El beneficio económico de los permisos de trabajo y el temor a legislar a favor de los inmigrantes

La cobertura de los medios en español sobre la crisis de refugiados en Nueva York muestra un común denominador de los inmigrantes: quieren trabajar. Al ser solicitantes de asilo, esperan como mínimo hasta seis meses desde que presentaron su petición para ser elegibles para un permiso de trabajo. En algunos casos la espera es más larga.

Los inmigrantes quieren trabajar

Pero si en algo coinciden los entrevistados es que no importa las vicisitudes que enfrentan, quieren trabajar a la mayor brevedad posible. De ahí que, en el caso de Nueva York, tanto la gobernadora Kathy Hochul, como el alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, le hayan pedido al gobierno federal, al igual que otros funcionarios de estados y ciudades que están absorbiendo a los refugiados, que agilice los permisos de trabajo. Algo más fácil de pedir que conseguir dado los rezagos existentes además de las consideraciones políticas, entre otros factores.

Pero ahora que se celebra otro Día del Trabajo la semana entrante, no deja de ser frustrante que no se reconozcan los beneficios que supone la inmigración para la economía y la ventaja de contar con trabajadores disponibles donde hay escasez de mano de obra. Porque no hay que olvidar que en ese mar de refugiados hay desde profesionales especializados, hasta obreros que realizan diversas y necesarias labores.

En su lugar, el debate político y electoral de parte de los republicanos se centra en una falsa “invasión” de la frontera, en criminalizar a los indocumentados y culparlos erróneamente por la crisis del fentanilo, o en proponer la militarización de la franja, el uso de fuerza letal, o incluso de invadir México para perseguir a los cárteles de la droga.

Por estos días circulan varios reportes y noticias que apuntan a los beneficios de la mano de obra inmigrante para la economía pues tienden a ser más jóvenes y en edad laboral. Casi 79% de las personas nacidas en el extranjero que arribaron a Estados Unidos después del 2010 están entre las edades de 18-64 años (edad laboral), comparado con 61% del resto de la población. Aportan al fisco con el pago de impuestos, contribuyen a los programas sociales de Medicare y Seguro Social, pero al estar en edad laboral no acceden a esos beneficios de inmediato.

Con las cifras a favor pero con la inacción en contra

CNBC reportó vía Telemundo que en junio hubo 9 millones de plazas disponibles pero no los suficientes trabajadores para llenarlas. “Con 5.8 millones de personas desempleadas en Estados Unidos, algunos economistas afirman que es improbable que todos estos puestos sean ocupados por personas que viven actualmente en el país”, escribió Lindsey Jacobson, de CNBC. “Se calcula que el país está perdiendo alrededor de 1 billón de dólares en producción cada año por estos puestos de trabajo vacantes», afirmó a CNBC David J. Bier, director asociado de estudios de inmigración en el Instituto Cato.

Por su parte, La Opinión escribió sobre un reporte de la organización FWD.us sobre cómo la inmigración solucionaría la despoblación y pérdida de trabajadores en zonas rurales de Estados Unidos.

“Según el informe, casi dos tercios (62%) de los condados rurales del país pueden lograr un aumento en la población de trabajadores en edad laboral para el 2040 en comparación con el año 2000, con solamente aceptar 100 nuevos inmigrantes cada año. Este porcentaje se eleva al 71% de los condados si reciben 200 inmigrantes cada año”, reportó el diario.

«Y es que más del 77% de los condados rurales del país actualmente tienen menos personas en edad laboral (de 15 a 64 años) en comparación con hace dos décadas”, agregó.

Urge una reforma migratoria

En otras palabras, conceder permisos de trabajo a los inmigrantes es vital para proveer la mano de obra que la economía de Estados Unidos urgentemente necesita. Los programas que permiten el ingreso legal de inmigrantes, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), son un ejemplo claro del beneficio económico de regularizar esa mano de obra. El TPS no solo protege a los beneficiarios de la deportación sino que les concede permisos de trabajo. Otro reporte de FWD.us encontró que “las personas elegibles para el TPS, incluidos los actuales beneficiarios del TPS, aportan unos $22 mil millones de dólares en salarios a la economía estadounidense cada año y trabajan en más de 600,000 empleos, llenando importantes vacíos en una economía plagada de una persistente escasez de mano de obra”.

En Noviembre del 2019 los manifestantes por DACA y TPS salieron desde Nueva York llegaron a la Corte Suprema para reclamar por sus derechos. Hoy los reclamos continúan.

El problema es que conceder permisos a gran escala requiere de una reforma migratoria que no tiene futuro en el presente Congreso, tanto por la sólida oposición republicana como por el temor de los demócratas a abordar este asunto. Temor que incluso se refleja en la timidez de la administración de Joe Biden en ampliar las vías para la migración legal de manera administrativa, como lo ha hecho para ciertos grupos para ayudar a la descompresión de la frontera.

Como siempre, en materia migratoria la politiquería y la demagogia siguen pesando más que las soluciones sensatas.

Autor

  • Maribel Hastings

    Maribel Hastings is a Senior Advisor and columnist at America’s Voice and America’s Voice Education Fund. A native of Puerto Rico, Maribel is a graduate of the University of Puerto Rico with a major in public communications and a history minor. She worked for La Opinión, and became La Opinión’s first Washington, D.C. correspondent in 1993. Maribel has received numerous awards, including the 2007 Media Leadership Award from the American Immigration Lawyers Association (AILA) for her coverage of the immigration debate in the U.S. Senate.

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Maribel Hastings

Maribel Hastings is a Senior Advisor and columnist at America’s Voice and America’s Voice Education Fund. A native of Puerto Rico, Maribel is a graduate of the University of Puerto Rico with a major in public communications and a history minor. She worked for La Opinión, and became La Opinión’s first Washington, D.C. correspondent in 1993. Maribel has received numerous awards, including the 2007 Media Leadership Award from the American Immigration Lawyers Association (AILA) for her coverage of the immigration debate in the U.S. Senate.

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