El Golpismo como reconocimiento de un fracaso

Se consumó un nuevo Golpe de Estado Institucional en El Salvador. Lo perpetró la Asamblea Legislativa siguiendo órdenes del Ejecutivo. La maniobra del 31 de julio de 2025, expresa la incapacidad de la dictadura para seguir vendiendo a la población una legitimidad inexistente.

La nueva vuelta de tuerca del régimen neofascista que usurpa el poder del Estado salvadoreño desde el 1 de junio de 2024 es el reconocimiento de la debilidad de un modelo en crisis, cuyos mecanismos de dominación han perdido efectividad.

Como los ladrones, a oscuras y a escondidas

En apenas cinco horas, con nocturnidad, a las puertas de un periodo vacacional que, en teoría, serviría para “hacer olvidar” a la población que estaba en presencia de un gobierno golpista, 57 de 60 legisladores buscaron por todos los medios disimular el alcance y gravedad de los delitos que estaban cometiendo al aprobar reformas constitucionales con dispensa de trámite, que alteran radicalmente las condiciones del poder.

De un zarpazo, el régimen extiende el periodo presidencial de cinco a seis años, elimina la segunda vuelta electoral, con lo que una mínima mayoría simple permitirá a las fuerzas en el poder, conservar el gobierno; también habilita la reelección permanente y adelanta elecciones a 2027 para que coincidan las legislativas y municipales con las presidenciales. Como distractor de este Golpe de Estado anuncian también la salida de El Salvador del Parlamento Centroamericano.

Son conscientes del crimen que cometen y por ello eliminaron de las disposiciones constitucionales, los apartados que establecen que quien promueva la reeleción presidencial (favoreciendo así regímenes tiránicos) pierden automáticamente su condición y derechos ciudadanos. De nada les servirá. Cada uno de quienes firman el documento hecho público será, más temprano que tarde, juzgado por su traición a la Patria, al pueblo, a la nación y a las leyes de la República.

Ni una sola de estas disposiciones refleja fortaleza. Lejos de ello, es la debilidad del régimen, la pérdida del apoyo popular que alguna vez tuvo, lo que dicta estas maniobras para eternizarse en el poder.

¿Por qué demuestran debilidad?

Las medidas dictadas no buscan otorgar poder alguno al pueblo; lejos de ellos se trata de manipular su voluntad, reduciéndola al mínimo posible. Tampoco pretenden ahorrar fondos públicos, como cínicamente argumentaron, sino perpetuar en el poder a quienes dilapidan esos fondos.

El juego de apariencias es importante y así, desde que se dieron a conocer las primeras informaciones acerca de las decisiones ilegales de estos oscuros personajes, las granjas de trols y bots permanecen activas, reaccionando a favor de cualquier información que reporte los hechos, y atacando a quien los cuestione. La fábrica de noticias falsas trabaja doble turno.

También allí demuestran sus inseguridades y su debilidad. No pueden darse el lujo que voces disonantes se fortalezcan en los medios.

Otra debilidad manifiesta es su reconocimiento implícito de la orfandad política que tiene el conjunto de personajes del oficialismo que aspira a renovar sus cargos de elección popular.

Sin el paraguas de la candidatura presidencial estarían políticamente muertos. Y sin lograr una mayoría absoluta, lo que estará muerto es el Bukelato, porque ese gobierno iría a la ruina. Por eso no quieren arriesgarse. Cambian arbitrariamente el actual periodo presidencial, acomodando su mandato hasta 2027 (en lugar del ya establecido 2029), esperando que, en elecciones generales, el escudo presidencial los proteja, para sostener una mayoría absoluta en el legislativo.

Saben que con la presencia de bancadas opositoras, la autocracia no podría funcionar. Los pesos y contrapesos entre poderes no figura en el lenguaje ni el horizonte de la dictadura.

Sin embargo, lo decíamos hace pocas semanas, las encuestas empiezan a mostrar la caída sustancial no solo del partido oficial (en más de 20 puntos), sino de quien sostenía todo el edificio dictatorial. La figura del presidente se deteriora y las cifras de cada encuesta, incluyendo las privadas, ordenadas por el propio dictador, muestran una caída consistente.

Sin ese basamento todo el andamiaje autoritario corre peligro. Esa es la razón de las maniobras inconstitucionales que dan muerte a la democracia liberal burguesa que, de todos modos, solo les sirvió como escalera hacia el poder.

Un golpe clasista

Hace ya más de un año que la propaganda oficial como herramienta de manipulación no muestra la misma eficacia. Más allá del relato de la seguridad, empiezan a tener peso las promesas incumplidas de una prosperidad que jamás llegó.

El país sigue siendo el de menor crecimiento de la región, el de menor inversión extranjera directa de Centroamérica, el que recibe proporcionalmente el mayor volumen de remesas, que representan alrededor del 25% del PIB. En 2024, llegaron por esa vía 8.479,70 millones de dólares, un incremento del 2,5% respecto a 2023.

El Salvador es también el país en que más crece la pobreza extrema y relativa. Ahí también se cae el discurso antipolítica contra los gobiernos del FMLN. Entre 2009 y 2019, durante los diez años de gobiernos de izquierda, la tasa de pobreza cayó 17 puntos. La pobreza extrema retrocedió 9 puntos.

