Argentina: para una historia de la corrupción

Argentina: para una historia de la corrupción

Durante algunas semanas, las revelaciones de la tremenda corrupción en el gobierno de la familia Kirchner, y el desfile judicial de grandes empresarios y políticos “arrepentidos” ocupó la volátil atención de los argentinos. Además pronto aparecerán nuevas noticias de impacto. Podremos olvidarnos del tema o intentar una reflexión más serena sobre estas revelaciones, que hacen a lo más profundo de la crisis argentina, y quizá, intentar iniciar un rumbo nuevo.

¿Corrupción genética?

Muchos se conforman atribuyendo la corrupción a un ADN argentino, una definición genética que se manifestó en los orígenes mismos de nuestra sociedad, con los contrabandistas del siglo XVII, y que continuaría hasta el presente, cambiando sólo las formas. Junto a esta variante pseudo científica aparece otra, de tinte exculpatorio: “Corrupción hubo siempre”. Las respuestas fáciles explican poco y alientan el fatalismo. Como dice el tango, “contra el destino, nadie la talla”.

La historia nos da algunas lecciones útiles. La primera es que los argentinos no son originales en nada; problemas similares ocurren en todo el mundo, pero se resuelven de maneras diferentes. La segunda es que la definición de lo lícito y lo ilícito ha ido cambiando a lo largo del tiempo, tanto desde el punto de vista jurídico como moral.

Antes de la Revolución Francesa, las monarquías eran patrimoniales. Las propiedades del rey se separaban de manera confusa e imprecisa de los bienes del Estado. Lo mismo ocurría con los grandes nobles con autoridad territorial y, en general, con los funcionarios. Hasta el siglo XVIII fue común que los reyes pusieran en venta los cargos públicos (gobernadores, oficiales del Ejército, funcionarios judiciales, recaudadores), pues ese ingreso era indispensable para el fisco. Quien compraba un cargo lo utilizaba para recuperar lo que había invertido en él, cobrando lo que hoy llamamos coimas. Nadie veía en esto algo desdoroso. Simplemente era otra forma de entender qué cosa es el Estado.

Hay que esperar al siglo XIX para que el Estado se pareciera a lo que hoy creemos que debe ser: un patrimonio público administrado por funcionarios probos, que aplican la ley igual para todos y reciben por ello un salario u honorario. Se trata de un deber ser, que gradualmente fue moldeando los comportamientos reales, pero que no ha hecho desaparecer totalmente la concepción patrimonialista.

Así funcionaron las cosas en el Río de la Plata durante el período colonial. Como en toda Hispanoamérica: se daba por sentado que una cosa era la ley y otra la realidad. Cuando la Corona española decidió, a fines del siglo XVI, que Buenos Aires sería un puerto cerrado, sabía que así estimulaba un contrabando que nadie podría evitar, pero que de alguna manera dejaría beneficios a los funcionarios locales y a la misma Corona.

El período colonial

El gobernador Hernandarias se tomó en serio la ley, y puso en prisión a algunos notorios contrabandistas, pero terminó muy mal, cargado de cadenas. Sus sucesores, que habían comprado sus cargos, adaptaron sus conductas individuales a las condiciones de la realidad y recibieron sus “retornos” sin escándalo, siempre que no superaran ciertos límites. No eran genéticamente contrabandistas o corruptos sino sólo una pieza de un dispositivo más amplio, impersonal y aceptado.

En la época colonial existía el llamado “juicio de residencia”, un procedimiento al que eran sometidos los virreyes y principales funcionarios que formaban parte de la frondosa burocracia española.

Consistía, básicamente, en “contar las costillas” a quienes finalizaban sus funciones para verificar que no se hubiesen quedado con algo que perteneciera al rey. No hay registro de casos resonantes de esa etapa, lo que no quiere decir que no hubiera corrupción.

Con la Revolución de Mayo comenzaron a tener vigencia los principios de la Ilustración y la Revolución Francesa sobre el servicio a la patria y la honestidad, y el margen de lo que estaba fuera de la ley se achicó un poco. Pero lo decisivo fue que el Estado pos-revolucionario era pobre, pues las guerras eran caras y los ingresos normales se reducían. Aunque algunos hicieron negocios con la compra de armas o barcos, a la mayoría de los patriotas les pasó lo mismo que a Manuel Belgrano: sacrificaron sus carreras y perdieron sus fortunas personales.

Después de 1810, se juzgaban las acciones de guerra. Por ese filtro debieron pasar Manuel Belgrano, Bernardo de Monteagudo y Juan José Castelli, todos por sus respectivos desempeños al frente del Ejército Auxiliar del Norte y de las derrotas cosechadas en el Alto Perú. Belgrano zafó, en tanto que Castelli falleció sin haber sido sobreseído y Monteagudo promovido a Auditor de Guerra del Ejército de los Andes. El mismísimo San Martín se vio envuelto en un malentendido por una cuenta que él y O’Higgins mandaron abrir en Londres para depositar supuestas comisiones, un episodio que Mitre llamó “el punto negro” del prócer.

En Buenos Aires, después de 1820, con la paz y el orden reapareció un Estado con cierta holgura financiera. Sobre todo, entre 1820 y 1825 hubo una formidable oportunidad en Gran Bretaña, donde muchos ahorristas buscaron en Sudamérica oportunidades para invertir beneficios acumulados durante la Revolución Industrial.

El empréstito Baring

Bernardino Rivadavia estuvo en el centro de algunas operaciones públicas de dudosa transparencia: la enfiteusis, el empréstito de la Baring Brothers y la concesión a una firma inglesa de las minas de Famatina, entre otras, aunque no fue juzgado por esos hechos. Su ocaso y el exilio que le siguió obedecieron a razones políticas antes que éticas.

Por la gestión del “empréstito Baring”, y por la cesión de las minas de La Rioja a explotadores ingleses Rivadavia cobró una buena comisión, normal entonces.

Otro grupo, que rodeaba a Rivadavia, gestionó otros negocios. Lo mismo ocurría por entonces en México, en Lima y en Caracas. Todos fracasaron hacia 1825, arruinando a ingenuos inversores ingleses. ¿Corrupción? Quizá sea más justo llamarlo tráfico de influencias.

Los primeros presidentes constitucionales –Mitre, Sarmiento, Avellaneda– no debieron transitar por tribunales de la época ni enfrentaron denuncias de corrupción, aunque Mitre pasó varios años en la cárcel por sedición.

En la década de 1880 el escenario fue otro. El gran crecimiento agropecuario y la construcción de ferrocarriles, puertos y grandes obras urbanas fue posibilitado por la construcción del Estado nacional. Esta laboriosa empresa institucional y política requirió establecer acuerdos con quienes en cada provincia controlaban la “situación”, y enviaban al Congreso diputados y senadores.

Julio Argentino Roca fue criticado por la distribución dispendiosa que su hermano Ataliva hizo de los millones de hectáreas ganadas al desierto tras la expedición a tierras aborígenes.

El default de 1890

Hubo un amplio campo para que quienes tenían influencia pudieran amasar una fortuna, como se lee en Divertidas aventuras del nieto de Juan Moreira, de Roberto J. Payró. El presidente posterior, Miguel Juárez Celman, estuvo en el ojo del huracán por las derivaciones de la especulación financiera que reinó durante su mandato y el posterior default. Cayó en 1890, desestabilizado por un levantamiento cívico-militar, sin pasar por los estrados judiciales.

Un caso que conmovió a la opinión pública fue el juzgamiento por supuesta mala praxis de los responsables de la construcción del dique San Roque. Víctimas de intereses corporativos de ese tiempo, ligados al negocio cementero, fueron a parar a la cárcel Carlos Cassaffousth y Juan Bialet Massé. Fueron absueltos, pero quedaron injustamente lesionados en su honor.

