personas con discapacidad, los ancianos y muchos otros. A largo plazo, el proyecto de ley integral aprobado por el Congreso a principios de este año reduciría el presupuesto del programa SNAP en 187 mil millones de dólares durante la próxima década. También se han impuesto nuevos requisitos laborales para determinar la elegibilidad”, dijo Sorabji.

Corte de asistencia y aumentos de precios, el tsunami perfecto

El primer orador fue Jamie Busell, encargado de Programas de la Robert Wood Johnson Foundation (RWJF), una fundación que busca la salud como un derecho para todos. Él alertó sobre una crisis inminente: “El SNAP es el programa anti-hambre más grande del país, debido al cierre del gobierno se suspende. Existe una gran incertidumbre sobre el futuro del Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC), otro programa crucial de salud pública y nutrición. Este programa proporciona asistencia alimentaria para comprar alimentos, es el programa anti-pobreza más efectivo de Estados Unidos, mejora la seguridad alimentaria, la estabilidad financiera, reduce costos de atención médica y genera 1.80 dólares en actividad económica por cada dólar gastado”.

En relación al programa WIC, acotó: “Proporciona alimentos, fórmula infantil, apoyo a la lactancia, educación nutricional y servicios de salud. Es considerado el programa de salud pública más exitoso. Promueve partos más saludables y mejor desarrollo infantil”.

Según Busell, las consecuencias del recorte serían terribles: “El recorte provocará que 42 millones de participantes de SNAP y más de 7 millones de WIC no tendrán recursos para una alimentación adecuada. Las economías locales sufrirán porque las compras con SNAP representan hasta el 15 por ciento de las ventas de supermercados, especialmente en zonas rurales. Los bancos de alimentos, aunque vitales, no pueden reemplazar a SNAP porque SNAP proporciona 9 comidas por cada 1 de los bancos de alimentos, y se verán completamente desbordados”.

Por último, en nombre de la RWJF, hizo un llamado a la acción: “Esta crisis es un fracaso moral y político, nadie en este país debería pasar hambre. Por eso hacemos un llamado a la acción inmediata a los ciudadanos, ya que el Congreso ha fallado en priorizar a las personas. Debemos apoyar a los bancos de alimentos locales, colaborar con granjas locales y patrocinar cestas de productos, contactar a asociaciones de padres y profesores para establecer o apoyar programas de comida para niños los fines de semana”.

Hispanic LA preguntó: “La demanda presentada en 25 estados argumenta que la suspensión del SNAP viola la Ley de Alimentos y Nutrición y es arbitraria y caprichosa. La pregunta es: ¿podrías explicar brevemente cómo estos dos argumentos legales fundamentan el caso?”

Jamie Busell: “Como usted mencionó, 25 estados y el distrito de Columbia han demandado a la administración Trump por retener fondos para ayuda alimentaria. Los estados aleganesencialmente que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) violó la ley federal al planear suspender los beneficios del SNAP. La demanda solicita al juez de Massachusetts que revoque las directivas previas del gobierno que ordenaban a los estados retener los beneficios”.

Gina Plata Nino: “Sí, así es, pero el presidente puede fácilmente ordenar al Departamento de Agricultura que utilice este fondo de contingencia y de reserva para ello”.

Araceli Martínez de La Opinión: “En el caso de California, ¿está el gobierno estatal haciendo o planeando hacer algo para aliviar el problema? Porque en unas semanas la situación se va a poner muy difícil para las familias”.

Jamiel Busell: “Tenemos una especie de tsunami, por así decirlo, de altos costos de los alimentos y cierre del gobierno. Y, además, aparte de todo esto, los cambios significativos que se están produciendo en el programa SNAP. Esto va a suponer un gran reto para la gente de todo el país, que tendrá que tomar decisiones muy difíciles sobre alimentación, atención médica o el pago del alquiler. Por eso creo que debemos reflexionar sobre estas posibles soluciones más ambiciosas e instar a nuestros legisladores a que las consideren”.

Es una crisis sin precedentes en 60 años

El segundo en tomar la palabra fue Joseph Llobrera, director de investigaciones del Equipo de Asistencia Alimentaria del Center for Budget and Policy Priorities. Él no dudó en decir: “Esta es una crisis sin precedentes. Ahora mismo 6 millones de niños, 8 millones de adultos mayores y 4 millones con discapacidades podrían perder los beneficios de SNAP debido al cierre del gobierno. En California, más de 5 millones de personas (uno de cada siete californianos) podrían perder cerca de mil millones de dólares en beneficios mensuales.El gobierno federal tiene la autoridad y responsabilidad legal de liberar los beneficios utilizando los fondos de contingencia plurianuales ya asignados por el Congreso para emergencias como ésta. En todos los cierres gubernamentales anteriores, tanto las administraciones republicanas como demócratas, han garantizado el pago de los beneficios de SNAP. Permitir una interrupción ahora sería un hecho sin precedentes en 60 años y esa es una decisión política, un resultado totalmente evitable”.

Sunita Sorabji: “¿Por qué los estados no pueden compensar los recortes federales al SNAP? El pago promedio es de 187 dólares al mes, lo cual parece insignificante”.

Joseph Llobrera: “El beneficio promedio puede parecer una cantidad relativamente pequeña, pero es significativo para los hogares que lo reciben. Y, de nuevo, estamos hablando de una de cada ocho personas en Estados Unidos que participan en este programa. Así que es una gran inversión que hemos hecho como nación. El gobierno federal ha financiado esos beneficios en el pasado, y ese es un gasto que los estados no han presupuestado para esta crisis. No sé qué pueden hacer en este momento para mantener la garantía de que nadie pase hambre”.

