Minnesota: campo de batalla por los derechos humanos, por María Luisa Arredondo
Este invierno la nieve de Minnesota se ha manchado de sangre por un conflicto que amenaza con fracturar el tejido social de Estados Unidos.
El reciente asesinato de Renee Nicole Good, una madre de 37 años y ciudadana estadounidense, a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), no es un incidente aislado; es el síntoma más violento de una política migratoria que ha pasado de la aplicación de la ley a la intimidación sistemática.
El camino del enfrentamiento
Lo que comenzó como una operación supuestamente dirigida a detener a somalíes indocumentados, bajo una retórica oficial que estigmatiza a esta comunidad, se ha transformado en una «invasión federal», como bien ha descrito el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison.
Los informes desde las Ciudades Gemelas son aterradores: arrestos con lujo de violencia, detenciones arbitrarias de residentes legales e incluso de ciudadanos que, por su aspecto o su lengua, son tratados como criminales en su propio suelo.
La respuesta de los líderes demócratas no se ha hecho esperar. La demanda interpuesta contra la administración Trump por abusos de poder y violaciones constitucionales refleja una verdad ineludible: cuando el gobierno federal ignora el debido proceso y utiliza la fuerza letal como primer recurso, la democracia está en peligro. La muerte de Good, quien según varios testigos no representaba la amenaza que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alega para justificar el disparo, ha encendido una mecha que ya recorre todo el país.
Un futuro incierto
En lugar de buscar una desescalada y abrir canales de diálogo con las autoridades locales y los líderes comunitarios, la Casa Blanca ha optado por el camino del enfrentamiento. El anuncio del envío de mil agentes federales adicionales a Minneapolis no es una medida de seguridad; es una provocación. Es echar gasolina a un fuego que ya consume la confianza en las instituciones.
Esta política de «mano dura» ignora que Minnesota es un estado con una identidad forjada en la inclusión y la productividad de sus inmigrantes. Al enviar más agentes para sofocar las protestas, la administración solo garantiza que estas escalen. La presencia masiva de oficiales armados de ICE en vecindarios residenciales, escuelas y centros de trabajo no está combatiendo el crimen, está creando un estado de sitio que paraliza la economía local y traumatiza a las familias, como lo han señalado varias autoridades estatales.
Si el gobierno persiste en tratar a sus propios estados como territorios ocupados, el precio no se medirá solo en demandas judiciales, sino en la pérdida irreparable de vidas como la de Renee Nicole Good. La seguridad nacional nunca debería ser la excusa para destruir la seguridad ciudadana.
