Editorial: Trump y los inmigrantes: al final, la justicia prevalecerá

Para las millones de familias de inmigrantes indocumentados que aquí viven desde hace años, pagando impuestos y contribuyendo a la sociedad de muchas maneras distintas; para los miles de refugiados que huyeron de sus países de origen por terror o por hambre y que esperan por meses una audiencia para entrar legalmente al país; para los hijos aquí nacidos de indocumentados y que son ciudadanos; para los Dreamers que llegaron aquí de niños y que son estadounidenses en todo salvo los papeles; en extensión, para toda la comunidad latina en Estados Unidos: las primeras órdenes ejecutivas del Presidente Donald Trump en el tema migratorio inician un periplo de crisis

Como se sabe, ni bien regresó a la Casa Blanca, el hoy mandatario firmó una serie de edictos de grave naturaleza. Quizás el más importante es su pretensión de cambiar la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, la cual fue aprobada por los estados en 1868. La enmienda 14 concede la ciudadanía a todos los nacidos en territorio nacional. Esto ha definido a nuestro país como una nación de inmigrantes, impulsando su excepcional desarrollo hasta ser la más poderosa y próspera del mundo.

Esto dice la enmienda: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del Estado donde ellas residen”.

La frase es breve pero inequívoca. Su importancia es histórica; planteaba el destino de los descendientes de esclavos después de la Guerra Civil en la que murieron 700,000 soldados de ambos bandos y una cifra desconocida de civiles por la insistencia del Sur en mantener la esclavitud.

Trump y toda una escuela de pensamiento político de la que él absorbe algunas ideas, lo resienten hasta el día de hoy, tal como varios estados del sur ex esclavista recienten su derrota. Pero ahora protestan contra la inclusión de los hijos de inmigrantes a los que demonizan injustamente.

Pero además, Trump ordenado cerrar la aplicación digital CBP One, establecida en enero de 2023 y que adjudicó casi un millón de entrevistas migratorias para decidir los pedidos de ingreso de quienes esperan a las puertas del país para salvar sus vidas y las de sus familias. De hecho, cerró la frontera para los solicitantes de asilo. 

Autoriza el envío y uso de tropas militares (federales y las unidades estatales de la Guardia Nacional) para colaborar en el cierre de nuestra frontera sur. 

Trama restaurar el Título 42, el programa que autoriza a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) prohibir el ingreso de personas que potencialmente representen un riesgo para la salud y que se usó por años con la excusa del coronavirus. Así, confina a quienes esperan la decisión de su pedido de asilo del otro lado de la frontera, vulnerables al crimen organizado, la pobreza y la inclemencia.

También revive la práctica de deportar gente a sus países de origen, de donde huyeron. 

Ha removido del servicio a los cuatro altos funcionarios de carrera del Departamento de Justicia que supervisaban los tribunales de inmigración para instalar a sus fieles, una medida de dudosa legalidad. También destituyó entre otros a la comandanta de la Guardia Costera, la primera almiranta en nuestra historia, por no haber interceptado embarcaciones con inmigrantes. 

Y sigue insistiendo en llamar a nuestra gente criminales, malvados y asesinos peligrosos para encender el odio en la población. 

Hay más incisos, órdenes, edictos y nuevas disposiciones que aprendemos a cada hora. Hoy martes, el Presidente aclaró que los efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) esta vez y a diferencia de su primer mandato, buscarán y detendrán a indocumentados también en iglesias y escuelas.

En su afán, el Senado y con el apoyo de varios demócratas aprobó una ley – apodada Ley Laken Riley en honor a una joven estadounidense asesinada el año pasado por un indocumentado de Venezuela – que ordena el arresto de inmigrantes que podría ser la primera legislación firmada por el Presidente en este periplo y que ordena la detención de migrantes acusados de robo y delitos violentos, para su deportación inmediata.

Todas estas medidas son parte de una campaña cuyo fin declarado es la deportación de millones de residentes del país con redadas multitudinarias en todo el país. El «zar» de la frontera designado por Trump, Tom Homan, dijo ayer que las redadas ya han comenzado y que se enfocarán en las ciudades santuario. 

Estas medidas no responden a una necesidad económica. Todo lo contrario. Industrias enteras como la agricultura y la construcción se basan en la mano de obra inmigrante. Son en cambio el fruto de un pensamiento racista y supremacista que ni siquiera tiene en cuenta los intereses de los trabajadores que votaron por Trump. 

Además, cerrar las entradas legales sólo aumentará las entradas irregulares. El flujo continuará mientras no se atiendan las razones que empujan la emigración, especialmente de los países de Centroamérica. 

Encima de esta situación puntual revolotea la certeza de que el uso de órdenes ejecutivas – comprensible cuando son escasas – como manera de gobernar atenta severamente contra el balance de poderes.

En ese sentido, la andanada de decisiones de Trump ha iniciado un periplo de lucha por el carácter democrático y demográfico de Estados Unidos. 

Una lucha en la que los inmigrantes no están solos. 

Trump ha iniciado su segundo mandato en la cima de su poder; a partir de ahora este podría disminuir.

Dieciocho estados ya han demandado al Presidente por su pretensión de cambiar la Constitución. 

Leyes estatales como las que establecen ciudades y estados santuarios definen el carácter federativo de la nación. 

La opinión pública que le favoreció en las elecciones podría no seguirlo a medida que se ponga en evidencia que sus políticas favorecen a los billonarios de su entorno y no al pueblo estadounidense. 

Es importante que nuestra comunidad no tome decisiones apresuradas. Las batallas legales recién comienzan. 

Es importante que nuestra gente se informe bien. Que no crean solamente lo que les dice su vecino o lo que leen en las redes sociales. Que confíen en medios de comunicación serios como el nuestro, que se enfocan en explicar los alcances de las medidas que tome el gobierno federal y cómo protegerse. 

Este es el comienzo de una lucha – prolongada y dolorosa – a cuyo final la justicia prevalecerá.