Aitana Vargas, de ACAL: “¿Se deben usar los fondos de emergencia y en qué porcentaje se reducirán los pagos del SNAP?”

Joseph Llobrera: “El gasto en SNAP por mes en los últimos meses, ha sido del orden de los 8 mil millones de dólares. Según nuestras estimaciones, las reservas para contingencias se sitúan entre 5 y 6 mil millones. Por lo tanto, estas reservas cubrirán la mayor parte, pero no la totalidad, de los beneficios previstos para noviembre. El USDA dispone de otros fondos a los que tiene acceso”.

Elegir entre pagar el alquiler o la comida

Le tocó el turno a Gina Plata-Nino, directora interina de SNAP del Food Research and Action Center, quien enfatizó: “La actual interrupción de los beneficios del Programa SNAP se debe a una decisión política evitable, con graves consecuencias humanas, especialmente para los niños y sus cuidadores. El caos fue generado por una decisión política de la administración, que el USDA podría haber evitado antes de que comenzara, ya que legalmente puede usar fondos de contingencia”.

En cuanto a las causas de la situación, dijo: “La necesidad del SNAP está intrínsecamente ligada a una economía débil. Las personas recurren al SNAP porque pierden sus empleos, sus salarios se reducen, o son trabajadores pobres con dos o tres empleos cuyos ingresos son insuficientes, a menudo ganando menos de 1,100 dólares al mes. Estas familias destinan entre el 70 y el 80 por ciento de sus ingresos a la vivienda, dejándoles muy poco para otras necesidades básicas”.

En otro tramo, Plata-Nino remarcó: “La mayoría de los beneficiarios del SNAP son niños, pero estos no viven solos. Sus padres dependen de múltiples beneficios para el bienestar de sus hijos, pero solicitar el SNAP ya es un proceso difícil, oneroso y desmoralizador para las familias. Por otra parte, la interrupción de los beneficios fuerza a los padres a tener que elegir entre pagar el alquiler o la comida, la guardería o la comida, o a endeudarse con tarjetas de crédito”.

Y remarcó otro aspecto: “El daño va más allá de lo económico, se pierde la confianza en el gobierno, y se genera ansiedad y estrés en los padres, que deben explicar a sus hijos por qué hay menos comida o por qué están llorando”.

Por último, entre los más vulnerables, ella mencionó: “Las zonas remotas y rurales tienen un mayor porcentaje de inseguridad alimentaria, pobreza y uso del SNAP”.

Elena Kuznetsova de Slavic SAC: “¿A dónde deben acudir o solicitar ayuda alimentaria las familias?

Gina Plata Nino: “Si no hay cambios ni una solución, para mediados de mes, casi 42 millones de estadounidenses habrán perdido sus beneficios. En cuanto a las opciones disponibles, se puede ir a los bancos de alimentos, pero aun así no es suficiente para las familias”.

Peter Sherman: “¿Se está intentando desmantelar de forma permanente el SNAP y programas similares como parte de un esfuerzo mayor por reducir el tamaño del gobierno?”

Jamie Busell: “Es la agenda republicana. Lo vimos en el presupuesto del presidente. Ya sea por decisión propia o por debilitar al USDA, la administración está dificultando que los estados cumplan”.

Aumenta el miedo y el estrés tóxico

El último orador fue Eric Valladares, director ejecutivo de Family Connections, una organización en el condado de San Mateo que ofrece servicios de aprendizaje temprano, educación familiar y salud mental a familias de bajos ingresos con niños pequeños. El año pasado atendió a 917 cuidadores y niños, de los cuales el 57 por ciento se identifica como latino y casi la mitad habla español”.

Respecto a esto, Valladares agregó: “Nosotros estamos viendo un aumento del miedo, la ansiedad y el estrés tóxico entre los cuidadores, impulsado por la incertidumbre en torno a los cambios en políticas que afectan la elegibilidad de inmigrantes y personas de bajos ingresos”.

Entre las consecuencias concretas, Valladares enumeró: “El temor a la carga pública ha provocado que las familias se alejen de los sistemas de apoyo comunitario y de programas como Family Connections por miedo a compartir información personal o poner en riesgo su estatus migratorio. También vemos un deterioro en la relación padre-hijo, porque los cuidadores desbordados tienen menos capacidad para responder a las necesidades de sus hijos”.

En cuanto a la estrategia para responder a esta situación, Valladares dijo: “Hemos reforzado la gestión de casos y las visitas domiciliarias para proporcionar apoyo individualizado, lo cual es fundamental para generar confianza y conectar a las familias, también proporcionamos alimentos a través de bancos de alimentos locales, refrigerios, comidas, pañales y otros artículos de primera necesidad. Hemos ampliado nuestros programas de salud mental para la primera infancia para ofrecer asesoramiento y apoyo, reconociendo el impacto del estrés en la dinámica familiar”.

Sunita Sorabji: “¿Hay familias que no acuden a los bancos de alimentos por miedo a la ICE?”

Eric Valladares: “Las familias ya tienen miedo de pedir ayuda. Creo que nuestros gestores de casos son fundamentales para ayudar a las familias a encontrar una manera más segura de obtener alimentos sin arriesgarse a salir a la calle”.

Por último, como mensaje de esperanza, Valladares dijo: “Es desgarrador. Es indignante. Como hijo de inmigrantes, es algo personal para mí. Pero lo que, a pesar de estos desafíos, sigo inspirándome en las familias que han superado algunas de las dificultades más grandes imaginable, y no están solas. Les diría que no están solas y que estamos aquí para lo que necesiten”.