No tenía que haber llevado más de un año, pero finalmente la administración Biden propuso revertir de manera final la regla impuesta por la administración anterior, que negaba la residencia permanente a los inmigrantes que solicitasen beneficios del gobierno.
Promesa casi cumplida
Fue parte del ataque xenófobo de Trump contra la inmigración legal a nuestro país.
Anular la “carga pública” fue una de las promesas de campaña de Joe Biden con las que atrajo el voto latino en 2020.
La regla de Trump establecida en 2019 dejó de implementarse temporalmente en marzo pasado, pocos días después de que un juez federal la declarara ilegal. Ahora desaparece definitivamente
Definía las condiciones bajo las cuales “un extranjero es inadmisible o inelegible para ajustar el estatus, o se ha vuelto deportable, por motivos de carga pública”.
Rechazaba el acceso a la residencia permanente y con ello, la posibilidad de optar por la ciudadanía, si el solicitante usaba toda ayuda social. Castigaba con ello a los inmigrantes de bajos recursos.
Esquema temporal de carga pública
Mientras se aprueba la nueva propuesta delineada en un documento oficial del Departamento de Seguridad Interna (DHS por sus siglas en inglés) y accesible en su portal, vuelve a estar vigente el esquema que existía desde 1999 hasta 2019.
Este no considera como condición para la residencia permanente (tarjeta verde) el uso de beneficios no monetarios como cupones de alimentos (SNAP), servicios de salud de emergencia, asistencia en vivienda o cupones de transporte. Tampoco la asistencia por la pandemia, beneficios fiscales, Seguro Social o pensiones del gobierno.
Sin embargo mantiene la definición existente en la Ley de Inmigración y Nacionalidad que establece la necesidad de que los inmigrantes se valgan por sí mismos, o sea que no sean dependientes del gobierno para su subsistencia. El gobierno seguirá rechazando a quienes abusen del sistema de ayuda social.
Las ayudas de por sí no serán determinantes sino parte de un espectro de cualidades que se tomarán en cuenta a la hora de la decisión migratoria, tales como edad, estado de salud, estado familiar, educación y oficio, profesión o capacidades laborales.
Patrocinadores absueltos
Nuevamente, la nueva regla de Biden, que aún está en etapa de aprobación y llevará meses en ponerse en efecto, sólo afectaría a quienes pidan ayuda en efectivo y de manera constante.
De la misma manera, DHS anunció que retiraba la solicitud de la regla de octubre de 2020 bajo la cual quienes patrocinaban a los inmigrantes – fuesen familiares o empleadores – se comprometían en declaración jurada a USCIS a apoyarlos si así lo necesitaban.
Este es un paso en la dirección correcta para poner fin al miedo y la confusión causados por la regla de carga pública de 2019. Y constituye un avance en el cumplimiento de las muchas promesas que hizo Biden a la comunidad latina durante su campaña electoral.