Uno de los caminos del enriquecimiento de los miembros de la elite política fueron los generosos préstamos concedidos por los Bancos Garantidos. Respaldados por el Banco Nacional, los bancos no se preocuparon por reclamarlos y los beneficiarios, que los usaron para especular, no se preocuparon por devolverlos. Todo concluyó con la gran crisis financiera de 1890.

Los negociados de la carne

Tras ser derrocado en 1930, Hipólito Yrigoyen fue investigado por el gobierno militar, que creó una comisión especial para detectar supuestas irregularidades administrativas. Según el historiador Félix Luna, Yrigoyen fue indagado y se le dictó prisión preventiva, hasta que resultó indultado en febrero de 1932. Más tarde se lo volvió a recluir en la isla de Martín García, esta vez acusado de conspirar contra el régimen.

En 1935, Lisandro de la Torre logró sentar en el banquillo de los interpelados a dos prominentes ministros del gobierno de Agustín P. Justo, para responder acerca de los negociados de la carne y de los frigoríficos, que al final quedaron en la nada. Y el más impactante de todos: el escándalo de los niños cantores de la Lotería Nacional, que “cantaban” números premiados elegidos previamente, a comienzos de la década de 1940.

La remota cárcel de Ushuaia –por esos días, el penal de máxima seguridad del país– estaba poblada de presos políticos y de asesinos múltiples, pero ningún penado por actos de corrupción en ejercicio del poder.

Con la crisis de 1930 había comenzado un largo período de creciente intervención del Estado en la economía, mediante la regulación y la promoción de determinadas actividades. A la larga, esto habría de conformar el caldo de cultivo de la moderna corrupción, pero por entonces la austeridad económica general limitó ese impacto.

En cambio, una opinión pública muy atenta, alertada por los diarios populares comoCrítica, politizó rápidamente algunos casos escandalosos, como el denunciado por Lisandro de la Torre sobre los frigoríficos británicos, las concesiones de la CHADE o la compra por el Ejército en 1938 de tierras en El Palomar, para ampliar el Colegio Militar. En 1940 se denunció que se había pagado un precio muy elevado, y la investigación encontró responsables a varios funcionarios de mediana jerarquía y varios diputados, radicales y conservadores. Pero quedó implicado el ministro de Guerra y el propio presidente Roberto Ortiz.

El Justicialismo

Durante las primeras presidencias de Juan Domingo Perón (1946-55), no trascendieron grandes casos públicos de corrupción, en parte porque el gobierno controló férreamente los medios, clausurando a aquellos que se atrevieran a difundir algún negociado del “Justicialismo”.

Una excepción fue el escándalo de Juan Duarte, hermano de Eva, implicado en un negocio con la venta de carne, que concluyó con su sospechoso suicidio. Fueron años prósperos, la intervención estatal fue muy grande y crecieron las oportunidades para los “negociados” de personas cercanas al gobierno, que aprovechaban informaciones confidenciales u obtenían exenciones o privilegios, como los “permisos de importación” para sortear los elevados aranceles aduaneros.

Las políticas de promoción industrial y regional, lanzadas por Arturo Frondizi en 1958, dieron lugar a una puja entre distintos intereses para lograr una porción de los beneficios que el Estado podía repartir. Un funcionario firmaba el decreto de inclusión de una empresa en uno de esos regímenes privilegiados… Otro agente, paralelamente, –el ministro– firmaba el decreto de devaluación de la moneda, que creaba enormes beneficios para los exportadores y, además, le permitía a alguien con información confidencial hacer un gran negocio en pocas horas.

Por eso las ocasiones para el cohecho se multiplicaron y se desarrolló la profesión, de perfil oscuro, del lobista; en muchos casos los lobistas se instalaron en los ministerios de sus respectivas ramas, posibilitando negocios mucho mayores, como el de ALUAR (Aluminio Argentino S.A.) o la ley de Obras Sociales de 1971, que benefició a los sindicatos.

El Consenso de Washington

Desde 1976, con el último gobierno militar, se gestó una idea que maduró en los años ‘90. La intervención estatal excesiva era la fuente de la corrupción y de los conflictos, de modo que un achicamiento del Estado acabaría con esos males y permitiría el libre desarrollo de los auténticos empresarios generadores de riqueza.

Esta fue la teoría del Consenso de Washington, que acabó con la construcción estatal iniciada en 1930. La aplicación de estas ideas fue bastante distinta en nuestro país. El Estado privatizó casi todas sus empresas, y a la vez achicó todos sus mecanismos de regulación y control.

La maniobra favoreció a los grandes grupos empresarios (“la patria contratista”, “la patria financiera” o “los capitanes de industria”), que fueron al principio contratistas de las empresas estatales … y luego las compraron durante el ciclo privatizador menemista.

Después de la Guerra de Malvinas el gobierno militar rápidamente llamó a elecciones ~con la cola entre las piernas~ y ganó la fórmula radical, encabezada por el Presidente Raúl Alfonsín, a quien se lo conoce en Argentina como “el padre de la democracia”.

Claro está que cuando alguien muere, pasa a ser el ser mas bueno que existió y se le da paso a casi una glorificación de sus actos, ocultando la verdadera historia para no juzgarlo y lo recordamos con buenas acciones y dándole a los mas jóvenes ejemplos que nosotros mismos despreciamos en su momento.

El fallecimiento de Alfonsín despertó en la mayoría ese acto casi reflejo de elevar en un pedestal a un expresidente que solo tiene como mérito ser el primero elegido por la gente luego de la dictadura militar, pero también el pionero en abandonar el cargo antes de la finalización del mandato.

El “orgullo” de haber sido el hombre de los “Pactos” con los Militares (ley de Obediencia Debida y Punto Final, dejando sin juzgar a muchos represores), con Menem (el pacto de Olivos, por la reforma de la Constitución), con el FREPASO para formar la Alianza y derrotar al Justicialismo en 1999.

Se lo destaca como supuestamente “honesto”, pero durante su presidencia se conocieron los primeros escándalos por corrupción, por ejemplo con las cajas con alimentos denominadas PAN (Plan Alimentario Nacional), que se utilizaban con fines políticos, que distribuía su hijo Ricardo.

Los Pollos Mazzorin

Demás está recordar el escándalo desatado por los recordados Pollos Mazzorin (que fueron comprados en el exterior para abaratar los precios internos y terminaron pudriéndose antes de salir a la venta), así como los galpones enterrados en Tierra del Fuego, por los reintegros de la Ley 19.640; y muchos mas actos de corrupción que figuran en los diarios de la época. Ese plan ~además de producir muchos negocios espúreos~ fomentó la “ventaja de ser desocupado en Argentina” y la desocupación. Una cantidad enorme de habitantes del país aprendió a vivir de las dádivas gubernamentales y cómo vivir sin trabajar.

Ningún presidente argentino dilapidó más rápidamente tan enorme apoyo del electorado que Alfonsín, quien llegó al cargo prometiendo acabar con la desigualdad, vociferando que con su democracia se comería, se curaría y se educaría. Ahora bien, en medio de la peor crisis económica de la historia contemporánea argentina, el doctor Alfonsín propuso llevar la capital a Viedma, con discursos faraónicos, pero que nada tenían que ver con la realidad que le pasaba frente a su cara.

En cuanto a la administración de la cosa pública, hubo pocos como él. La burocracia y el despilfarro se expandieron desmesuradamente: de 8 secretarias se paso a 42, de 20 subsecretarias se paso a 96, y se nombro a 280.000 agentes públicos.