Desde la llegada del bukelismo en 2019, aquella tendencia se revirtió. La pobreza extrema aumentó, y en 2021 creció también la pobreza relativa. Esas tendencias no se alteraron. El gobierno demostró que su único interés ha sido gobernar para el microscópico grupo de ricos asociados al clan familiar, y los sectores empresariales que se sometieron a su poder.

En 2023, casi el 10 por ciento de la población (600,000 personas) vivía en hogares de pobreza extrema. A finales de 2024 la pobreza total y la extrema eran superiores a la registrada antes de la epidemia. Si a esto sumamos la política oficial de arrasar con los programas sociales conquistados por el pueblo durante las administraciones de izquierda, entonces se comprende la magnitud del drama que vive El Salvador.

Drama que las encuestas empiezan a adjudicar al dictador, ya no a sus empleados en ministerios, parlamento o tribunales de justicia. Por primera vez, la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades apuntan hacia el jefe del clan familiar en el gobierno. Al mismo tiempo, se sabe que el enriquecimiento de esa familia durante su primer mandato (el único legal), incluía nuevas propiedades por un valor de 9.2 millones de dólares, según las investigaciones publicadas por el portal guatemalteco “No Ficción, Narrativa, investigación y datos”.[1]

“Nayib Bukele y su círculo íntimo adquirieron 363 hectáreas, el 92 por ciento de las que poseen, durante su primer mandato, según registros oficiales. Solo en 2023 acumularon, a través de diferentes empresas, dos inmuebles a orillas del lago Coatepeque, una finca con cultivos de azúcar, y los terrenos donde se cultiva “Bean of Fire”, la marca de café gourmet del presidente de El Salvador. Desde junio de 2019, la esposa de Bukele, su madre y hermanos compraron a título personal 16 inmuebles en zonas exclusivas. Las nuevas propiedades suman un valor de 9.2 millones de dólares. La Corte Suprema de Justicia ha declarado bajo reserva las versiones públicas de las declaraciones de patrimonio del actual presidente de facto”.

Se fortalecen también las políticas que benefician a grandes capitales extranjeros. Esta última semana la bancada oficialista aprobó un nuevo régimen de exoneración fiscal para inversiones superiores a los $2,000 millones.

Entre los beneficios está la retención fija del 10 % del ISR para personal extranjero especializado, una tasa más baja que la que paga cualquier trabajador local. La medida ha sido señalada como un privilegio a capitales transnacionales en detrimento de los empresarios y trabajadores de El Salvador.

Para sostener estas políticas se requiere la continuidad de un régimen que apunta a una duración mínima de 14 años (5 de presidencia legal [2019-2024], 3 de usurpación [2024-2027] y 6 más del segundo periodo de ilegalidad [2027-2033]).

Las respuestas

Sin duda, entre las razones para atreverse a avanzar en el aplastamiento del sistema demoliberal, el Estado de Derecho y la Constitución en que se monta todo el edificio jurídico del Estado, figura muy alta en la lista la relación de amistad-subordinación con el inquilino de la Casa Blanca.

El dictador está convencido que contará con su apoyo incondicional. Sin embargo, las diversas reacciones que generó el incidente de los 252 ciudadanos venezolanos secuestrados en El Salvador y finalmente devueltos a Venezuela por orden de EE.UU., demostró la fragilidad de esa relación que, en cualquier caso, es de subordinación absoluta.

Al mismo tiempo, es notable el silencio de las organizaciones internacionales respecto al Golpe de Estado. No imaginamos un silencio similar si algo como lo acontecido en El Salvador sucediera en cualquier país alejado de la égida estadounidense. No es, por otra parte, esperable mayor reacción de una comunidad internacional cómplice silenciosa del genocidio sionista contra Palestina.

Pero tampoco al interior del país, gremiales empresariales u otros sectores levantaron la voz en protesta. Hubo sí, reacciones del campo popular, entre ellas el FMLN, que a través de su Secretario General, Manuel Flores, con conferencias de prensa comunicados y pronunciamientos, llamó a la unidad de sectores populares dispuestos a enfrentar esta nueva ofensiva reaccionaria.

Se consuma un Golpe de Estado, como sucedió en 2020 y en 2021, pero esta vez no es igual. Entonces, un campo popular dividido, y debilitado, seguía digiriendo sus derrotas políticas y electorales a manos de un neofascismo ascendente. Esta vez, las fuerzas de derecha han debido recurrir a la represión, a la persecución, incluso contra sectores que fueron aliados, y finalmente a un nuevo Golpe, porque sus antiguos métodos de dominación ya no funcionan.

Mientras tanto, aquella izquierda a la que aspiraban ver desaparecida, hoy se consolida como el único instituto político que crece y, además, se despliega a lo largo y ancho del país, y en el exterior, con el desarrollo de su Segundo Congreso partidario; un ejercicio estratégico de consulta y organización para la resistencia y la lucha en esta nueva etapa de agudización de las contradicciones, abierta por una dictadura que sigue buscando detener su crisis.

[1] Bukele & Cía., la nueva familia terrateniente de El Salvador