La Comisión de Legislación de El Salvador ha condensado las tres propuestas que tenía y está trabajando sobre un proyecto de 40 artículos. El miércoles se reúne de nuevo para tratar de emitir un favorable para que sea aprobado por el pleno el jueves.

Tal parece que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, podría alcanzar un acuerdo el miércoles para emitir un dictamen sobre el proyecto de Ley de Desplazamiento Forzado por la Violencia, que según una sentencia de la Sala de lo Constitucional, la normativa debió estar lista en enero de este año.

Un estudio elaborado por las Organizaciones de la Sociedad Civil sobre Casos de Desplazamiento Forzado por la Violencia 2017-2018, daba cuenta que la cifra de víctimas por este grave problema social era de 235,700 aproximadamente en el 2018.

En octubre de 2017, la Sala de lo Constitucional, admitió un amparo presentado por una familia que había sido acosada por pandillas, por la posible vulneración de sus derechos a la seguridad material, protección familiar y libertad de circulación y propiedad. Cabe resaltar el reconocimiento que hizo la Sala del desplazamiento forzado en el país, con lo que sentó jurisprudencia en futuros procesos.

Diputado Mario Tenorio, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) / Foto: Contrapunto

El presidente de la comisión el diputado Mario Tenorio, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), explicó que inicialmente se presentó una propuesta, siempre cuidando que no se vulneren los derechos de las personas en condición de desplazados. De los tres anteproyectos que se presentaron se ha elaborado una matriz de 30 artículos.

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Las propuestas iniciales fueron presentadas por el grupo parlamentario del Partido de Concertación Nacional (PCN), el 23 de agosto de 2018; CRISTOSAL presentó la suya el 27 de agosto del mismo año y, el Ministerio de Justicia y Seguridad el 23 de enero de este año.

Tenorio dijo que el equipo técnico ha preparado de las tres iniciativas una sola, que recoge los insumos principales de todas quedando en 40 artículos.

Ya llegaron a acuerdos en lo que tiene que ver con los derechos de las víctimas, también dejaron claro los conceptos de definiciones y principios que ya están establecidos en la Constitución.

Para el legislador, una de las fases más importantes que debe contemplar la ley son las “soluciones duraderas”, es decir, el retorno de las familias a sus lugares de origen.

“Si usted le pregunta a una persona desplazada cuál es su mayor anhelo, en el caso de que no se vaya del país, será el de retornar a su lugar de origen; y el Estado debe crear las garantías necesarias y condiciones básicas para que las personas puedan regresar a su lugar de origen.

A propuesta de los diputados René Portillo Cuadra de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y de José Almendáriz, del Partido de Concertación Nacional (PCN), se acordó convocar a una reunión extraordinaria el miércoles para seguir analizando el proyecto.

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“Haremos un esfuerzo extraordinario para ver si tenemos un acuerdo y que el jueves se pueda presentar al pleno. Eso me satisface porque yo pensaba que la ley la íbamos a terminar en enero, pero me dicen que quieren que se concluya este capítulo este mes”, manifestó.

Tenorio no niega que la Asamblea ha caído en desacato al no haber aprobado la ley en enero de este año como resolvió la Sala de lo Constitucional, que ordenó al Gobierno reconocer el problema del desplazamiento forzado, como un fenómeno que ha ido en aumento.

El legislador de GANA incluso piensa que el pedir una prórroga no los va a dejar bien parados y por tanto, deberán hacer un esfuerzo para sacar la ley.

Incluso lamenta que el tema del desplazamiento forzado por la violencia no se le dé la importancia que amerita y a veces, mediáticamente se le da más importancia a un homicidio; que no digo que no sea importante, pero la situación de los desplazados forzados internamente es un problema que se debe de atender.

Otro punto que no quiere pasar por alto el legislador es el que se refiere a las garantías que debe dar el Estado a las víctimas; como por ejemplo darle atención psicológica, emitir gratuitamente sus documentos de identidad, salud, educación y un lugar temporal donde vivir.

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