Durante su mandato, 6 años. La inflación acumulada fue de 660.000 por ciento, la depreciación monetaria fue de 1.700.000 por ciento y entre febrero y julio de 1989 el austral se devalúo un 3.050 por ciento.

Al retirarse los militares la deuda externa era de 40.000 millones de dólares: un robo. Un desastre, calculando que cuando se fue Isabel la deuda externa era de 6000 millones. Ahora bien, cuando se fue Alfonsín la deuda externa era de 67.000 millones de dólares y la deuda interna era de 30.000 millones de dólares. Ambas deudas fueron nacionalizadas en los años 90.

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Al retirarse del gobierno en el Banco Central había 38 millones. ¡Sólo había 38 millones! no me faltaron los 3 ceros de los miles. Alfonsín fue como un Atila, que todo lo que tocó lo destruyó.

Llega el Menemismo

Hartos del “último presidente honesto” ~mandatario radical que dejó el mandato antes de cumplirlo~ los argentinos votarían al “peronismo” que declaraba representar el abogado riojano Carlos Saúl Menem.

No bien asumió amplió el número de jueces de la Corte Suprema de cinco a nueve determinó el nacimiento de la «mayoría automática» (que siempre dictaminó a favor del gobierno de Menem), colocando a su socio de toda la vida, Julio Nazareno, como Presidente del más alto Tribunal de la República.

Garantizada su impunidad ~y una vez aprobadas las leyes de Reforma del Estado y de Emergencia Económica~ Menem puso en marcha en la Argentina un activo plan de transferencias que, a través de distintas modalidades -venta, venta de acciones, concesiones a mediano y largo plazo, contratos de asociación- dejaría en manos privadas empresas industriales, comerciales y de todos los servicios estratégicos que hasta entonces estaban en poder del Estado nacional. Tanto que Argentina se quedó sin transporte ferroviario de carga, entre otras barbaridades.

En pocos años también las provincias, para poder acogerse a los “beneficios” de los Pactos Fiscales, debieron emprender el mismo camino. Aun cuando la venta de activos sólo era una de las estrategias que se habían anunciado para convertir al Estado “grande y débil” en “pequeño y fuerte”, a poco de andar quedó claro que se trataba de la más significativa, y acaso de la única que se llevaría adelante hasta sus últimas consecuencias.

El menemismo, haciéndose eco de las sugerencias que llegaban desde el exterior desde ya hacía algunos años, encontró de este modo la clave que habría de resolver las contradicciones existentes entre los distintos grupos de poder locales e internacionales.

La era de privatización

La subasta del patrimonio público -catalogado por algunos como “las joyas de la abuela” – auspiciaba la formación de consorcios que reunían a la cúpula empresaria local con los conglomerados extranjeros que operaban en el país, y también asociaban a la banca acreedora.

Fue así que, con la Ley de Reforma del Estado de 1989, se puso en marcha la privatización de distintas empresas estatales, como la distribución de agua, las empresas telefónicas y de energía eléctrica, el gas y los hidrocarburos, hasta la clausura total de ramales ferroviarios de transporte de pasajeros, así como también los trenes de carga. La privatización se llevó a cabo mediante la venta -total o parcial- de las empresas o por la concesión a empresas privadas de la estación de servicios.

Del mismo modo designó a un terrorista árabe, imputado por los crímenes cometidos durante el secuestro del Crucero «Achille Lauro», como Director Nacional de Aduanas. El traficante de armas sirio Monzer al-Kassar había sido procesado por la presunta falsificación de certificados para obtener la ciudadanía argentina, que obtuvo en menos de 24 horas sin hablar una palabra de español, en 1990. En el año 2000 Al-Kassar declaró que que Menem ordenó a Migraciones que “se me otorgara la residencia y yo fui allí con un funcionario de la más alta confianza del presidente”, posiblemente Amira Yoma.

Durante muchos años circuló el rumor de que la corbata y el saco que el sirio lucía en la foto del pasaporte pertenecían a Menem. En abril de 2003 el juez Jorge Ballestero declaró prescripta la investigación contra Al-Kassar, pero la Cámara Federal la reabrió. Este tribunal confirmó, en cambio, la prescripción que benefició a un funcionario de Migraciones, que luego fue deportado a Estados Unidos donde se lo condenó a 30 años de prisión por vender armas de fabricación argentina a los terroristas de las FARC, en Colombia.

El caso Al-Kassar

En 1990, el Tribunal de Cuentas formuló una denuncia por la adquisición de un millón trescientos mil guardapolvos a la empresa Herrera Hermanos S.A., que los cobró antes de entregarlos, que hizo pagar Eduardo Bauzá que era ministro de Salud y Acción Social. De la declaración jurada de la empresa surgía que estaba inactiva desde hacía dos años, que su capital no alcanzaba al precio de un guardapolvo y que no había presentado balances, ni siquiera certificación de su existencia. Su presidente era un indigente.

En 1991, como director de la Casa de la Moneda, el amigo personal de Menem, Armando Gostanián, a quien el presidente llamaba cariñosamente “Gordo bolú”, soportó dos escándalos: la emisión de moneda con numeración duplicada y los tristemente célebres “menemtruchos”, billetes con el rostro de Menem que hizo imprimir en auténtico papel moneda y con marca de agua original, para repartir entre amigos a guisa de una humorada.

Tampoco nunca quedó clara la compra de papel moneda que hizo Gostanian a un precio del 185% superior al del mercado. Mientras tanto las denuncias que pesaban sobre él por la emisión de menemtruchos quedaron sin resolución. El propio Presidente Menem no lo condenó siquiera de palabra por su conducta indecente y reiterada.

Miguel Ángel Vicco y Carlos Spadone fueron los protagonistas del caso de la leche adulterada vendida al Estado argentino en 1991. En marzo de aquel año, la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia había ordenado la compra de leche en polvo para embarazadas, menores de 2 años y desnutridos. Las firmas Molfino, Manfrey, Mastellone y Sancor decidieron entonces no disputar la operatoria porque estimaron imposible reunir la cantidad de leche requerida en el tiempo disponible, sólo 60 días.

Spadone, por entonces asesor de Menem y proveedor del Estado en forma simultánea, sí participó, resultando el único oferente. Spadone y dos colaboradores, Carlos Santunione y Néstor Lorenzo ocultaron la importación de la leche desde Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Uruguay. Además alteraron las fechas de vencimiento de la mercadería y la fijaron en seis meses, plazo mínimo que exigía el pliego.

Pero la leche estaba vencida, contaminada con la bacteria Escherichia coli y, según un examen del CONICET y de investigadores holandeses, algunas partidas presentaban una “sustancia radiactiva no natural, compatible con la medida en leche contaminada por el accidente (de la central nuclear) de Chernobyl”, ocurrido en los años 80. La causa se inició por una denuncia del fallecido dirigente socialista Simón Lázara, que había denunciado la “venta de leche en mal estado” al Ministerio de Salud y Acción Social.

En el verano de 1990-1991, el embajador norteamericano Terence Todman envió una nota al gobierno argentino denunciando un pedido de coimas a la empresa Swift para agilizar trámites de radiación de capital. La empresa quería importar maquinarias de alta tecnología, que iban a ser destinadas a la ampliación de su planta ubicada en Rosario (provincia de Santa Fe) sin pagar impuestos por 4,4 millones de dólares, de acuerdo a la ley de promoción industrial. Se trataba de una inversión de 140 millones de dólares y estaba trabada, por lo menos, la segunda parte de la suma ~71 millones~ en el despacho de Emir Yoma.

