Contra la destrucción de la educación pública

El Departamento de Educación de Estados Unidos tuvo su predecesor en la Oficina de Educación creada en 1867. Por 105 años fue una dependencia menor del Departamento del Interior. 

Con el crecimiento del país, en 1972 este buró se independizó formando el Departamento de Salud, Educación y Bienestar Social (Welfare). Ocho años después, bajo el gobierno de Jimmy Carter, se escindió y nació la secretaría de Educación que hoy conocemos y el Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

La naturaleza federal de la república significa que cada estado determina su plan de estudios y la administración de las escuelas públicas, entre otras responsabilidades. 

La función de una oficina federal de educación ha sido siempre limitada. 

Educación ha sido siempre la más pequeña de las oficinas federales. Su presupuesto ha ido mermando aún más con los años. En 1980 era de 14,000 millones de dólares. En 2021, de solo 268 millones de dólares. El precio de dos aviones F-35. Eso demuestra la importancia que le adjudicaban los sucesivos gobiernos. 

En comparación con otros países, la secretaría federal de Educación tiene pocas atribuciones: administra los préstamos federales para la universidad, hace seguimiento de los logros de estudiantes, garantiza la educación pública para los niños con discapacidades y se encarga de que las leyes de derechos civiles se cumplan en las escuelas. 

En el inicio de la presidencia de Donald Trump, tenía tan solo 4,133 empleados. 

Trump hizo claro su propósito de eliminar este ministerio. Para ello eligió como Secretaria a Linda McMahon, cuyas credenciales incluyen un BA en Francés y que administró el negocio de su padre como directora ejecutiva de World Wrestling Entertainment (WWE), especializada en espectáculos de lucha libre. 

Ya con McMahon al frente, el 20 de marzo, Trump firmó una orden ejecutiva, con el engañoso nombre de “Mejorar los resultados educativos empoderando a los padres, los estados y las comunidades”, en la que anunciaba la reducción del personal “en la medida máxima permitida por la ley”. 

Días después, se anunció el despido de 1,378 empleados, entre ellos personal temporario y contratistas, y un plan para achicar aún más la nómina, para reducirla de 4,133 a 2,183. Esto volvería al ministerio incapaz de desempeñar sus responsabilidades más básicas.

Y es, precisamente, el propósito del gobierno. Ir achicando el servicio hasta hacerlo desaparecer. La misma Secretaria lo reconoció, ¡con orgullo!, en entrevista. 

Al mismo tiempo, Educación cerró siete de las 12 oficinas nacionales de Derechos Civiles. 

Los damnificados acudieron a la Justicia con lógica y esperanza: los ministerios son creaciones del Congreso, y solo el Congreso puede eliminarlos, razonaron. Después de todo, la Constitución está para algo.

El 22 de mayo, un juez federal de distrito les dio la razón, suspendiendo los despidos, lo mismo que un tribunal de apelaciones a mediados de junio. Trump apeló a la Suprema Corte. 

Esta semana el tribunal máximo dictaminó, a medianoche, sin explicaciones, que el Presidente tiene el derecho de hacer lo que le dé la gana con Educación, independientemente del Congreso. 

Con ello, desaparecen Oficina de Adquisición del Idioma Inglés, la Oficina del Asesor General, la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación y la mayor parte de la oficina de Ayuda Federal para Estudiantes. 

La decisión constituye una ampliación sin precedentes de la autoridad presidencial y una demostración de la complicidad de la Corte con el plan del gobierno federal. 

Hay más. En abril, la administración anunció el cese del pago de mil millones de dólares en subvenciones para programas de salud mental escolar, por lo cual 16 estados demandaron al departamento de Educación. 

Hay más. El 1 de julio, el gobierno anunció que congelaba más de 6,000 millones de dólares en subvenciones federales a la educación para escuelas primarias y secundarias y educación para adultos, que habían sido aprobados por el Congreso. 

Lo hizo el mismo día en que debía haber enviado el dinero a los estados y pocas semanas antes del inicio del año lectivo. Las escuelas que esperaban ansiosas ese dinero ahora tienen que buscar fondos por todas partes. 

De los fondos suspendidos, $2,200 millones eran para el desarrollo profesional de maestros. El resto financiarían programas para escuelas, que incluyen la educación para migrantes, programas antes y después de la escuela para todos y servicios adicionales para alumnos del idioma inglés.

Ayer, una coalición de 24 estados y el Distrito de Columbia demandó por ello a la administración Trump.

La avalancha de recortes, la insistencia de Trump de eliminar el Departamento de Educación en particular es parte de la cruzada contra los servicios a la población. Pero el ahorro que significaría eliminar la dependencia es pequeño, es simbólico. 

Las acciones del Presidente muestran desprecio por las necesidades de la gente, ensañamiento con las personas de menores ingresos, las minorías, los inmigrantes, aquellos que necesitan de la ayuda de los gobiernos para salir adelante. Sus acciones reniegan de su obligación de velar por el bienestar de toda la población, que para eso están los gobiernos. Y destruyen el contrato social, base de todo gobierno.