La lucha contra el coronavirus es por necesidad conjunta, comunitaria, de uno para todos y todos para uno. Que miles se vuelquen a bares o playas o iglesias o bailes causa un riesgo mortal para todos.
Guerra civil en frío
Pero esos miles no lo entienden o no les importa o las dos cosas juntas y de pronto lo que era un pasatiempo veraniego se convierte en campo de batalla para las facciones de la guerra civil en frío que estamos viviendo.
No menos lo es la estúpida insistencia de los trumpistas de no llevar máscara protectora. Es una afrenta a los derechos civiles, alegan. En realidad no la llevan porque el caudillo no la lleva, y lo harían si lo hiciese. Pero esto es para otro momento más despejado.
Que una parte de la población esté en elevado riesgo de contraer el mal significa que todos lo estamos. Esa es la naturaleza, la definición y la esencia de una epidemia. Especialmente tan contagiosa, tan persistente, tan maldita como esta. Y sí, hasta que no se encuentre cura, o vacuna, o que la población sea inmune, el peligro perdurará.
Y así como hay riesgo de contagio para todos, la catástrofe económica amenaza a todos. Como por vasos comunicantes la cesantía, la pobreza, el sufrimiento que afecta a unos llegará al resto del país. Porque somos al mismo tiempo trabajadores, consumidores, inquilinos, vecinos, alumnos, de un solo y gigantesco sistema socioeconómico.
Los más vulnerables
De todos los segmentos de la población en riesgo por el coronavirus, son los inmigrantes indocumentados los más vulnerables. Y su vulnerabilidad afecta a todos. Simple: si no tienen con qué, no pagarán renta, ni viajarán, ni comprarán. Y los otros no recibirán la renta, no lucrarán de los viajes, no vendrán lo suficiente.
Es una población generalmente al margen de la pobreza, con medios de subsistencia limitados y posibilidades de progreso aún más. Con empleos de baja paga y aún menor protección. Y a un día de ser buscados, detenidos, encarcelados, deportados.
Es una población que carece de prestaciones y ayudas que dan los estados o el gobierno federal, porque por su estatus migratorio no cualifican. Ni reciben compensación de desempleo. Ni son beneficiarios de Obamacare. Y la mayoría de ellos ha perdido su trabajo, que de antemano ya pagaba poco.
Muchos, aunque no todos, son latinos, inmigrantes recientes. Nuestros hermanos, amigos, familiares. Nuestra gente aquí en Estados Unidos.
Cruel ironía
Es una ironía cruel. Son los mismos trabajadores esenciales que están en las trincheras, limpiando los medios de transporte, ocupándose de los enfermos, que además contribuyen a la economía con sus impuestos. Y son los primeros en sucumbir por su exclusión de los programas de ayuda.
Nuestra gente.
Las unidades de ICE siguen deteniendo a indocumentados, enviándolos a instalaciones carcelarias donde arriesgan la vida porque son caldo de cultivo de la peste. Y precisamente por temor a estas redadas, muchos se abstienen de pedir ayuda médica incluso si se tienen mal, lo cual incrementa el peligro de contagio para toda la población. La Migra tendría que detener sus redadas, al menos durante la época de la pandemia, que es la primera prioridad.
Los inmigrantes indocumentados son entonces dobles víctimas: por la pandemia y por la guerra que le declaró la administración Trump. Están en muy serio peligro.
Como el gobierno federal los persigue, quedan a merced de los gobiernos locales, con actitudes variadas. En Nueva York, el gobernador Cuomo, quien se ha granjeado tantos apoyos y simpatía por su liderazgo contra el COVID-19 que se habla de él como candidato presidencial, ha esquivado hasta ahora los pedidos de ayuda, derivándolos al gobierno federal. Yo no soy, pídanle a él.
Nueva York y California
La ciudad de Nueva York, donde vive medio millón de indocumentados, estableció por su parte un fondo de $20 millones, que podrá ayudar a 20,000 de ellos – un pequeño, insuficiente, 4% – una donación del filántropo George Soros. Una gota en el mar.