Investigación periodística

El incidente se conoció el 6 de Enero de 1991 gracias a una nota del periodista Horacio Verbitsky en el diario Página 12. El presidente Menem calificó a Verbitsky de “delincuente periodístico” y como consecuencia del escándalo, renunciaron el entonces ministro de Economía Erman González, el asesor presidencial Emir Yoma y el ministro Roberto Dromi.

El martes 17 de marzo de 1992 a las 14:45 (hora local) cuando un furgón Ford F-100 conducido por un suicida fue cargado con explosivos y estrellado contra el frente del edificio de la Embajada de Israel, localizado en la esquina de Arroyo y Suipacha, de la ciudad de Buenos Aires​ causando la destrucción de la embajada, y daños a una iglesia católica y una escuela ubicada en un edificio cercano. En el atentado terrorista murieron 22 personas, entre israelíes y argentinos e hirió a otras 242. Fue el segundo peor ataque terrorista en la historia de Argentina, después del atentado terrorista contra la AMIA en 1994, y el peor ataque contra una misión diplomática israelí. Los autores del ataque nunca fueron encontrados, aunque se cree que fueron enviados por la República Islámica de Irán.

Como si ésto fuera poco, otro de los casos más resonantes del menemismo fue la denuncia de que fuertes sumas de dinero proveniente del narcotráfico eran transportadas desde Estados Unidos para ser blanqueadas en Argentina con la participación de altos funcionarios del gobierno menemista. El escándalo estalló en 1991 cuando el periodista Román Lejtman lo denunció en el diario Página 12.

Los involucrados fueron Amira Yoma, cuñada y secretaria de audiencias del presidente Menem, su marido, el sirio Ibrahim Al Ibrahim, asesor de Aduanas (como se recordará, se dijo unos párrafos arriba que no hablaba español), actualmente prófugo de la justicia y el secretario de recursos hídricos, Mario Caserta. Este último fue condenado a 5 años de prisión por la causa. La banda también la componían José Lezcano Patiño, o Ramón Puentes, condenado en Estados Unidos, que era quien movía la droga desde allí en los años 80. Sus lugartenientes eran Mario Anello e Indalecio Iglesias. Una carga de 595 kilos de cocaína decomisados en Cabo Verde, pertenecientes a la organización, permitió la detención de Iglesias, que reveló cómo era toda la estructura. Su relato permitió descubrir que la organización tenía una ramificación aquí.

La organización traía el dinero proveniente de la venta de drogas en valijas desde Miami hasta Nueva York y de allí a Buenos Aires. Ibrahim Al Ibrahim operaba en la Aduana para que las valijas (“Samsonite”) evadieran los controles. Parte de la suma ingresada en el país fue invertida aquí y “blanqueada” con la compra de inmuebles, la constitución de empresas y la adquisición de joyas, y otra parte era enviada a Uruguay, donde se la depositaba en las cuentas de otros involucrados.

El 26 de marzo de 1992 se sesionaba en la Cámara de Diputados para aprobar el marco regulatorio de la privatización de Gas del Estado. Presidía la sesión Alberto Pierri, el Justicialismo necesitaba 130 diputados para alcanzar el quórum. Se votó a mano alzada y al levantarse la sesión algunos periodistas percibieron que un intruso había votado. El impostor que se había hecho pasar por diputado era Juan Abraham Kenan, asesor de Julio Manuel Samid, el hermano de Alberto Samid. Kenan, no obstante, no fue el único intruso ese día.

Hubo cinco más, que al no ser descubiertos en ese momento consiguieron escapar, todos colaboradores de diputados justicialistas. Esos diputados eran Felipe Solá, quien echó de inmediato a su empleado infiel; el salteño Carlos Romero (posteriormente candidato a vice de Menem en 2003); el mendocino Nicolás Becerra, quien desmintió categóricamente haber formado parte de la operación, el porteño Eduardo Varela Cid y el fueguino Carlos Manfredotti. Samid y Kenan fueron condenados a algunos meses de prisión en suspenso. Al ser interrogado, Kenan célebremente respondió que lo habían hecho sentar en una banca“porque estaba descompuesto”. El caso se conoció como la causa de “el diputrucho”.

Las armas a Croacia

En 1992 se exportaron 6500 toneladas de armas argentinas a Croacia (en violación a un embargo de la ONU) y a Ecuador (siendo Argentina garante de un tratado de paz entre este país y Perú). La venta fue autorizada por un decreto secreto que llevaba la firma del presidente Menem y los ministros Camilión y Cavallo, entre otros. Por este hecho el Estado argentino fue defraudado en 60 millones de dólares. Se probó que el sirio Monzer Al-Kassar participó en la operación como intermediario. Las familias Al-Kassar y Menem provienen del mismo pueblo en Siria, y se cree que estarían emparentadas.

En el marco de esta causa la testigo clave Lourdes di Natale fue asesinada dos semanas antes de declarar contra Menem y Emir Yoma.

La tiraron por la ventana de su departamento. Lourdes confesó que tenía miedo. Es como si esa condición fuera innata a su persona y eso podía comprobarse en cada uno de sus elocuentes gestos cotidianos. La lógica macabra del peso de sus denuncias no podían provocar otra sensación en ella que no fuera pánico. Las declaraciones de Lourdes Di Natale han sido claves en el caso del contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Su declaración de casi 50 carillas permitió que fueran encarcelados el ex presidente Carlos Menem y Emir Yoma, entre otros. “Si me llega a pasar algo, guardo una carpeta naranja que está en una escribanía y donde hay mucho más que lo que conté públicamente”, le dijo a un periodista a quien llamó la noche antes del crimen. Di Natale tenía un conocimiento tan acabado de la causa armas y sus detalles financieros, que el juez en lo penal Económico Julio Speroni le había pedido que declarara en su juzgado. Pero dos semanas antes de la cita, la testigo estrella cayó por el balcón de su departamento.

Lourdes sabía lo que nadie: cómo había sido el reparto del dinero producido por la venta de armas y quiénes se habían quedado con los “porcentajes de intermediación”. En la era de Menem, su muerte era cuestión de horas.

Las armas a Ecuador

En 1995, la Argentina le había vendido armas a Ecuador cuando éste país estaba en guerra con Perú. En ese entonces, la Argentina era garante de paz entre ambos países por ser miembro del Grupo del Tratado de Río de Janeiro.

La operación se hizo a través del decreto secreto 103, firmado por el presidente Menem. Para ello, se consiguió un certificado falso de destino final a Venezuela. DGFM le vendió fusiles a la empresa fantasma uruguaya Hayton Trade SA, que a su vez se los vendió a otra intermediaria ecuatoriana (Prodefensa, perteneciente a un traficante francés), que las trianguló al ejército ecuatoriano. Los embarques se hicieron en aviones de la firma Fine Air. Los cargamentos de armas salieron de la Fábrica Militar de Río Tercero, parte de DGFM.

Para que cerraran todos los cabos sueltos, El 3 de noviembre de 1995, hubo una serie de explosiones en la fábrica militar de armamentos militares de Río Tercero (Provincia de Córdoba) que provocaron la muerte de siete personas y resultaron heridas más de trescientas. Decenas de casas quedaron en ruinas y otros cientos fueron seriamente dañadas; la ciudad quedó regada de esquirlas y municiones de guerra. Este desastre estuvo vinculado con el escándalo por venta de armas a Ecuador y Croacia, por el cual estaba imputado Menem y su ministro de Defensa, Oscar Camillión.

La voladura se `produjo para encubrir las pruebas que los vinculaban. Se realizaron 5 envíos en barcos originarios de Croacia. La venta fue realizada por la Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM). Este organismo fue intervenido por el gobierno del expresidente Carlos Menem y su interventor era Luis Sarlenga. El intermediario fue el militar Diego Palleros, quien obtuvo un certificado falso que consignaba que el destino final de las armas era Panamá. Esta operación se concretó a través de los decretos secretos 1697 y 2283, firmados por el expresidente Menem; el ex ministro de Defensa, Antonio Erman González; de Relaciones Exteriores, Guido Di Tella; y de Economía, Domingo Cavallo.

