Editorial: El gobierno abandonó a millones de trabajadores cesantes
La inacción del gobierno federal de Estados Unidos, la oposición de muchos gobiernos estatales son indignantes, mientras millones de familias trabajadoras se quedan a partir de ayer sin los beneficios de desempleo establecidos al comienzo de la pandemia.
Fue justo en el Día del Trabajo, y una semana después de que vencieron las protecciones al desalojo de inquilinos, que los trabajadores fueron abandonados a su suerte.
Hace 18 meses, el surgimiento de la pandemia causó una ola de desempleo sin precedentes. Millones perdieron sus trabajos con el cierre de negocios. Otros dejaron sus trabajo cuando las escuelas cerraron y cambiaron a aprendizaje remoto.
Con la ley CARES en adelante el gobierno comenzó a ayudar a estos afectados.
Estableció el programa PUA de asistencia por desempleo pandémico. Además, la compensación federal por desempleo pandémico (FPUC), que fue primero de $600 por semana reducido luego a la mitad.
Esta ayuda complementaba los beneficios de desempleo estatales y la compensación por desempleo extendido (PEUC) que alargó los plazos de beneficios estatales (de 26 semanas).
En marzo pasado el Plan de Rescate (ARPA) prolongó la vida de estos programas. En total, se entregaron $800,000 millones a las familias. Repetidas veces, cuando los programas vencieron, alargaron sus plazos, apuntando a que seguirían sólo en la duración de la pandemia.
Ahora, incumplen su promesa. Han permitido que los programas expiren. No solo eso.
Veintiséis estados – todos menos uno con gobernador republicano – cesaron en junio la ayuda federal a 2.7 millones de estadounidenses adicionales. antes de tiempo.
Lo hicieron diciendo que hay empleos disponibles, bajo la falaz teoría de que los beneficios convierten a la gente en holgazanes y aprovechados, y con la falsa premisa de que los beneficios otorgados eran similares a lo que la gente podría ganar trabajando. Porque si fue así, fue porque en la mayoría de los estados los salarios mínimos no alcanzan para la supervivencia y lo que se necesita es aumentarlos.
Al rechazar la ayuda federal, que ahora de todos modos venció, pretendían que las personas vuelvan a trabajar por hambre. Pero su premisa era falsa. Los mercados laborales no mejoraron mucho en aquellos estados.
Los beneficios no son la razón de la lenta recuperación.
Más de 5.5 millones de personas dijeron que no están trabajando porque están cuidando niños que no están en la escuela o la guardería. Otros 3.2 millones dijeron que les preocupa contraer o propagar el coronavirus en sus familias.
La administración Biden permitió que toda esta asistencia federal se interrumpiese. Pudo haberlo evitado y no lo hizo.
El Presidente se limitó a llamar a los estados a utilizar los fondos federales de recuperación para pagar a sus trabajadores desempleados. No le escucharon
El gobierno pretendía que la economía se ha recuperado lo suficiente como para no verse afectada por los desalojos o la caída de los beneficios por desempleo, y que los otros elementos de la red de seguridad alcanzaran.
Tanto la Secretaria del Tesoro Janet Yellen como el de Trabajo Marty Walsh escribieron al Congreso que permitir la expiración de los beneficios era lo “apropiado”.
No es cierto.
El viernes pasado se dieron a conocer los últimos datos sobre el empleo, que muestran que en agosto, se agregaron solamente 235,000 empleos al mercado laboral, comparado con 1.1 millones en julio, cuando los economistas esperaban que se generaran 733,000 nuevos empleos.
También calculaban que para inicios de septiembre habría en efecto terminado la pandemia.
No fue así. Por la variante Delta y por la oposición política a vacunarse, seguimos en medio de la segunda ola de coronavirus sin que se vea un descenso en la cantidad de contagios y hospitalizaciones. La pandemia está en control de nuestra economía y del rumbo que tiene nuestro país. Pero no lo reconocen.
¿Y ahora? Los beneficios han vencido.
Desde esta semana, 8,9 millones de personas perdieron todos los beneficios federales por desempleo. Otros 2,7 millones perdieron el impulso semanal federal de $300, pero seguirán recibiendo pagos estatales.
Y los gobiernos lo han permitido. Los demócratas en el poder están tan asustados por el extremismo republicano que abandonan a sus constituyentes. Los millones de desempleados son los rehenes en esta confrontación. La mayoría de los legisladores guardan silencio.
Esto no puede ser.
Mientras dure esta ola mortal, tanto los estados como el gobierno federal tienen la obligación de velar por la vida de la población, incluyendo su supervivencia económica.
Inmediatamente, el gobierno debe hallar las maneras de extender los beneficios por desempleo de los cuales dependen millones de familias. Las organizaciones populares deben hacer de esto su primera prioridad.