Por ello están teniendo lugar protestas virtuales y físicas para pedir ayuda para los indocumentados que sienten haber sido abandonados por el gobernador Andrew Cuomo y por la administración federal. Los participantes, bajo el lema de #Recovery4All, le piden al gobernador ordenar la cancelación de los pagos de alquileres durante la pandemia y proveerles ayuda de emergencia a aquellos neoyorquinos excluidos del paquete de estímulo federal.
En California, el gobernador Newsom instituyó el Fondo de Alivio del Desastre para Inmigrantes (DRAI), para suministrar paquetes de ayuda de 500 dólares, con un total de 75 millones de dólares. Pretenden con esa suma beneficiar a 150,000 indocumentados.
Las solicitudes se abrieron este lunes 18 de mayo. Por el coronavirus, todo el proceso se lleva a cabo por la vía telefónica. Varias organizaciones comunitarias no lucrativas y regionales se encargan de mediar y canalizar las solicitudes.
La presión el primer día fue tal que los sistemas telefónicos colapsaron. Solamente en una de las organizaciones, CHIRLA, se acumularon 630,000 llamadas en los primeros 90 minutos. Más de dos millones en total.
El sistema de ayuda colapsa
Muchos inmigrantes, desesperados por no tener ingreso, se agolparon en Los Ángeles frente a las oficinas de las organizaciones CHIRLA y CARECEN, que están cerradas. Su frustración los llevó a desconfiar de ellas, a descreer la existencia de ayuda, a desesperarse. Teorías de conspiración, pero al revés.
Es que no buscan la caridad ajena, sino la oportunidades de rehacer sus vidas. Constantemente llenan solicitudes de empleo, cualquier empleo, sin suerte. Llevan meses sin trabajar. No tienen entradas, y por su situación migratoria, están a la deriva. Muchos pasan hambre y la ayuda filantrópica, o de iglesias, o de activistas, o de sus vecinos, no alcanza.
Por necesidad, no pagan la renta, bajan su consumo de comida.
“Pero sin tener para comer ni pagar la renta no me queda otra más que seguir llamándoles. Aunque tengo que reconocer que pasar todo el día pegado al teléfono, fue como una pequeña burla”, dice uno en entrevista a Araceli Martínez Ortega de La Opinión.
Alfredo es un cosmetólogo que no ha podido trabajar desde hace dos meses, luego de que a causa del COVID-19 les cerraron el salón. Miguel Ángel Andrade trabajaba en la limpieza de un gimnasio antes del coronavirus, y no sabe si va a tener empleo cuando se levante la emergencia. “La verdad es que estamos viviendo una verdadera tragedia”. Jorge López trabajaba haciendo de todo en los eventos sociales organizados para una compañía dedicada a ese ramo. Ninguno puede seguir así.
Sí, se aprecia al gobernador por la decisión. Pero la suma adjudicada es absolutamente insuficiente, inadecuada. Y la tarea concierne al aparato estatal y no a activistas ni voluntarios. La situación no está en vías de mejorar.
Sumas insuficientes, inadecuadas
A esta altura, recibir la ayuda es como ganar la lotería. Algunos lo logran. Algunos reciben el precio de la tarjeta. Casi todos se sumen en la aflicción.
En vez de que la distribución esté en manos de los poderosos aparatos estatales, que cuentan con recursos para ayudar a millones, la situación migratoria de los potenciales beneficiarios delega el suministro de la ayuda a organizaciones con a su vez recursos limitados y que pese a sus esfuerzos no estaban preparadas para el tsunami de peticiones de ayuda.
Mientras en la Casa Blanca esté un enemigo de los inmigrantes, los gobiernos locales, estados como Nueva York y California tienen que hacerse cargo de toda su población, aunque sea indocumentada. Con responsabilidad y sin discriminación.
Después ya habrá tiempo para otras discusiones. Ahora se trata de la supervivencia.
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