Al-Kassar fue detenido en España y extraditado a Estados Unidos, donde un tribunal de Nueva York lo condenó a 30 años de prisión por participar en la venta de armas a las FARC.

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El atentado contra la AMIA

El 18 de julio de 1994, otro coche bomba estalló en la AMIA con el luctuoso saldo de 86 muertos. En 2004 un tribunal federal comprobó que el juez que hacía 10 años investigaba la causa, Juan José Galeano, había sobornado, siguiendo instrucciones del gobierno de Menem, a uno de los inculpados para que incriminara a oficiales de la policía bonaerense. En 2005 fue procesado por 27 cargos y destituido. Además, el ex juez Galeano fue procesado por el supuesto desvío de la llamada “pista siria” en la causa AMIA, que apuntaba a una familia de ese origen allegada a la familia del ex presidente Carlos Menem. En la misma causa también están procesados por “encubrimiento” el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y el un comisario retirado de la Policía Federal.

A todo ésto, un millonario fraude al Estado fue perpetrado en 1994 mediante la contratación a IBM para la informatización del Banco Nación. La licitación para la puesta en marcha del proyecto “Centenario”, consistente en informatizar 525 sucursales del Nación, fue confeccionada para que sólo IBM pudiera ganarla, contra el pago de 37 millones de dólares en coimas, de los cuales llegaron a pagarse 21 millones.

El caso fue denunciado por el periodista Santiago Pinetta, en el libro “La Nación Robada”. Pinetta, que financió la publicación del libro con una vaquita y presentó la denuncia penal personalmente en un juzgado federal, sufrió 3 atentados mafiosos, en uno de los cuales fue atropellado, y en otro le escribieron “IBM” en el cuerpo con una trincheta. Algunos años después terminó mendigando en las estaciones de subterráneos porteños.

En el marco de esta causa, Marcelo Cattáneo, apareció ahorcado con una nota periodística sobre el caso en su boca. Su hermano Juan Carlos, secretario de Alberto Kohan en la Secretaría General de la Presidencia, era el testigo más importante de la causa y su deceso siempre fue considerado un suicidio.

La interventora de la Obra Social de los Jubilados Matilde Menéndez denunció que el directorio de la obra social de los jubilados otorgaba préstamos de dinero a terceros ajenos al organismo, en lugar de depositarlos en los bancos oficiales para obtener intereses y lograr una mayor rentabilidad de los fondos del organismo. Víctor Alderete, fue sobreseído en una causa por manejos irregulares en el PAMI tras pasar 15 meses en prisión. También fue acusado en la causa sobre irregularidades detectadas en la remodelación del Hogar Viamonte. El PAMI otorgó la obra por contratación directa a una empresa en 3,5 millones de dólares.

Otra causa por “sobresueldos” se inició en 1994 por una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans. El juez Martínez de Giorgi dió por acreditado que “durante los dos mandatos presidenciales de Carlos Saúl Menem se ideó, se ejecutó y se desarrolló, por parte de los funcionarios de más alta jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional, un sistema por el cual se destinó dinero público (asignado originalmente por Ley de Presupuesto a gastos de inteligencia y seguridad del Estado) para el pago de sumas a funcionarios de ese poder del Estado, las cuales eran repartidas de manera discrecional e informal entre ellos”.

Las pruebas fueron las declaraciones testimoniales de ex empleados y ex funcionarios y hasta los dichos de los propios acusados, que no negaron el cobro de esos sobresueldos. Una pericia incorporada a la causa habla de hasta 400 millones de dólares. El dinero provenía de fondos reservados de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) y otros organismos. Por la causa fueron procesados el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, el ex ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo, y la ex secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray.

Además, en esta causa ya estaban procesados el ministro de Defensa Oscar Camilión, condenado con Menem por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, y el ex jefe de Gabinete Jorge Rodríguez.

En 1996, Domingo Cavallo narró que el ministro del Interior Carlos Corach tuvo el desparpajo de anotarle en una servilleta el nombre de cinco de los muchos jueces federales que él, junto al ministro de Justicia Elías Jassan, controlaba: Carlos Branca, Jorge Urso, Adolfo Bagnasco, Rodolfo Canicoba Corral y Claudio Bonadío. Estos magistrados eran la punta del iceberg de un sistema judicial de protección de contrabandistas, corruptos y evasores vinculados al gobierno.

El Efecto Y2K

En 1999, para prevenir el “Efecto Y2K” ~como se denominó a las eventuales consecuencias informáticas de la llegada del año 2000~ la Secretaria de la Función Pública y ex-interventora en Corrientes, Claudia Bello, contrató los servicios de empresas de publicidad para alertar sobre las posibles nocivas consecuencias de ese hecho con relación a los sistemas informáticos. La Oficina Anticorrupción la acusó de haber adjudicado ~sin licitación~ contratos por “consultoría” por 9 millones de dólares.

Carlos Grosso, quien era el Intendente de Buenos Aires nombrado por Menem, adjudicó en forma irregular el Campo Municipal de Golf y el Velódromo de Buenos Aires a una empresa fantasma cuyos socios estaban vinculados al Secretario de la Presidencia Alberto Kohan. En mayo de 1991, fue denunciado por la aprobación del proyecto que cedió al empresario Salomón Salem la planta baja de la escuela Nº 16 Presidente Mitre, ubicada en Pueyrredón y Sarmiento, y 25 locales en la feria municipal CAM-74, a cambio de archivar un reclamo por una deuda y remodelar la escuela.

Esto fue conocido como el escándalo de la “escuela-shopping”. Grosso renunció en 1992, pero reapareció como asesor durante la fugaz presidencia de Rodríguez Sáa en 2001.

Erman González, amigo y socio riojano del presidente ~en un hecho sin precedentes~ ejerció simultáneamente como Presidente del Banco Central argentino y Ministro de Economía, en flagrante violación a la supuesta independencia entre las dos instituciones. Asumió en la cartera de Defensa tras renunciar por el Swiftgate. En mayo de 1999 renunció al cargo cuando se hizo público que cobraba simultáneamente el sueldo de ministro y una jubilación como retirado del Estado. En enero de 2000 se reveló que su patrimonio financiero había crecido ocho veces entre 1993 y ese año, según las presentaciones que él mismo había hecho a la Oficina Anticorrupción. Falleció en 2007 cuando todavía se tramitaban varias causas en su contra.

Por último, María Julia Alsogaray fue tal vez el mayor símbolo de la gestión menemista, imperecederamente asociada a la corrupción y la ostentación de la década del 90 en la Argentina. Dirigió las privatizaciones de las empresas estatales ENTeL y SOMISA, en medio de enormes irregularidades.

Posteriormente fue Secretaria de Medio Ambiente, y desde ese puesto participó de varios episodios bochornosos. El 4 de enero de 1993 prometió que el Riachuelo estaría limpio “en 1000 días” y se comprometió a nadar en el río transcurrido dicho período.

Las obras de saneamiento jamás despegaron. En enero de 1996 un pavoroso incendio consumió 20 mil hectáreas de bosque y llegó hasta las puertas de la ciudad de Bariloche ante la total pasividad de la ingeniera, que adujo que su repartición “no tenía jurisdicción” en esa zona. Su rol más infame lo representó al posar semi-desnuda en la tapa de la revista Noticias, cubierta apenas por un tapado de piel de bisón. Por enriquecimiento ilícito, Alsogaray fue condenada en 2004 a tres años de prisión. Estuvo 19 meses detenida y la sentencia quedó firme a fines de 2008, y eso fue lo que permitió que el tribunal oral le ordenara devolver a las arcas públicas el dinero cuyo origen no pudo justificar (850 mil dólares y varias propiedades).

