Deportaciones sin límite
En el presente período judicial aumentaron los pronunciamientos de la Corte Suprema en favor del gobierno de Donald Trump y los rechazos de apelaciones – previamente aceptadas por cortes inferiores – contra los excesos de esta administración.
Un caso paradigmático es el dictamen que el tribunal máximo pronunció esta semana – por su mayoría conservadora de 6 contra 3 – en el que permitió que el gobierno deportara inmigrantes a “terceros países”. La decisión viene sin explicaciones y anuncia una decisión final en breve.
Se trata de indocumentados cuyos países de origen dificultaron su repatriación: Vietnam, Corea del Sur, , Mexico, Laos, Cuba, Myanmar y Sudán del Sur. Específicamente, la Corte permitió las deportaciones a este último, uno de los países más convulsionados y pobres del mundo.
Entre los otros “terceros países” hay también focos de crisis, lugares donde la ley no impera, la economía es un desastre o un régimen coercitivo.
Entre ellos, El Salvador, Panamá, y Libia.
Han firmado contratos con Estados Unidos para aceptar a los deportados y hacer con ellos los que les plazca.
El caso considerado en cuestión se refería a ocho personas, todos con prontuario criminal y después de cumplir sus condenas. Solo uno de ellos es de Sudán del Sur.
Pero el debate va más allá de la selección de países. El gobierno federal llegó a la Corte Suprema al apelar la decisión del juez federal de Distrito en Massachusetts Brian E. Murphy que prohibió que la deportación referida tuviese lugar sin darles a los sujetos la oportunidad de apelar en corte.
Estableció un lapso de 15 días de antelación para que aquellos sujetos a deportación a países ajenos puedan contactar a sus abogados y obtener una entrevista de «miedo creíble» en su idioma nativo para presentar evidencia de que su vida correría peligro de consumarse la deportación.
Al interrumpir el juez su deportación a Sudán del Sur los deportados quedaron detenidos hace 18 días en la base militar estadounidense de Camp Lemonnier en la nación africana de Djibouti.
La Corte Suprema le dio la razón al gobierno federal. ¿Su reacción? Un meme que reza: “Ahora enciendan los aviones de deportación”.
El gobierno ha basado su ofensiva contra los inmigrantes en la narrativa de que son peligrosos criminales, asesinos y violadores, aunque más del 70% de los ya deportados no han cometido ningún delito o falta. Para Washington esos sujetos no tienen derechos, ni merecen consideración. Y el gobierno está en su derecho de hacer con ellos lo que le plazca. Para ellos no existe el “debido proceso” que establece la ley: una notificación y la oportunidad de ser escuchados.
Es cierto: los ocho son criminales. Y el gobierno tiene derecho a expulsarlos. Pero el gobierno utiliza el caso para implicar la misma lógica legalística al resto de la población. Incluso ha mencionado que podría “deportar” de esa manera a ciudadanos estadounidenses, a países ajenos.
Hay una línea directa entre esta actitud y las redadas diarias en nuestras calles por parte de esbirros enmascarados y armados que sin identificarse se llevan a hombres, mujeres y niños, mayores de edad, residentes legales e incluso ciudadanos que se animen a anteponerse a sus excesos.
Y la Corte Suprema lo avala.
Con razón los tres disidentes en el tribunal máximo acusaron a la mayoría de “recompensar la anarquía”.
