El cierre de gobierno perjudica a los más pobres, vulnerables y débiles, pero ¿a quién le importa?
Es hora de deponer las armas, llegar a un acuerdo temporario y darle tiempo a la negociación
El 1 de octubre inició el cierre del gobierno federal, al agotarse los fondos que puede legalmente utilizar para su funcionamiento. Las negociaciones entre republicanos y demócratas son inexistentes.
Ya están comenzando a pesar los problemas que la carencia de fondos están causando en el funcionamiento diario del gobierno del país más poderoso y próspero del mundo.
El cierre de gobierno sobrevino, como se recordará, cuando demócratas y republicanos fueron incapaces de llegar a un acuerdo presupuestario.
Los republicanos impulsan una propuesta que posterga las decisiones hasta el 21 de noviembre continuando los niveles actuales de gasto. Los demócratas quieren prevenir que venzan los subsidios para Obamacare como una condición de su apoyo.
Los daños son graduales pero implacables. Centenares de miles de empleados federales están suspendidos. Otros trabajan pero no perciben sus salarios. Están cerradas las oficinas que emiten permisos; los contratos de construcción se han detenido, los barcos en los puertos se acumulan porque el personal de aduanas no trabaja. Productos con fecha de vencimiento se arruinan. Centenares de empresas privadas con vínculos con el gobierno federal han suspendido sus inversiones y la contratación de empleados y gradualmente iniciaron un proceso de despidos al no verle fin a la situación. Además, como se detuvo el flujo de financiamiento y préstamos federales, los pequeños negocios no tienen otra alternativa que acudir a sus tarjetas y líneas de crédito, que son particularmente caras, peligrando la supervivencia de sus compañías.
Los impactos están sobreviniendo en cascada.
Y contrariamente a casos anteriores en que el cierre de gobierno fue breve y las pérdidas se recuperaron en un par de semanas, esta vez no hay garantía de una recuperación.
Estos problemas se agravan porque de por sí la economía se acerca al estancamiento y sufre los embates causados por la temeraria política de aranceles de importación y los costos crecientes de la aplicación agresiva de la política antiinmigración. Y esa gravedad aumenta cuanto más dura el cierre y se impone la incertidumbre.
El cierre de gobierno recorta el crecimiento anual de la producción económica, con pérdidas calculadas entre 7,600 y 15,200 millones de dólares por semana.
Si bien los republicanos controlan la presidencia, la Cámara de Representantes y el Senado, en este último requieren 60 votos para llevar una propuesta de ley de gastos a votación, para lo cual requieren el apoyo de los demócratas o al menos algunos de ellos.
A medida que pasa el tiempo quienes más se perjudican por la situación son quienes menos tienen, entre quienes abundan los miembros de la comunidad latina.
Así, las cortes migratorias dependen del dinero del gobierno, por lo que muchos casos están siendo postergados, agregando a los retrasos inaceptables de años, ya existentes.
Si no se llega a un acuerdo, y expiran los créditos impositivos de Obamacare, los costos de seguro médico subirán en 25%, 50% o 100% para muchas familias latinas. La atención médica financiada por el gobierno, como la telesalud frecuentemente usada por nuestra gente, se reducirá.
Tres millones de latinos que dependen de WIC, el Programa para Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños ven retrasos en el suministro de sus beneficios, los que empeorarán significativamente la inseguridad alimentaria.
Los millones de residentes que dependen de SNAP, el programa que distribuye beneficios de comida a uno de cada seis hogares latinos, corren el riesgo de perder esos beneficios.
Sin embargo, a juzgar por sus declaraciones públicas, parecería que son los demócratas los interesados en una solución y la Presidencia – porque Trump toma todas las decisiones y no su facción en el Congreso – es indiferente.
En sus comunicados oficiales – vale decir sus peroratas, videos hechos con Inteligencia Artificial y vanagloria – Trump incluso muestra regocijo por la situación porque, explica, le permite avanzar en su plan de desmantelar el gobierno federal mediante una ola masiva de despidos.
Solo que un tribunal federal ha prohibido, por el momento, que avancen estos despidos masivos.
Trump trata a los centenares de miles de empleados públicos que aseguran el funcionamiento de su propio gobierno como si fuesen enemigos y se propone no pagarles por el tiempo de suspensión.
A los contratistas federales – a diferencia de los empleados públicos – no se les paga ni se les pagará por el lapso de trabajo interrumpido.
Los economistas ni siquiera pueden analizar la situación de manera coherente y veraz, porque carecen de los datos críticos sobre inflación y trabajo elaborados por las agencias de estadística, ahora silenciadas.
Todo esto a republicanos y demócratas en el Congreso parece no importar; a Trump mucho, mucho menos que eso, pero para bien de la población y de nuestra comunidad, es crucial que el cierre de gobierno llegue a su fin y las partes negocien una tregua de unos meses para retomar la discusión en un mejor momento.