María Julia Alsogaray

En todos los casos, hubo una decisión política, que favorecería a un grupo u otro, y una coima por pagar. La “carpa chica”, donde los intermediarios recibían la comisión por cada intervención del gobierno, o el célebre “robo para la Corona” forman todavía hoy parte del imaginario popular.

Paralelamente, la propia organización estatal se fue corrompiendo, en parte por el achicamiento o cierre de las agencias de control, en parte por la salida de funcionarios calificados y expertos, pero sobre todo, por el deterioro de la ética burocrática (piedra angular del funcionariado según Max Weber), que fue víctima del creciente discrecionalismo de los gobiernos, tanto en tiempos de dictadura, como en democracia, desde la época de Menem.

La acción de los grandes grupos se replicó en pequeña escala, allí donde alguna autoridad (un policía, un vista de Aduana, un práctico del puerto) debía controlar alguna actividad. Pequeñas mafias, formadas por funcionarios y pequeños traficantes de influencia, se instalaron para tomar su parte del generalizado negocio de corrupción del Estado.

Luego de dos períodos presidenciales Menem se hizo designar como Senador para evitar ir a prisión.

Sobrevendría ~tras las elecciones~ el gobierno de Fernando de la Rúa, quien había hecho una Alianza electoral con los sectores de izquierda.

En efecto, cansados de la corrupción del peronismo, los argentinos ~tras dos períodos insufribles~ votaron otra vez a los radicales lo eligieron al Dr de la Rúa quien fue presidente de Argentina, asumiendo por “la Alianza” el 10 de diciembre de 1999, sucediendo al segundo gobierno de Carlos Menem. Argentina inició el siglo XXI conun nuevo gobierno, nacido de la formada Alianza, en la fórmula Fernando De la Rúa y Carlos “Chacho” Alvarez, quien resultó ganadora en las elecciones de octubre de 1999. Esta nueva administración inició su gestión con una deuda externa altísima y un déficit fiscal de 4.500 millones. Panorama complicado.

Desde el principio de su mandato se vio acorralado por la falta de manejo de la situación financiera. Ricardo López Murphy (duró apenas 16 días en el cargo) el gobierno de la Alianza recurrió a nombrar como ministro de economía a Domingo Cavallo, que inició su gestión prometiendo un crecimiento anual del 5% e intentando rebajar impuestos distorsivos y reanimar la industria, en lo que se presentó como “Planes de Competitividad”.

Sin embargo, los mercados reaccionaron tan mal como los organismos internacionales de crédito. En noviembre de 2001, el gobierno de De la Rúa inició una reestructuración de los compromisos de la deuda externa, denominada “Megacanje”pero hacia fines de ese mes se produjo un agravamiento inusitado de la situación económica con fuertes retiros de depósitos bancarios.

El Megacanje de De la Rúa

Para frenarlos, el ministro de Economía impuso restricciones que implicaban el congelamiento de los fondos depositados en los bancos, medida conocida como el “corralito”. La medida fue promulgada el 1 de diciembre y originalmente permitía sólo un retiro de 250 pesos en efectivo semanales, la prohibición de enviar dinero al exterior del país y la obligación de realizar la mayor parte de las operaciones comerciales mediante cheques, tarjetas de crédito o de débito, y tenía prevista una duración por 90 días.

Además de la grave crisis económica que atravesó su gestión como consecuencia de la implosión de la Convertibilidad, el sustento político de De la Rúa quedó herido de muerte a partir de la renuncia en octubre de 2000 de Carlos Álvarez, vicepresidente y líder del FREPASO. Dicha renuncia tuvo lugar en medio de un escándalo donde se denunciaron supuestos sobornos en el Senado para aprobar una polémica ley de reforma laboral, destinada a debilitar el poder de los sindicatos grandes en favor de los pequeños y bajar los costos laborales.

La renuncia intempestiva de Chacho Álvarez significó un quiebre en la Alianza y aunque los funcionarios del FREPASO siguieron en sus cargos, muchos de ellos hasta el final de la gestión, el quiebre se profundizó en el Congreso donde se inició una sangría de fuerzas de centro-izquierda que abandonaron la coalición por diferencias con el estilo de De la Rúa.

El 19 de diciembre de 2001 el epílogo del gobierno de Fernando De la Rúa, que había asumido la presidencia el 10 de diciembre de 1999, parecía inexorable. La situación social había desbordado, con saqueos y desmanes en los puntos más importantes del país.

En esas circunstancias el presidente realizó un llamado a la calma y respondió a la crisis decretando el Estado de Sitio en todo el país. La medida tuvo el mismo efecto que la nafta sobre las llamas y los hechos vandálicos comenzaron una escalada que dejaría un luctuoso saldo de 27 muertos y más de dos mil heridos.

Una verdadera rebelión popular en la que se mezclaron los sectores más rezagados de la sociedad con clase media y que tuvo como escenario lo que hasta ese momento era el histórico bastión electoral del radicalismo: la Ciudad de Buenos Aires.

Los sectores medios, indignados por el congelamiento de los depósitos bancarios se lanzó a las calles dispuestos a barrer con el poder político. Esa misma medianoche el ministro de economía Domingo Cavallo y el resto del gabinete pusieron sus renuncias a disposición del Presidente.

Cacerolazos y saqueos

El 20 de diciembre la Capital Federal y el Gran Buenos Aires estaban desbordadas por una ola de saqueos a supermercados y establecimientos comerciales de diversos tipos, a lo que se le sumó un cacerolazo generalizado y marchas de miles de personas autoconvocadas que reclamaban la renuncia del gobierno. En el centro porteño la policía federal fue superada y apenas lograba mantener la violencia fuera de la Plaza de Mayo.

Si bien su mandato se extendía hasta el año 2003, De la Rúa renunció al cargo el 20 de diciembre de 2001 cumpliendo 2 años y 10 días de gobierno, en medio de numerosas protestas sociales durante la crisis de diciembre de 2001 en Argentina.

La consecuente acefalía presidencial obligó a la reunión de una Asamblea Legislativa que determinaría quién debía continuar ejerciendo el cargo, siendo reemplazado provisionalmente por Ramón Puerta. Luego se sucedieron en el cargo Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y finalmente Eduardo Duhalde en el curso de trece días.

En el siglo XXI, luego de la crisis de 2001, conocimos lo que hasta ahora es la forma superior de la corrupción. Tanto que ya excede los límites de la palabra y demanda su propio término: cleptocracia, es decir un gobierno organizado para saquear al Estado.

Esta fue la esencia del régimen kirchnerista, hoy a la vista de todos. ¿Cuál fue la novedad? El agente corruptor del Estado no fue un grupo de interés privado sino el equipo gobernante elegido para dirigirlo. Su gobierno se propuso obtener una parte en cualquier actividad que involucrara fondos del Estado, desde la obra pública hasta los comedores escolares. Sólo necesitó el complemento de “empresarios amigos”. Algunos estaban tradicionalmente ligados a estas prácticas y otros muchos (los Lázaro Báez o Cristóbal López) habían hecho sus primeras armas en Santa Cruz en los años ‘90.

Los daños fueron también mucho mayores. Las cantidades apropiadas, aún poco conocidas, tienen escala macroeconómica. Mucho peor fueron las consecuencias de una gestión cuyo único propósito era recaudatorio, y que produjo daños difíciles de remediar, como el déficit energético. Finalmente, culminó el proceso de destrucción de la administración del Estado, cuyo mejor ejemplo es el INDEC.

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La cleptocracia

¿Qué hay de común en estas historias tan disímiles que transcurren a lo largo de tantos siglos? ¿Cómo precisar un concepto tan difuso cono “corrupción”? Hay cuestiones que tienen que ver con el estado de Derecho, el Gobierno de la ley y la Justicia. Pero esto debe fundarse en un acuerdo ético sobre el valor superior del respeto a la ley, más allá de nuestra conveniencia. Los argentinos tenemos dos problemas graves. El primero es la corrupción de las instituciones (la Justicia, la Policía), y la baja estima de la ley, que convierte en venales los pecados de corrupción, o aún los justifica si se cree que sirven a una causa, como “la revolución” o “la ayuda a los pobres”.

El segundo es la amplitud de las zonas de la sociedad donde la ley llega a medias y es difícil diferenciar lo lícito de lo ilícito. Por ejemplo, toda la economía informal en negro, o los muchos casos de complicidad entre los delincuentes y los agentes locales de la ley, como el juez o el policía. ¿Puede sobrevivir allí una persona decente, sin pagar “el impuesto a la corrupción”?

Otras cuestiones tienen que ver con la administración del Estado. La debilidad de los criterios éticos de funcionarios y jueces, o simplemente su escasa calificación profesional facilitan la corrupción. Esto ha ocurrido, de manera sistemática, desde los años ‘70 hasta hoy.

Quizá más importante es otro factor: la excesiva intervención del Estado, generalmente argumentando que defiende el interés general. Tanto las reglamentaciones excesivas e imposibles de cumplir, como la concesión de privilegios o prebendas a particulares son invitaciones abiertas a una oferta corruptora que, se sabe, será bien recibida.

Un gobierno de ladrones

Cuanto más débil es la administración del Estado, más margen hay para gobiernos ejecutivos y decisionistas, que pasen por encima de reglamentaciones y controles. En estas condiciones se puede pasar, como ocurrió recientemente, a esa fase superior que es la organización, desde el gobierno, de un sistema para saquear al Estado.

Me refiero a un gobierno de los ladrones, una cleptocracia organizada para beneficio de un grupo de sus funcionarios, cuyo ejemplo se expande hacia abajo y creó infinidad de pequeñas cleptocracias.

Si nos remontamos al principio de esta historia –los contrabandistas a quienes inútilmente trató de reprimir Hernandarias– encontramos que los años kirchneristas se parecen mucho a los del primer siglo de la Colonia.

¿Hasta cuando? Hoy hay una oportunidad. Una ruptura fortuita de la “omertà” de la banda saqueadora, un juez decidido y un gobierno que sin interferir crea el contexto favorable pueden generar un cambio importante. Será acotado, pero quizá inicie el largo camino de rectificación de nuestras prácticas administrativas y jurídicas y de recuperación, en nuestra sociedad, de los valores del gobierno de la ley.

Quizás ~se ilusionaba la gente~ haya un momento en el que se diga que comenzará una política de Estado que reduzca al mínimo la corrupción.

Algunos de los costos que la corrupción impone en la sociedad, son monetarios: un tercio de la inversión pública en muchos países de la región de Asia-Pacífico; el 50% de los ingresos impositivos en los países de América Latina; 30.000 millones de dólares de ayuda internacional a África; el 9% del PBI de México.

Otros costos no son fácilmente cuantificables, como por ejemplo la pérdida de legitimidad de las instituciones públicas, los conflictos sociales, la baja en la calidad de la provisión de bienes y servicios públicos, el aumento de los costos de los trámites burocráticos y disminución de la inversión extranjera, entre otros.

La corrupción genera un grave problema en las democracias emergentes, pues conduce a la desconfianza en las instituciones de administración de justicia y de gobierno y disminuye la legitimidad política y la eficiencia económica de un país. La corrupción da lugar a una inadecuada distribución del talento, mina el capital social y la confianza básica y legitima mecanismos informales.

A su vez, la corrupción aumenta los costos del desarrollo social y económico, observándose una relación directa y proporcional entre el nivel de corrupción que se verifica en una sociedad y el nivel de delincuencia; es decir, a mayor corrupción, mayor violencia.

Macri en los Panama Papers

En definitiva, la corrupción atenta contra los ideales y exigencias de un Estado democrático, socavando la credibilidad de las instituciones y fomentando la percepción social de impunidad. Los funcionarios públicos, en quienes el Estado deposita el cumplimiento y la ejecución de sus funciones en virtud del rol especial que desempeñan, son quienes mayores deberes y responsabilidades tienen hacia la sociedad y, precisamente por esa circunstancia se reclama y espera que cumplan sus funciones con responsabilidad, ética y transparencia.

En abril del 2016, sólo cuatro meses después de su asunción como presidente, el nombre de Mauricio Macri apareció en los Panama Papers, documentos confidenciales de la firma de abogados panameños Mossack Fonseca en los que se daba cuenta de las personas vinculadas a empresas offshore en Bahamas y Panamá. Casi año y medio después, un juez desvinculó al presidente del caso y como responsable de dichas “empresas fantasma” quedó su padre, Franco Macri.

Otras dos causas en las que se imputó al presidente fueron la de abuso de autoridad por el decreto que habilitó el blanqueo de capitales a familiares de funcionarios y la firma del memorando con Qatar, que establecía la estructura de una offshore con fondos de la ANSES.

A principios de septiembre de 2018, el presidente volvió a ser imputado por la justicia, pero en dicha ocasión las acusaciones fueron por abuso de autoridad y violación del deber de funcionario público, por haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para acceder a un crédito millonario sin autorización del Congreso.

El ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, fue imputado por presuntamente haber cometido falsedad ideológica y hacer omisiones en sus declaraciones juradas como funcionario, al mismo tiempo que estaba relacionado con Farmacity, empresa que habría sido proveedor de PAMI y que habría recibido la habilitación de varios de sus establecimientos en la provincia de Buenos Aires.

Mario Quintana ~dicho sea de paso~ encabeza el emporio comercial que hizo cerrar a todas las farmacias de Buenos Aires, y está en el cargo para extender el monopolio de esa industria al país en su totalidad.

Respaldo pese a acusaciones

Quintana, ya había sido imputado en la causa de compra de dólar futuro al igual que su entonces colega Gustavo Lopetegui, sin embargo, ambos fueron sobreseídos por el juez federal Claudio Bonadio, quien envió el caso a la fiscalía para que decidiera si era elevado a juicio oral y público.

El ex ministro de Finanzas y ex presidente del Banco Central, Luis Caputo fue convocado por la Bicameral de la Deuda, del Congreso Nacional, para dar explicaciones sobre su vínculo con empresas offshore no declaradas cuando asumió como funcionario público. Caputo ~que también sigue bajo investigación de la Oficina Anticorrupción~ dejó plantado al Congreso, insistiendo en que no tenía obligación de declarar su vínculo con dichas empresas debido a que dejó de prestar sus servicios profesionales a ellas cuando se convirtió en funcionario.

La segunda causa que enfrenta el funcionario es por la colocación de un bono de deuda a 100 años. Además estuvo vinculado a la compra de dólar futuro.

Por su parte, Gustavo Arribas, el Director General de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), fue mencionado en 2017 por un testigo en la causa por corrupción de la constructora Odebrecht. El ex operador financiero brasileño Leonardo Meirelles declaró haber transferido 850 mil dólares a Arribas por concepto de “propinas”.

A pesar de las acusaciones, el funcionario ha sido respaldado por el gobierno de Macri y ha pedido a juez de la causa que revise los movimientos de sus cuentas para verificar que no recibió depósitos desde Hong Kong, como señaló Meirelles.

Arribas y Macri tienen una amistad desde antes de que el actual presidente fue alcalde de Buenos Aires, pero fue durante este periodo que Arribas, presuntamente, recibió “propinas” de la empresa Odebretch y ésta última, obtuvo la obra de soterramiento de vías de tren en Buenos Aires.

El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren también apareció vinculado a empresas offshore durante el periodo en el que trabajó para la petrolera Shell en los Paradise Papers. Una de las empresas de las que fue director, fue la principal contratista del gobierno durante 2016, en dicho periodo ganó 13 licitaciones para abastecer gasoil. Sin embargo, tanto la Oficina Anticorrupción como la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) desvincularon al funcionario de un conflicto de interés.

Justamente fue la desvinculación de Aranguren de las causas por conflicto de interés lo que ocasionó que la titular de la Oficina Anticorrupción fuera señalada de encubrimiento. Además, fue denunciada ante tribunales federales por el dirigente social Juan Grabois por utilizar su posición para dirigir investigaciones contra opositores del gobierno. Meses antes, la Cámara Federal también había solicitado al juez Sebastián Casanello investigar si la oficina a cargo de Alonso elegía las causas a perseguir.

El que fuera Ministro de Modernización del gobierno de Macri y ahora se desempeña como vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, fue imputado en diciembre de 2016 por la compra de máquinas de voto electrónico desde antes de que se tratara la Reforma Electoral. Fue la abogada Valeria Laura Carreras quien denunció al funcionario bajo los cargos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Ibarra fue sobreseído en la causa por el juez Ariel Lijo, quien argumento que no se encontró que el ministro hubiera hecho promesas de negocios con Corea del Sur para la compra de las máquinas señaladas.

El Ministro de Transporte Guillermo Dietrich también fue investigado por la justicia por la entrega de rutas aéreas a Avianca, empresa adquirida en 2016 por la firma MacAir Jet, que pertenece a Grupo Macri. Los posibles delitos por los que estuvo en la mira Dietrich, junto con el presidente Mauricio Macri, fueron asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación contra el Estado y tráfico de influencias. De la investigación, derivó la renuncia del Director de Logística de la Presidencia, que estaba bajo el mando de Dietrich, Carlos Cobas.

El 20 de febrero de 2018, el entonces subsecretario general de la presidencia, Valentín Díaz Gilligan renunció luego de que se revelara que había ocultado en su declaración jurada una cuenta en Andorra con 1.2 millones de dólares durante el periodo en el que fue funcionario de la ciudad de Buenos Aires y Macri era jefe de gobierno porteño. A pesar de que oficialmente está separado del gobierno, en días pasados se le vio en la Casa Rosada sin motivos aparentes.

¿Punto final?

La ex canciller Susana Malcorra dejó el cargo en mayo de 2017, luego de que fuera imputada por la utilización de fondos públicos para su candidatura a la Secretaría General de las Naciones Unidas. Sin embargo, declaró que la decisión de su renuncia estaba tomada desde meses antes y alegó razones personales.

El finales de 2016, el jefe de gabinete Marcos Peña Braun también resultó imputado en la causa por el decreto de Macri que autorizó que familiares de funcionarios de gobierno ingresaran al blanqueo de capitales. Según declaró Peña, su familiar que se descubrió había accedido al beneficio del decreto era un primo segundo al que dijo desconocer.

El fiscal Jorge Di Lello pidió una investigación al otro ex vice jefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, por la compra y venta de dólar futuro. A Lopetegui se le acusa de administración fraudulenta, porque además de haber comprado había estado presente como funcionario en la reunión en la que el gobierno macrista fijaba el precio que se pagaría por dichas adquisiciones.

El ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, también es de los funcionarios en la era de Macri enlodados por la compra de dólar futuro. fue un grupo de legisladores del Frente para la Victoria el que acusó a Sturzenegger, junto al juez federal Claudio Bonadio, por defraudación en transacciones con dólar futuro.

El ex asesor de inversiones extrajeras de Macri, Horacio Reyser, fue otro de los imputados en la causa del memorando Qatar. Reyser fue acusado de enviar información sensible del gobierno al ex tenista Gastón Gaudio, quien a su vez la compartió con el empresario Nicolás Rosendi, éste último fue quien daría a conocer esta información a otros empresarios argentinos que a partir de eso habrían decidido hacer negocios con la Qatar Investments Authority. Poco tiempo después de su imputación, Reyser fue separado del cargo como asesor de Macri y fue designado como Secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la cancillería.

Pero lo peor de todo es que no puedo poner un punto final a esta historia… que inevitablemente continuará.

 

FUENTES:

  1. En este artículo, se entiende por corrupción al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado legítimo.
  2. «Le clientélisme en question.» junio de 2005.
  3. De traidores | Panorama político
  4. Diez casos de corrupción argentina: desde la colonia al siglo XXI
  5. http://www.memoria.fahce.unlp.ed…
  6. La corrupción como problema de la democracia
  7. ¿Es inevitable la corrupción en la Argentina?
  8. Corrupción en la historia argentina
  9. Alfonsín anuncia un Gobierno de crisis y una economía de guerra hasta diciembre
  10. Cronicas Fueguinas: Alfonsin, un democrata o un oportunista
  11. Carlos Menem: “En todos los gobiernos hubo corrupción, salvo en el mío”
  12. Los vínculos del tráfico de armas con Monzer Al Kassar y la muerte de Menem Junior
  13. Las Privatizaciones en la Argentina
  14. La historia de un desguace
  15. Privatización de los ferrocarriles: “Ramal que para, ramal que cierra”
  16. Confirman condena a Menem por venta ilegal de armas
  17. http://www.laopinionpopular.com.ar/noticia/14864-menem-lo-hizo-cierra-ferrocarriles-argentinos-y-cancela-los-servicios-interurbanos-de-pasajeros.html
  18. http://www.infonews.com/nota/11908/breve-historia-de-la-privatizacion-de-los
  19. Argentina descubre la corrupción de la época de De la Rúa
  20. De la Rúa Fernando
  21. Las coimas en el Senado
  22. Air of Graft Around Ex-Argentine Government Arouses Fury
  23. Cuantificando la corrupción kirchnerista – El Economista
  24. La corrupción K – LA NACION
  25. Transparencia Internacional afirma que el kirchnerismo sistematizó la corrupción
  26. Los funcionarios del gobierno de Macri acusados de corrupción
  27. Cuánto aumentó el patrimonio de Caputo, Cuccioli y Sturzenegger
  28. Mario Quintana: de Farmacity a Presidente sustituto
  29. “Quintana pretende instalar a Farmacity pasando por encima a todas las leyes” – El Intransigente
  30. Tras correrlos como vicejefes de Gabinete, les ofrecen “cargos consuelo” a Gustavo Lopetegui y Mario Quintana
  31. El patrimonio de Caputo creció más de un 50% durante su tiempo en la función pública
  32. Caputo: crecimiento patrimonial, devaluación y fuga dólares
  33. Arribas y Caputo, los más ricos del gabinete de Macri
  34. El ministro macrista Marcos Peña acomodó a 20 parientes en el Estado
  35. Quintana y Lopetegui, el dúo que nos gobierna – El lado B del poder
  36. Macri: radiografía de la corrupción
  37. Edición PDF | Noticias al instante desde LAVOZ.com.ar | La Voz
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Acerca de Carlos Marcelo Shäferstein 10 Articles
Historiador. Militar argentino Retirado. Doctorado en Derecho, Historia, Filosofía & Analista de inteligencia, Universidad de Buenos Aires Graduado 1981. Vive en Ciudad de Buenos Aires.